Entrevista a César Astudillo/Investigador del IIJ de la UNAM
Moisés Castillo
Tanta desigualdad e impunidad está asfixiando a México. Dice el escritor Fernando del Paso que esta inercia revela la falta de voluntad de la sociedad y del gobierno por cambiar. Y a dos meses del caso Iguala, pareciera que la realidad nacional quedó congelada. Los 43 normalistas no aparecen y brota la incertidumbre. Ante la tragedia de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto anunció diez puntos de acción que comprende un plan para fortalecer la legalidad y la justicia. Algunos califican el decálogo como limitado e insuficiente, otros afirman que es un primer paso para terminar con la ineficacia institucional.
A fin de garantizar un mando único policial entre todas las instituciones, Peña Nieto propone reformas para modificar los artículos 115 y 116 de la Constitución, a fin de garantizar que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de cada entidad interactúen en la seguridad de sus propios estados a la par con la Federación.
El nuevo modelo pasará de “más de mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal que sean más confiables, profesionales y eficaces… Como sociedad debemos tener la capacidad de encauzar nuestro dolor e indignación hacia propósitos constructivos”, explicó el Ejecutivo federal.
El jurista Diego Valadés asegura que la realidad exige una respuesta constructiva: renovar el poder. Es decir, adoptar soluciones que permitan un reencuentro con la sociedad y esto se debe dar en los tres niveles de gobierno.
“El municipal exige una revisión completa de sus aspectos político, administrativo y de justicia; el estatal demanda desterrar el caciquismo porque el presidencialismo a escala asfixia la vida local; el nacional requiere un régimen de gobierno más democrático, un sistema representativo fortalecido y un mejor diseño jurisdiccional, pues el poder judicial está estructurado conforme al modelo de concentración del poder que caracteriza al constitucionalismo mexicano”.
Lo peor es no hacer nada
Para César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México no es un Estado fallido pero requiere despojarse del centralismo que padece.
“No tenemos un Estado fallido, porque me parece que es exagerar y sobredimensionar lo que nos está pasando, pero sí tenemos un federalismo fallido. La idea del federalismo es que las instancias de decisión se multipliquen, que esas decisiones no estén concentradas en pocas personas, sino que se multipliquen para efectos de distribución, control y racionalización del poder. Lo que estamos viendo es que estamos asistiendo a una mayor centralización del poder político”.
¿Qué le pareció el decálogo para mejorar el sistema judicial que presentó el presidente Enrique Peña Nieto?
Son acciones que hay que verlas como positivas. Lo peor que nos podría pasar, en este contexto en donde requerimos una sacudida institucional, es que nos quedáramos sin hacer nada. Sería el peor escenario. Estas medidas hablan de que realmente en el gobierno hay una sensibilidad para proponer acciones. Sin embargo, algunas medidas ya estaban en la órbita de decisión tanto del Ejecutivo como del Congreso desde hace tiempo. El mando único no es un tema novedoso, es un tema que desde el sexenio pasado se intentó llevar a cabo y no se pudo. Valdría la pena que nos explicaran por qué se negó en su momento esta posibilidad. Las medidas anunciadas son medidas reactivas, medidas que tratan de sancionar y corregir deficiencias a posteriori. No veo en el decálogo acciones preventivas. Igualmente hay una medida para que la federación pueda entrar a ejercer atribuciones que están en manos de los municipios cuando se compruebe que están infiltrados por el crimen organizado. Estas son acciones a posteriori. No hay nada para determinar qué hacemos para evitar que haya esa infiltración, ese es el problema del decálogo. Necesitamos anticiparnos.
Pareciera que los partidos están escondidos ante el repudio de la gente.
Exactamente. No veo en dónde están los partidos políticos, origen de los problemas. Es decir, hay una infiltración del crimen organizado en los ayuntamientos y es evidente. ¿Quiénes postulan a esos candidatos?, pues los partidos políticos. No veo una sola medida dirigida para que los partidos políticos tengan que modificar sus estructuras y mecanismos de control internos, sus dinámicas al momento de seleccionar a sus candidatos. Eso me parece grave. No estamos actuando de manera preventiva.
El presidencialismo se está agotando
Para garantizar un mando único policial se tendrán que reformar los artículos 115 y 116 de la Constitución. ¿Qué implicaciones tendrá en la relación institucional en los tres niveles de gobierno?
Cada vez que algo no funciona quitamos ámbitos de atribuciones de los estados y municipios y los vamos centralizando. Y esto ha sucedido en muchos aspectos, no sólo en este caso de Ayotzinapa, ya sucedió en materia electoral y penal, está sucediendo en muchos ámbitos donde estamos concentrando atribuciones en órganos como el Congreso de la Unión, y en otros órganos autónomos, ahora en la parte de las policías. Evidentemente hay un problema, y no sé si realmente las soluciones son adecuadas. En lugar de fortalecer esos ámbitos municipales, se lanzan medidas tuteladoras. No sé por qué tengo alguna sensación de que estas medidas son asistencialistas, cuando nos dicen “si hay evidencia de que el municipio tiene infiltración del crimen organizado, la federación asume la prestación de servicios”. Esa es una medida asistencialista.
La federación hace lo que le toca al municipio y no realiza los ajustes para que el municipio cumpla con sus responsabilidades. Estas medidas en lugar de fortalecer las estructuras más débiles del sistema constitucional mexicano que son los municipios, las debilita más.
El jurista Diego Valadés propone renovar el poder y crear un gobierno de gabinete de unidad nacional ante esta crisis institucional. ¿Le parece una solución adecuada?
