Patricia Gutiérrez-Otero
A la querida memoria de Vicente Leñero
El México consciente se encuentra en una fase de intensa actividad. El descontento social ha aglutinado a miles de personas en manifestaciones y marchas a lo largo del país, en particular en el Distrito Federal que nunca ha descentralizado las oficinas del gobierno.
Los choques de los manifestantes con las fuerzas del Estado se han visto recrudecidas en este sexenio. Ha aparecido cada vez la táctica del encapsulamiento de los manifestantes por parte de los granaderos fuertemente protegidos, como se vio ya en las manifestaciones de “Yo soy 132”. Pero también se ha visto la aparición de gente encapuchada o embozada.
Estos embozados, generalmente vestidos de oscuro, con una actitud combativa, armados con bombas molotov, se han confundido con otro tipo de “grupo”: los porros o infiltrados. En la manifestación del 20 de noviembre se vieron fotografías de autobuses del ejército con hombres con corte de cabello tipo militar, pero vestidos de civil: pantalones de mezclilla, playeras, suéteres… Muy diferente del estilo “embozado”, como lo señaló un testigo. Los primeros atacaban; los segundos excitaban e iban y venían.
Desde hace tiempo se ha dicho que los “anarquistas” declaran estar presentes en las marchas y manifestaciones. Se ha pensado que se trata de estos jóvenes embozados y agresivos. Sin embargo, aunque están en primera línea en los ataques el gobierno no los ha detenido. Ni siquiera el 20 de noviembre. Prefirieron detener a once personas inocentes a las que no pudieron imputar ningún cargo serio fuera de que entre sí se llamaban “compas” y de que los mismos granaderos decían que los habían agredido o decían que los iban a agredir.
Supongamos que los embozados sean, efectivamente, un grupo de pensamiento y lucha anarquista. ¿Por qué hasta este momento no se les ha detenido en la acción directa que han realizado si se considera un delito? ¿En qué beneficia esto a la estrategia gubernamental? Si son los que están en la primera línea de confrontación debería ser más fácil detenerlos y no correr tras jovencitas o encarcelar a un extranjero que pasa con su bicicleta.
Posiblemente hasta este momento les haya convenido dejarlos para sumarlos a sus golpeadores profesionales, a los pelones que van y vienen, y así poder tener razones para criminalizar las manifestaciones mostrando públicamente su peligrosidad. ¿O qué más? ¿Por qué ahora se les busca e incrimina? En todo caso, la atención sigue sin desviarse del reclamo inicial: “¿En dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa?”.
Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, anular las reformas a la Constitución, bajar los salarios de los grandes burócratas y aparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa.