Escalada en cierre de negocios
Julio A. Millán B.
En los últimos meses, los medios informativos nacionales e internacionales han reporteado los episodios de violencia e inseguridad pública que se han presentado en varias partes del territorio nacional. Esta situación claramente es insostenible porque afecta directamente el tejido social, y tampoco en nada nos ayuda la inestabilidad social al desarrollo económico. Los costos del miedo están sin duda creciendo.
La inseguridad pública es uno de los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico, de acuerdo con analistas privados consultados por el Banco de México; en diciembre del año pasado, sólo 14% consideraba la inseguridad pública como un factor que puede frenar la economía. La más reciente encuesta de expectativas de octubre de 2014 reveló que para 24%, los problemas de inseguridad son el principal factor que puede limitar el crecimiento económico del país. Éste es el nivel más alto que se observa sobre este fenómeno en los últimos tres años, lo que indica el temor y la incidencia que han tenido los recientes problemas de violencia en algunas entidades del país.
Otras encuestas relevan que las industrias realizan ostentosas inversiones en tecnología y servicios de seguridad para protegerse de la delincuencia organizada, una inversión que va del 10 al 40% de los ingresos de las empresas. Un estudio de la firma FTI Consulting revela que los empresarios y gerentes de negocios en México tienen una percepción alta de inseguridad pública y que ésta impacta en las operaciones de sus unidades económicas. Según los resultados del análisis, el 57% de los empresarios habría sido afectado en una u otra medida en sus operaciones por el clima negativo de inseguridad.
Diversos estudios indican que la inseguridad en México tiene un costo de entre el 0.5 y el 1% del PIB, es decir, alrededor de 90,000 o hasta 180,000 millones de pesos anuales. Es claro que si el problema sigue creciendo no sólo se afectarían las nuevas inversiones anunciadas, sino incluso las ya en marcha, sobre todo las de origen extranjero.
Hasta 2012 la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI llevaba un registro del número de negocios que cerraban por cuestiones de inseguridad, así entre 2005 y 2012 se cuantificaron en poco más de 16,000 casos. Lamentablemente se dejó de presentar esta información por lo que no se tienen estadísticas para 2013 y 2014.
Otro tema de análisis es el gasto público en seguridad, ha sido uno de los que más han crecido en el país en los últimos años, lo que valdría la pena contrastar con los resultados obtenidos en seguridad y justicia penal. Según la iniciativa del Presupuesto de Egresos, se estima un incremento del 8% en las áreas de seguridad como las secretarías de Defensa y Marina, la PGR y otras dependencias.
Sin embargo, por más recursos que se destinen al combate a la delincuencia, es necesario que los mexicanos trabajemos para reducir los costos del miedo, la solidaridad, y el retorno de la confianza en las autoridades es indispensable.