Mireille Roccatti
La intensa movilización social generada a partir del trágico hecho acaecido en Iguala, Guerrero, en el cual de manera injustificable el cuerpo policial detuvo y al parecer ultimó e incineró a 43 jóvenes estudiantes normalistas, ha alcanzado cotas inimaginables en un principio.
La justificada exigencia de justicia por parte de sus padres y compañeros galvanizó el descontento social latente de hace muchas décadas, producto de la exclusión social resultante de la enorme desigualdad social presente en la sociedad mexicana, producto a su vez del actual modelo de desarrollo económico neoliberal.
Esta movilización social que debe ser entendida y atendida por parte de todas las autoridades estaduales tiene que encontrar cauces institucionales para procesar las demandas de manera expedita, en especial en el ámbito de la procuración de justicia. La investigación debe ser consistente y aclarar sin ninguna duda la verdad histórica y legal de los hechos. En caso de comprobarse fehacientemente la muerte de los normalistas, deberá darse certeza respecto de los cuerpos a fin de que sus familias puedan procesar su duelo. Y desde luego deberá sujetarse a proceso y sentenciarse a los culpables, ampliando la cadena de mando a quien ordenó tan proditorio acto e incorporar a la sujeción a proceso a todos aquéllos que pueda probárseles una culpabilidad por omisión.
Es de todos conocido que estas manifestaciones han devenido en actos vandálicos, injustificables e inadmisibles, por justa que sea la exigencia de justicia, no puede tolerarse el incendio de edificios públicos, el saqueo de tiendas y comercios, el secuestro de vehículos y personas, la interrupción de carreteras y vías públicas, entre otros. La justicia no puede exigirse con violencia.
Aunque también hay que enfatizar que en esta movilización social, la mayoría de los contingentes de manifestantes han actuado de manera pacífica y ejercen libremente su derecho a expresarse y manifestarse, pero lo que también ha observado la sociedad es que todos los actos vandálicos que hemos testimoniados en los últimos días, han sido ocasionados por un grupúsculo de encapuchados que se han incorporado a las filas de los manifestantes o por algunos mentores radicalizados específicamente en el estado de Guerrero, los cuales hay que decirlo han venido actuando de esta manera desde antes de los lamentables hechos de Iguala.
En esta coyuntura debe resaltarse la inteligente conducción de los jóvenes estudiante del Instituto Politécnico Nacional, que han evitado la contaminación de su movimiento y están procesando con firmeza pero pragmáticamente los puntos petitorios que ocasionaron su movilización y se deslindaron con firmeza de los coléricos que pretendieron subirse a su protesta. En los próximos días podrá comprobarse que el dialogo y la negociación es posible cuando existe la voluntad de construir acuerdos.
En el caso de la UNAM, la impericia, ineptitud y falta de sensibilidad de la Procuraduría de Justicia del DF ocasionó un conflicto que en medio de la crispación social imperante sólo agravó gratuitamente las tensiones presentes. Las conductas violentas no deben permitirse en el campus y me sumo a la condena en contra de la actuación de la autoridad. Este suceso recreó nuevamente el alcance y contenido de la autonomía universitaria, que consiste en autonomía académica y de gestión administrativa, pero de ninguna manera es extraterritorialidad, discusión ya superada. Sólo los irresponsables o mal informados pueden pensar que el campus está ajeno a la aplicación de la ley.
Por lo que respecta a nuestra Universidad, nos reconforta cómo los propios estudiantes limitaron el actuar de los encapuchados que colocaron barricadas y pretendieron apoderarse del edificio de la Rectoría, así como el repudio a algunos profesores que pretendieron dirigirlos y sobre todo la respuesta de apoyo de la comunidad universitaria: alumnos, profesores, trabajadores de base y administrativos, que se solidarizaron con el rector.