Falta de voluntad política
Raúl Jiménez Vázquez
La tragedia de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa sin duda ha sacado a flote la muy densa y dolorosa problemática de las desapariciones forzadas y la virtual inacción en que ha incurrido el Estado mexicano, a pesar de los señalamientos vertidos a este respecto en la Recomendación 26/2001 de la CNDH, en el informe “Ni seguridad, ni derechos”, de Human Rights Watch y en el informe resultante de la visita realizada en marzo del 2011 por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.
A dichos cuestionamientos se agrega la severa llamada de atención formulada hace un año en el seno del mecanismo de la Evaluación Periódica Universal, a cargo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, según la cual las desapariciones forzadas son una parte relevante de los 176 focos rojos existentes en materia de violaciones a los derechos humanos.
Por si todo ello fuera poco, en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el emblemático caso Rosendo Radilla Pacheco se estableció que las autoridades tienen la obligación de investigar los patrones sistemáticos que hicieron posible la desaparición de este digno luchador social y el contexto en que ocurrieron, esto es, la llamada “guerra sucia”; cosa que a la fecha aún no ha sucedido.
Adicionalmente, en el fallo inherente al caso “Campo Algodonero”, alusivo al cruel asesinato de tres trabajadoras de una maquiladora de Ciudad Juárez, el tribunal interamericano determinó que cuando se presenten desapariciones es preciso implementar sin dilación alguna búsquedas de oficio, como una medida tendente a proteger la vida, la libertad personal y la integridad de las personas; mandato cuyo cumplimiento efectivo hoy por hoy brilla por su ausencia.
Así pues, las numerosas campanadas de alerta han sido en vano, evidenciándose así una absoluta falta de voluntad política para hacer frente a tan tremenda patología jurídica y política. Tal indiferencia constituye un desacato a los deberes básicos emanados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados y le atribuye al Estado mexicano una indiscutible responsabilidad de carácter internacional.
Este desdén fue el caldo de cultivo en el que afloraron los execrables acontecimientos de Iguala, cuya dimensión adquiere tintes de verdadero escándalo a la luz de la reforma constitucional del 11 de junio del 2011, conforme a la cual todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pues pareciera que la enmienda a la Carta Magna es uno más de los muchos compromisos de papel que han sido asumidos sin mediar un genuino sentimiento de adhesión incondicional al núcleo irreductible de la dignidad humana.