En respuesta a la inacción del Congreso para aprobar una reforma migratoria, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está ultimando los detalles para cumplir su promesa de resolver la situación de millones de inmigrantes sin papeles antes de que termine el año.
Aunque todavía no ha concretado el alcance de sus propuestas, medios como The New York Times afirman que podrían beneficiar a cinco de los más de 11 millones de indocumentados que hay en el país; cifra que estaría por debajo de los siete u ocho millones de indocumentados que activistas y legisladores -como Raúl Grijalva y Keith Ellison, copresidentes del caucus (grupo) Progresista del Congreso-, aseguran que Obama podría proteger de la deportación.
Sea cual sea su alcance, y a pesar de que cualquier medida sólo sería temporal, la oposición republicana ya se ha pronunciado en contra y ha advertido que una acción presidencial podría significar el enfrentamiento total con el Congreso que ahora domina la derecha.
Gran parte de los republicanos han prometido luchar con todos los recursos legales a su alcance contra lo que consideran una “amnistía” hacia los indocumentados.
En el tema migratorio Obama “está jugando con fuego, y cuando uno juega con fuego, puede quemarse”, advirtió este jueves el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, durante una reunión a puerta cerrada del Partido Republicano en el Capitolio, “la semana pasada se lo dije al presidente a la cara: ‘Si usted procede y ordena por decreto una amnistía, no sólo puede irse despidiendo de lograr una reforma migratoria durante su presidencia, también pondrá en juego otros temas”.
Entre esos “otros temas” que podrían verse afectados podría contemplarse desde las negociaciones presupuestarias a la confirmación de puestos clave del Gabinete de Obama como el nombramiento de Loretta Lynch a cargo de la fiscalía general del país.
Según la Casa Blanca, el presidente todavía no ha acabado de definir el alcance de sus medidas, “En estos momentos, el presidente no ha tomado una decisión final sobre qué incluirán exactamente los pasos administrativos que va a tomar para intentar atender algunos de los problemas asociados con nuestro quebrado sistema migratorio”, dijo su portavoz, Josh Earnest.
Tampoco han especificado si la semana próxima se firmará el decreto ni está clara la fecha, aunque según los medios estadounidenses podría ser incluso la próxima semana. Earnest se limitó a decir que Obama recibirá las “recomendaciones finales” de su secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, “relativamente pronto, pero no antes de que acabe su viaje a Asia” y Australia, este domingo.
Fracaso migratorio
A finales de junio, Obama dio por fracasada la vía legislativa para reformar el sistema migratorio por la oposición de la mayoría republicana en la Cámara Baja a votar siquiera el proyecto de ley que un año antes había aprobado el Senado -entonces aún controlado por los demócratas- con apoyo de ambos partidos. En ese momento, anunció que actuaría por su cuenta para al menos hacerle frente a las deportaciones de indocumentados, que durante su mandato han superado la cifra récord de dos millones de personas expulsadas.
A comienzos de septiembre, ante el temor de perder -como finalmente sucedió- la mayoría en el Senado en las elecciones legislativas del 4 de noviembre, el presidente se retractó de su promesa de actuar antes de que concluyera el verano y retrasó la decisión hasta “antes de que acabe el año”. Con el reinicio esta semana de las actividades parlamentarias, el debate, y las amenazas, se han reactivado ante la inminencia del anuncio.
Una de las claves está en el alcance de las medidas que pueda decretar Obama. Expertos y observadores coinciden en que éstas se centrarán en dos ejes: los lazos familiares y el tiempo que los inmigrantes sin papeles lleven en el país.
Un modelo sería la exitosa acción diferida (DACA) que Obama decretó en 2012 y que ha beneficiado a algo más de medio millón de jóvenes indocumentados, algo que ahora podría extender a sus familiares. Las medidas también podrían beneficiar a parientes de ciudadanos estadounidenses, como cónyuges o padres, para acelerar su proceso de regularización o evitar que deban esperar en el extranjero hasta 10 años, como sucede ahora.
Más de 11 millones de personas viven sin papeles en Estados Unidos. Según el Instituto de Políticas sobre Inmigración, tres millones llevan más de 15 años en el país y 5,7 millones, más de 10.