Los padres de Ayotzinapa no van a claudicar
Manuel Nava
Acapulco.- Después de que el 6 de diciembre los resultados del análisis de restos localizados en el basurero y en el margen del río San Juan, en el municipio de Cocula, dieron positivo para la identificación de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, el conflicto sociopolítico que vive Guerrero, lejos de avanzar hacia su resolución, se agudiza.
El mismo día en que Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, confirmó que de acuerdo con los resultados de especialistas de una universidad de Innsbruck, Austria, se tiene registro científico claro de que Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre corresponde a los restos óseos encontrados en un basurero de Cocula; el equipo argentino de Antropología Forense (EAAF) puso en duda que los restos enviados a Austria sean los que se encontraron en el basurero de Cocula y en el río San Juan, en la misma localidad, ya que ellos no estuvieron de manera física en el hallazgo.
La opinión emitida a través de un comunicado refiere que la identificación del normalista no es prueba suficiente para determinar que todos los restos que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck fueron ubicados en el basurero de Cocula.
El punto neurálgico de los hechos de Iguala se mantiene en la incógnita: ¿por qué fueron agredidos y asesinados con semejante barbarie los normalistas?, por mencionar sólo uno de los aspectos sobre los cuales aún no se dispone de información fidedigna y por las declaraciones vertidas en los días siguientes por las partes en conflicto; así las cosas, ambas se alejan de la parte medular del problema.
El discurso de las partes en conflicto se endureció por un lado; Aurelio Nuño, jefe del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, dijo a un rotativo español: “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”.
Por su parte Ezequiel Mora, padre de Alexander dijo: “Es el momento de no claudicar. El mensaje de la familia del municipio de Teconoapa es que esta lucha sigue: no vamos a claudicar, no nos van a callar, no nos van a comprar, no nos van a silenciar”.
Los padres desconocieron el “gobierno de Peña Nieto por asesino”, y exigieron que se castigue a los autores intelectuales y materiales de la desaparición de los 43 estudiantes.
Los hechos de Iguala se dieron en un contexto muy singular. Por un lado en el PRD se desarrolló una lucha intestina entre los grupos del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y el de Armando Ríos Piter, que encontró un acuerdo convencional para llegar a la asamblea nacional del PRD.
Proceso electoral
A su vez, la cercanía del inicio del legal proceso electoral 2015 —7 de octubre— y la apuesta del PRI para recuperar Guerrero o por lo menos los distritos federales clave.
Debe tenerse en cuenta que, si bien desde 1980 la presencia del PCM, PSUM y finalmente PMS fue logrando avances significativos, después de 1988, la vida partidista de la entidad se polarizó entre PRI y PRD. Desde entonces Guerrero vivió un virtual bipartidismo, el partido hegemónico fue cediendo posiciones. En 1999, el priista René Juárez Cisneros ganó la contienda con apenas 14 mil votos de diferencia, al candidato del PRD, Félix Salgado Macedonio. La alternancia ocurrió en 2005. Con la participación electoral más alta de la que se tenga registro (60.3 por ciento), Carlos Zeferino Torreblanca Galindo recibió 589 mil 74 votos, 48 puntos porcentuales del cómputo total.
Extrapolado este conflicto, se estaría viendo la confrontación de los dos cacicazgos reinantes en Guerrero: el de Ángel Aguirre, asentado en la región de Costa Chica, y el Rubén Figueroa, con asentamiento en la región norte del estado y una zona de influencia que abarca la Tierra Caliente y una porción de la región centro; y en el interior del PRD es entre Los Chuchos y Andrés Manuel López Obrador (Morena).
Si estos últimos esperaban hasta el proceso electoral, el éxodo comenzó ya y el destino final de los fundadores perredistas y viejos integrantes de la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas será Morena.
Junto a ello existen otros conflictos que subyacen en la entidad a partir de los últimos 25 años del siglo XX, entre ellos el del magisterio, el cual se ha expresado en diferentes momentos, primero con la ruptura en el interior del SNTE y que dio origen a la CETEG; después y de manera cíclica, año con año por la renegociación del contrato colectivo de trabajo cada 15 mayo y desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari hasta nuestros días por la reforma educativa.
