Una reacción masiva nunca antes vista que apunta hacia el despertar de una sociedad harta de la impunidad, la corrupción, la manipulación y la imposición de verdades mediáticas.
Lo que esperamos de las autoridades
Raúl Jiménez Vázquez
La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha provocado una reacción masiva nunca antes vista que apunta hacia el despertar de una sociedad harta de la impunidad, la corrupción, la manipulación y la imposición de verdades mediáticas. La trascendencia de este inusitado movimiento ciudadano ha sido puesta de relieve con la actitud solidaria con los familiares de los desaparecidos mostrada por personajes normalmente alejados de la problemática de los derechos humanos como Chabelo y el Chicharito Hernández.
Sin duda, la tragedia de Iguala es de extrema gravedad, empero, se trata de un eslabón más de la muy larga cadena de desapariciones forzadas que han sido abiertamente soslayadas por el Estado. Basta recorrer las 10 secciones que integran el Museo Casa de la Memoria Indómita, fundado por la gran luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, para tener una visión exacta de la magnitud de esta inadmisible patología jurídica, política y social.
El 27 de noviembre de 2001, el titular de la CNDH dirigió al otrora presidente Fox la Recomendación 26/2001, alusiva a las más de 500 personas desaparecidas durante la guerra sucia, conminándolo a realizar los cambios necesarios a fin de evitar que sucesos de esa índole se repitan en el futuro; la acción institucional a ese respecto brilló por su ausencia. Lo mismo ocurrió con el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana difundido por la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado en las postrimerías de 2006, en el que se dio cuenta y razón de más de 436 desapariciones.
En 2011, Human Rights Watch dio a conocer el informe “Ni seguridad, ni Derechos”, donde se puntualiza que durante la guerra antinarco prevalecieron las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias o extrajudiciales y las torturas; ahí se contienen valiosas recomendaciones que también fueron desoídas, es decir, se han ido a fondo perdido.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias efectuó una visita a México en marzo de 2011, de la que emanó un informe en el que se desglosan puntualmente 33 recomendaciones que fueron olímpicamente desdeñadas.
Como se puede advertir, varias han sido las ocasiones en que el Estado ha tenido la oportunidad de hacer frente a estas atrocidades y lejos de entrarle al toro por los cuernos, la respuesta oficial ha sido invariablemente la pasividad, la aquiesencia o la franca complicidad. Ello propició el surgimiento del clima idóneo para que los ataques a la dignidad humana fueran escalando más y más hasta hacer eclosión con el caso Ayotzinapa.
Salir del pasmo catatónico en que se encuentran, abandonar el estado de negación, tomar plena conciencia de la realidad, reconocer la colosal dimensión que tiene el problema de las desapariciones forzadas y ponerse manos a la obra, es lo que los ciudadanos estamos esperando de las autoridades federales.