Reformas para un Guerrero violento
Manuel Nava
Acapulco.- La descomposición que vive Guerrero en materia de seguridad pública es resultado de una descomposición que se inició desde hace más de cincuenta años marcada por pugnas políticas, grupos en armas y el narcotráfico. Es en el periodo 2011-2014 cuando el deterioro en las condiciones de vida se acentuaron de manera considerable.
Los trágicos hechos del 26 de septiembre en Iguala que incluyen la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa son parte de un proceso que difícilmente podría encontrar solución a partir de reformas legales.
Se trata de una cadena de omisiones y de falta de resultados en la que incurrieron las autoridades de los tres niveles de gobierno a lo largo de los años.
En la geografía del narcotráfico, Guerrero es la entidad con mayor presencia de carteles, células y pandillas vinculadas al narcotráfico en todo el país. A nivel nacional se reconoce que son cinco grandes organizaciones criminales (Los Zetas, el Cartel del Pacífico, Los Caballeros Templarios, el Cartel de la Barbie y los Beltrán Leyva) las cuales controlan otras de menor tamaño.
La batalla del narcotráfico ha vivido al menos tres periodos críticos cuya expresión ha sido una violencia desbordada. El primero ocurre entre 2002 y 2007, cuando autoridades o funcionarios de los municipios y del gobierno del estado permiten la llegada del Cartel del Golfo y sus derivados al estado.
La segunda se da con la ruptura entre Joaquín, el Chapo, Guzmán y los Beltrán Leyva entre 2008 y 2010.
Si en las dos anteriores se adoptaron formas de combate como la decapitación y el descuartizamiento, en la fase que comprende desde el 2011 hasta nuestros días, tiene lugar una batalla campal en la cual participan los grandes grupos y las bandas menores sin distinción de los acuerdos y alianzas establecidas. Guerrero es visto como un conjunto de plazas que representa dinero por la extorsión, el secuestro, el cobro del derecho piso, la usurpación de propiedades, además de la producción, consumo y tráfico de la droga.
La entidad tradicionalmente fue plaza de los carteles del oeste, desde el cartel de Guadalajara hasta el cartel de Sinaloa.
Los primeros signos de violencia comenzaron entre 2003 y 2004 cuando Los Zetas intentaron arrebatar mediante balaceras y ejecuciones al cártel de Sinaloa el dominio del puerto de Acapulco y de la Costa Grande. La entidad siempre tuvo una alta producción de mariguana y amapola, además de ser ruta de tráfico relevante para la introducción de droga al país y su salida hacia estados del centro.
En ese momento el jefe de la plaza era el capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, entonces socio de Joaquín, El Chapo, Guzmán en el cartel de Sinaloa, quien finalmente mantuvo el control de Acapulco. Durante 2014 en el puerto se registraron más de una veintena de asesinatos, algunos de ellos incluyeron a agentes policiacos y fueron perpetrados en plena avenida Costera y en la zona de la Condesa.
El 16 de diciembre del 2009, El Barbas fue abatido por la Armada de México en Cuernavaca, Morelos, su hermano Héctor Beltrán Leyva, El H, y su lugarteniente, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, iniciaron una disputa por quedarse con Acapulco resistiendo los embates de la Familia Michoacana, que también buscó entrar al estado y peleó a la dividida organización de Beltrán Leyva municipios de las regiones de Tierra Caliente y Costa Grande.
Las detenciones de La Barbie y de su socio, Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, ambas en el Estado de México, no detuvieron la violencia. El grupo de La Barbie se dividió en dos y ahora esas facciones se disputan la plaza con la organización de El H.
Sólo en Acapulco hubo 370 asesinatos en 2010, aunque la problemática también se extendió a los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Totoloapan, Taxco y Tecpan. En 2011, los secuestros, cobros de derecho de piso y otro tipo de extorsiones proliferaron no sólo en Acapulco sino en la mayoría de los municipios de la entidad.
Durante 2012, La violencia se desató de nueva cuenta entre grupos del crimen organizado que para lograr el control de la Costa Grande y la Tierra Caliente de Guerrero —zonas estratégicas para la producción y trasiego de estupefacientes— cobró al menos 925 vidas en esta entidad y se inició un desplazamiento de personas en numerosas comunidades, las cuales llegaron a parecer pueblos fantasmas.
En ese momento, el cartel de los Beltrán Leyva tuvo el control de cinco de las siete regiones en que se divide Guerrero por conducto de grupos más pequeños, como el Cartel Independiente de Acapulco, los Rojos y Guerreros Unidos. En la Tierra Caliente y la Costa Grande los Beltrán se aliaron con Los Zetas para disputarse el territorio con La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el cartel del Golfo.
En las elecciones para renovar las alcaldías, efectuadas en julio de 2012, fueron varias las voces que advirtieron sobre la injerencia del narcotráfico en el proceso electoral. Ignacio de Jesús Valladares, alcalde de Teloloapan, dijo sentirse amenazado tras reconocer que hizo un “pacto” con La Familia Michoacana. “Y ahora digo, ¿por qué me tocó vivir este momento, chingao, tan difícil?”, expresó.
