“Es momento de conciliación y de atender las demandas sociales”

 

Situación difícil para el país

Mireille Roccatti

La aciaga noche del 26 de septiembre pasado la ciudad de Iguala, Guerrero, se cimbró por la violencia desatada en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes después de secuestrar varios autobuses fueron alcanzados por elementos de la policía municipal de esa ciudad, con el saldo trágico de seis muertos, más de veinte heridos y, en los primeros momentos, 57 desaparecidos, cifra que luego se redujo a 43 y, por la información hasta hoy disponible, los estudiantes fueron victimados e incinerados en una pira improvisada en el basurero de Cocoula, otra localidad de las cercanías.

Ese hecho criminal, que no debió ocurrir jamás y para el cual se agotan los calificativos, galvanizó el descontento social latente y sus efectos, y hoy se percibe con exageración por algunos como una crisis terminal del sistema político mexicano.

Un análisis objetivo y limitado por razones del reducido espacio de estas líneas nos permite afirmar que ese condenable episodio de la vida nacional constituye un eslabón más de la cadena de la espiral de violencia permanente en que hemos vivido por lo menos la última década.

La numeralia de las víctimas de la violencia acumulada desde más de ocho años sería interminable y abarcaría casi todo el territorio nacional, e incluso tendríamos que consignar temporalidades en porciones importantes del país, se sustrajeron del orden institucional, como: Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y el propio Guerrero. Y si hablamos de ciudades, como Monterrey, Ciudad Juárez, Culiacán, Cuernavaca y Acapulco, por citar algunas. Las cifras de muertos, desaparecidos y desplazados son abrumadoras, al igual que el crecimiento de los índices delictivos.

A fin de atender ese grave problema social se realizaron algunos ajustes en las políticas públicas, buscando poner énfasis en tareas de prevención del delito, combate a las adicciones, reconstrucción del tejido social, priorizar las acciones contra el lavado de dinero; y en cuanto a las acciones meramente policiacas, se desapareció la Secretaría de Seguridad Publica, que no funcionó, y se regresó a la Secretaría de Gobernación la atención de ese rubro y el de las prisiones.

El hecho real y tangible es que pese a toda esa instrumentación, si bien se había logrado la disminución en algunos índices delictivos en el inmediato plazo, los resultados eran poco alentadores. Y entonces cinco días después del inicio del otoño, la barbarie de Iguala no sólo desnudó la estrategia de seguridad pública, la movilización social puso en jaque la funcionalidad de todo el sistema.

La tormenta sociopolítica desatada en reclamo de justicia por el asesinato de los normalistas creció a grado tal que exhibió con crudeza que la ira social contenida tiene en su mira los partidos políticos y todas las instituciones del Estado.

Es cierto que la movilización social ha sido ya infiltrada por toda clase de oportunistas y aventureros políticos, como los propios mentores radicalizados de la CETEG, algunos grupos guerrilleros soterrados y los descontentos políticos de siempre, que incapaces de ganar elecciones se regodean en generar conflictos. Pero no debe perderse de vista que el impulso inicial evidenció que existe un descontento social que no debe ser ignorado.

A la tormenta antes descrita ha venido a sumarse la situación crítica de la economía, que es cierto que no había logrado despegar, pero se mantenía en un margen ligeramente superior al crecimiento económico ponderado de las últimas tres décadas. Un entorno interior difícil, como la contracción de la economía china, la lenta recuperación de la estadounidense, y la crisis crónica de la Comunidad Europea poco ayudan, y si agregamos el desplome vertical del precio del barril de petróleo que hace seis meses se situaba en 102 dólares y hoy está en 57, así como la depreciación del peso, que casi asemeja una devaluación, colocan el país en una situación difícil. Todo esto sin obviar los problemas internos de conducción del proceso económico. Como dice el refrán popular “éramos muchos y parió la abuela”.

En estos días, el lugar común de un grupo social, y el comentario fácil y sin reflexión, es condenar la acción del gobierno federal frente a la crisis, su manejo mediático y sobre todo deturpar, insultar e injuriar al presidente de la republica, sin percatarse de que quienes desencadenaron los hechos de Iguala fueron ellos mismos, y para escapar de la ira social gritan “al ladrón, al ladrón”. Desde luego, no entienden que con ello ponen en peligro sus propios intereses, porque pedirles que entiendan lo peligroso que resulta deslizar el país en un tobogán de violencia social incontrolada es tarea perdida.

En estos momentos se requiere de mucha serenidad, tolerancia, prudencia y privilegiar el interés de la nación. Las voces de intolerancia que claman por represión o violencia revolucionaria deben ser desoídas. Es momento de conciliación y de atender y procesar las demandas sociales. La violencia debe ser expulsada de la vida pública.