“El gobierno está obligado a pedir públicamente perdón”
Iguala: responsabilidad internacional
Raúl Jiménez Vázquez
En un discurso pronunciado en Coyuca de Benítez, el presidente Enrique Peña Nieto apuntó que la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa marca la historia de Guerrero y del país, pero que es necesario “superar este momento de dolor” y “dar un paso hacia adelante”.
La infortunada declaración pareciera enmarcarse dentro del diagnóstico expuesto hace unos días por el exrector de la UNAM José Ramón de la Fuente: “Los mensajes que el gobierno ha emitido hasta ahora evidentemente no reflejan ninguna calidez, por el contrario, prevalece un sesgo de soberbia. Ahí la ambición debe ir acompañada de modestia, necesitamos ver todos los mexicanos gobernantes a los que verdaderamente les importe la gente, que pueden transmitir con genuinidad eso que a veces se siente y a veces no, y que se llama empatía, y creo que eso es lo que ha estado ausente y me parece que no es una ausencia menor”.
A lo anterior se agrega la circunstancia de que el deseo del ocupante de Los Pinos no guarda congruencia alguna con la normatividad emanada del derecho internacional de los derechos humanos ni con los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según los cuales el cierre de un caso emblemático como la tragedia de Iguala sólo es posible una vez que se ha recorrido la ruta crítica conformada por los peldaños estratégicos de la verdad, la justicia, la atención y las reparaciones integrales a las víctimas, la preservación de la memoria histórica y el otorgamiento de las garantías de no repetición.
Antes que nada es preciso saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, lo que a la fecha no ha sucedido ya que sólo hemos conocido algunos trozos mediáticos de la misma. Acto seguido, es menester acometer el imperativo de la justicia, aspecto que no se ha materializado en plenitud puesto que hasta ahora no se ha investigado la inacción en la que presuntamente incurrieron los miembros del destacamento militar ubicado a unos metros del lugar de los hechos, quienes al parecer desoyeron las solicitudes de auxilio formuladas por algunos de los estudiantes.
La atención a las víctimas ha brillado por su ausencia, comenzando por la nula calidez humana dispensada a los familiares. Menos aún se han efectuado las reparaciones materiales y honoríficas consecuentes a toda transgresión a los derechos humanos; de entrada, el gobierno está obligado a pedir públicamente perdón por este inconmensurable ataque a la dignidad humana.
Tampoco se ha dicho una sola palabra en torno a la memoria histórica, a la forma en que habrá de preservarse del olvido a los agraviados, ni en relación con las medidas que es obligado instrumentar a fin de erradicar las causas estructurales que hicieron posible la perpetración de esta inconcebible atrocidad.
La pretensión del cierre anticipado del caso Ayotzinapa no es solamente una muestra de insensibilidad, también constituye el preámbulo de una responsabilidad internacional a cargo del Estado mexicano.