Otro fue el caso de Feliciano Álvarez Mecino, quien en 2013 dijo haber sufrido cincos atentados durante el año y medio que lleva como alcalde de Cuetzala y amenazó con dimitir en caso de que las autoridades gubernamentales no atendieran su llamado para reforzar la seguridad en la zona, así como los 80 trabajadores municipales que están dispuestos a cerrar las puertas del ayuntamiento en señal de protesta ante el abandono de las autoridades federales y estatales.
El edil reprochó el hecho de que hace dos semanas y sin explicación alguna se retiró el grupo de la Policía Preventiva Estatal (PPE), que meses atrás asumió el control de la seguridad en el municipio de Cuetzala del Progreso.
El 26 de abril de 2013, un comando irrumpió en la cabecera municipal y se llevó a 10 de los 12 policías municipales, de los cuales dos fueron hallados muertos en la ciudad de Iguala; el resto sigue desparecido.
En junio del mismo año, Leticia Quezada, presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), reconoció que el crimen organizado no sólo está en los territorios gobernados por los alcaldes, sino que a éstos les exigen, mediante amenazas, dejarlos “trabajar”; en algunos casos pide un porcentaje del presupuesto municipal. Esto ha provocado que algunos ediles se hayan visto obligados a abandonar sus municipios por intimidaciones. Precisó que en Guerrero se tiene conocimiento de que al menos tres alcaldes del PRD han sido víctimas de extorsión.
En julio de 2013, 180 familias de los poblados de el Cubo, Santo Tomás, El Guayabo, El Remance y El Terrero, municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, abandonaron sus viviendas, luego de haber recibido amenazas de muerte por parte de grupos de la delincuencia organizada que operan en la región, tras tres días de balaceras que dejaron varias personas heridas y algunas casas incendiadas.
Durante la madrugada del 9 de agosto del mismo año, sujetos armados irrumpieron en el poblado de Tianquizolco, municipio de Cuetzala del Progreso, donde atacaron una decena de viviendas y se llevaron por la fuerza a cinco habitantes, la mayoría de ellos trabajadores del ayuntamiento.
El hecho fue reportado de inmediato al 27 Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Iguala, que se encuentra a una hora de Tianquizolco, pero sólo 10 horas después del ataque elementos de la Marina arribaron al lugar y se limitaron a patrullar el poblado y documentar la barbarie, según la versión que dio el primer edil.
En ese mismo año a nivel nacional se registraron 18 mil 388 homicidios, de los que cinco mil 518 casos (es decir el 30 por ciento) ocurrieron en los cuatro estados referidos.
En ese mismo periodo, de los mil 698 secuestros denunciados en todo el territorio, 43 por ciento ocurrieron en esos cuatro puntos del país (742 plagios); mientras que esas mismas entidades concentraron 30.5 por ciento de las extorsiones de las ocho mil 199 que hubo en México en 2013.
Durante este año, de enero a septiembre, se contabilizaron tres mil 728 homicidios ocurridos en Guerrero, Morelos, Michoacán y Estado de México, de los 11 mil 881 homicidios en todo el territorio nacional. En ese lapso en Guerrero se registraron mil veintinueve casos, siendo la segunda entidad con mayor cantidad de averiguaciones previas y de víctimas de homicidio doloso en el octavo mes de este año.
En esta entidad se reportaron en los primeros nueve meses de este año 96 casos de secuestro, mientras que las extorsiones se cifraron en 244 casos.
En materia de secuestro, Guerrero registró el mayor número de averiguaciones previas por esta causa, ya que de enero a agosto de 2014 se registraron 81 casos que afectaron directamente a 92 personas. Si se analiza la tasa de secuestro por cada 100 mil habitantes, la entidad tiene una tasa 336.47 por ciento mayor que la nacional.
Un nuevo caso en que un edil se vio avasallado por el poder de los carteles ocurrió en junio de este año cuando una amenaza del narco en contra de Ignacio Basilio García, alcalde priista de Eduardo Neri, provocó el desalojo de empleados del ayuntamiento y una fuerte movilización policiaca en el poblado de Zumpango del Río. Dicha comunidad, ubicada a 10 minutos de Chilpancingo sobre la carretera federal México-Acapulco, fue cercada por soldados, así como por policías federales y estatales, quienes prácticamente desplazaron a las autoridades municipales, siendo señaladas de tener nexos con el grupo delictivo Los Rojos. La plaza de Zumpango es disputada por remanentes de Los Rojos y el grupo delictivo Guerreros Unidos, que se ha extendido desde la ciudad de Iguala a Chilpancingo.
Pero esto es sólo una parte del problema de seguridad pública. Hay otra latente que cada vez toma más fuerza y es el tráfico y control de personas con diversos fines (explotación sexual, pornografía infantil, tráfico de órganos, venta de personas y explotación laboral), una parte de los casos ya presentados llevan a Oriente Medio.