François Hollande puede perder su mayoría parlamentaria, socialista, por el proyecto de “liberalización” de la economía, la Ley Macron; las medidas más ambiciosas son la apertura del comercio los domingos y la “desregulación” de los ingresos de los notarios, entre otras profesiones.
Emmanuel Macron apenas ocupa el puesto número doce en el ranking gubernamental, pero los expertos en marketing de su ministerio -Economía, bajo la tutela de Michel Sapin, el ministro de Finanzas- lo califican de “Mozart de las finanzas”, a quien el presidente Hollande le ha encomendado la misión de “liberalizar” la economía francesa.
En la jerga política francesa, “liberalizar” es un calificativo ofensivo; “liberalismo” suena en francés a una palabra propia de gente de muy mala fama, mientras “liberalizar” es el calificativo que utilizan comunistas, ecologistas e izquierda socialista para intentar desacreditar la Ley Macron, que el gobierno presenta este miércoles en la Asamblea Nacional, en primera lectura.
Tras largos meses de debate interno, los servicios especiales de Emmanuel Macron proponen consumar una cierta liberalización en ocho grandes terrenos: facilitar la apertura de los comercios, los domingos; “abrir la competencia” en algunas profesiones más o menos protegidas (notarios, profesionales de la justicia); también “regular” el trabajo de los tribunales de comercio.
Así como, “modernizar” el diálogo social; favorecer el “ahorro salarial”; controlar las pensiones de los grandes ejecutivos; “desregular” el comercio y tráfico en las autopistas; “imponer” nuevas reglas de despido laboral; y “regular” el comercio de detalle.
Los diarios Le Monde y Le Figaro coinciden, por una vez, al afirmar que “no existe” una mayoría parlamentaria para aprobar ese “paquete liberalizador”.
Martine Aubry, gran rival de Hollande, alcaldesa de Lille, estima que la apertura del comercio, los domingos, “es una regresión social”, mientras Jean-Luc Mélenchon, líder del Frente de izquierda (FDI), asegura que esa misma medida “confirma la regresión liberal”.
Para un número considerable de diputados socialistas, el proyecto de Ley Macron es pura y sencillamente “inaceptable”.
La Constitución de la V república tiene un recurso excepcional para poder legislar cuando falla, desaparece o no funciona la mayoría parlamentaria; presidente y gobierno pueden recurrir al artículo 49-3 de la Constitución, e imponer por “decreto” el proyecto de Ley que consideren oportuno.
Si la izquierda socialista, los comunistas y los ecologistas se abstuvieran o votaran contra el proyecto de Ley Macron, Hollande podría imponer su proyecto de “liberalización” recurriendo al 49-3, procedimiento del que han abusado muchos gobiernos de izquierda y derecha.
Si Hollande se viera obligado a utilizar ese recursos excepcional, las relaciones entre el presidente, su gobierno y su mayoría parlamentaria pudieran entrar en una fase de imprevisibles discordancias desestabilizadoras.
(Con información de ABC de España)