Coincido con el doctor Valadés. Paradójicamente nuestro sistema se ha venido democratizando porque tenemos un sistema más plural, donde más fuerzas políticas logran representarse, pero llegan a instancias de poder que forman parte de una arquitectura institucional arcaica. No hemos logrado desmontar ese sistema que se construyó hace muchas décadas, y que era idónea para un sistema político donde había un partido hegemónico que administraba el poder proclítico. Ahora este sistema se pluraliza, entran nuevos partidos pero están administrando sobre la misma estructura. El presidencialismo ya está mostrando signos de agotamiento y es necesaria una adecuada renovación. Siento que la idea de ir hacia un gobierno de gabinete es una idea bastante llamativa, sobre todo para lograr que las decisiones del Ejecutivo federal sean decisiones que vayan en sintonía de los grandes objetivos que necesitamos concretar como nación. Un gobierno de gabinete trataría de articular una mejor relación del Ejecutivo con el Legislativo, pero también de eficientar la propia labor del presidente de la república. En estos momentos, donde se requieren sacudidas institucionales, valdría la pena ver sí es necesario ir hacia otra forma de articular el poder político en el país.
¿Hay otras medidas viables para concretar una reingeniería ante la inoperancia institucional?
Los partidos políticos no están compartiendo la responsabilidad de lo que hacen, sobre todo a la hora de postular candidatos. Parece que su única labor es postular candidatos, una vez que los postulan ahí termina su responsabilidad. Me gustaría que respondieran estas preguntas: ¿cuál es su responsabilidad frente a la actuación que tienen sus gobernadores y presidentes municipales? ¿Cuál es su responsabilidad frente a la actuación de sus legisladores? ¿Cuál es su responsabilidad frente a la actuación de su presidente de la república? ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos políticos que postularon a candidatos vía coalición? Muchas veces veo que los dejan sueltos. Hay gobernadores que fueron apoyados por una alianza amplia de partidos y esos gobernadores ni siquiera cumplen con los postulados de los partidos.
Hace falta esa parte de responsabilidad política. Todo el mundo se lava las manos. Esto sólo se puede fortalecer con transparencia para ver cómo toman decisiones los partidos, pero también con rendición de cuentas. Ahora ningún partido político asume responsabilidades. Buena parte de la crisis institucional que está viviendo el Estado es una crisis que reposa en las espaldas de los partidos.
Atractiva, la idea de una nueva Constitución
¿Cómo recuperarán los partidos políticos y los gobiernos de los tres niveles la confianza ciudadana luego del caso Iguala?
Estamos ante un problema grave, ante una de las mayores crisis de representación política de nuestro país. Curiosamente es porque no estamos cuestionando cómo llegan estos representantes populares a instancias de decisión. La vía electoral la tenemos resuelta, llegan porque obtienen la mayor parte de los votos. Pero no hemos logrado que esa representación sea de calidad, no se trata sólo de saber quién llega y que los partidos se repartan el poder numéricamente. Es mejor que el poder esté compartido por varias opciones políticas, que esté concentrado en una o dos fuerzas. No hemos logrado que esa pluralidad se traduzca en una calidad democrática, que quienes llegan hagan bien su labor. Eso está en crisis, no hay políticos profesionales.
¿Cómo reconstruimos esto? Es complicado, es una labor conjunta que tienen que hacer los partidos. Están frente al reto en 2015 de mostrar nuevas caras postulando candidatos, porque si comienzan a mostrar los mismos nombres de siempre, claramente el mensaje será de que no tienen intención y vocación de cambiar, de acoplarse a las nuevas exigencias del país. Necesitamos gente que venga a renovar la representación política por parte de los partidos. También es responsabilidad del poder público, porque estos se derivan de los partidos políticos, son la gasolina que hace que la maquinaria estatal camine. Si nos alejamos de la vida institucional, de la vida electoral como la vía privilegiada para que estos grandes problemas se encaucen por la vía legal, pues estaremos regresando a instancias ya superadas en la historia de este país. La ciudadanía tiene un poder importante en su voto, es un poder inmenso, y podemos castigar y exigir responsabilidad política, así como refrendar apoyos.
¿Qué le parece la idea de Cuauhtémoc Cárdenas de convocar a un Congreso Constituyente para formular una nueva Constitución política? ¿Es viable?
Me siento muy atraído frente a esta idea de un nuevo pacto constitucional. Un nuevo pacto constitucional implica también la renovación del pacto social. Finalmente una nueva Constitución es un gran pacto entre la sociedad para construir nuevas instituciones. Me siento poderosamente atraído por esta idea. Realmente como está el país es necesario un ejercicio de refundación, un ejercicio de volver a empezar en muchos estados. Claramente vemos a Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, que no necesitan reformas de maquillaje, necesitan volver a comenzar, aplicar ejercicios de verdadera refundación. Me parece que el país, aun cuando hay estados que claramente tienen focos rojos en muchos temas, también necesita una sacudida.
Es una idea poderosa porque no puede haber un nuevo pacto constitucional sin una participación decidida de la ciudadanía. Es decir, sin que la sociedad refrende en un referéndum que está de acuerdo en las nuevas reglas constitucionales. Eso se me hace muy atractivo: que el pueblo de México casi después de 100 años que se dio su última constitución pueda volver a tener en sus manos el destino del país. Pero también se me hace muy complicada de operar en el contexto actual, hay grupos que tratan de desestabilizar al país. No sabemos todavía cuáles son realmente las orígenes e intenciones de estos grupos, dónde encuentran sus apoyos. Soy escéptico también que estemos en el mejor contexto político-social para impulsar una nueva Carta Magna.