Para la CETEG, la administración de Enrique Peña Nieto y el gobierno local de Ángel Heladio Aguirre Rivero se proponen un objetivo claro y preciso: liquidar la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias —Policía Comunitaria— y el Movimiento Popular de Guerrero, en una primera etapa, para avanzar después en todo el país hacia la destrucción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los movimientos en defensa de la naturaleza, los órganos de autogobierno indígenas y el movimiento sindical clasista.
Y a la par de la CETEG, vino la formación de los nuevos grupos armados, que aglutinaron las reminiscencias de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ANCR) y el Partido de los Pobres (PDLP) en una columna que fue el EPR, agrupación armada que llegó a tener comandancias en 16 entidades del país, entre ellas Michoacán, Oaxaca y Chiapas, además de Guerrero.
Para estos nuevos grupos, la lucha armada comenzaría en el sur del país, concretamente en este corredor de conflictos. Y desde fines de la década de los ochenta se detectaron los campamentos de adiestramiento y se fijaron diferentes fechas para la irrupción. La última fue en 2010, justo al cumplirse el centenario de la Revolución Mexicana; en ninguno de los casos se logró el objetivo. No obstante, a lo largo del periodo estos grupos han logrado tender una red de apoyos mutuos con movimientos antisistémicos internacionales.
Desde 2002 a la fecha, la violencia criminal se sumó al escenario secular de conflictos del territorio guerrerense, y se agudizó entre 2006 a la fecha, a raíz de la guerra en contra del narcotráfico.
Objetivo: postergar proceso electoral
Nunca como hoy, estos grupos acrisolados en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) están tan cerca de lograr el objetivo: generar una zona de inestabilidad política o de ingobernabilidad en la región sur.
Esta pretensión ha venido escalando a lo largo del conflicto generado por los hechos trágicos de Iguala. No es casual que la CETEG sea portavoz de la demanda de postergar el proceso electoral. En términos de la vida partidista, ello significaría retroceder en posiciones de poder, y un eventual aplazamiento de la elección implicaría prolongar el periodo de poder.
No es casual que los padres de familia se hagan de la exigencia cetegista de abortar el proceso electoral y demandar la dimisión del presidente Peña Nieto.
En Tixtla, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron que las marchas y plantones ya no son suficientes, “ya se requiere que entremos en otras cosas más fuertes, porque las marchas ya no dejan nada, más que armarse e ir sobre ellos, quitar a las autoridades que están”.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, fue más enfático: “A partir de hoy desconocemos el gobierno de Enrique Peña Nieto por asesino. Que nos escuche bien el presidente: podrán venir los días de vacaciones para aquéllos que no sienten dolor, pero no habrá descanso para el gobierno peñista. Si no hay Navidad para nosotros, tampoco para el gobierno.”
Además demandan que la PGR investigue al Ejército y a Ángel Aguirre.
Felipe de la Cruz insistió en que siente mucho coraje y mucha rabia porque aprueban reformas que sólo le sirven al gobierno y a los grandes empresarios, no al pueblo. ¿Dónde está la ley sobre desaparición forzada?
A poco más de una semana de que Rogelio Ortega rindiera protesta como gobernador interino, el MPG ya hablaba de desconocerlo como interlocutor, y ahora la demanda de la desaparición de poderes en el estado viene escalando.
Luego de clausurar las oficinas del INE en Chilpancingo el 8 de diciembre, los integrantes de la CETEG advirtieron al gobierno federal de la suspensión de las elecciones de 2015 en caso de que no se haga un esfuerzo mayor para localizar con vida a los 42 estudiantes desaparecidos en Iguala.
En Acapulco, una docena de hombres y mujeres que iban con el rostro cubierto ingresaron en módulos y junta distrital 9 donde destruyeron y saquearon las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Acapulco.
A bordo de dos camionetas oficiales de la Secretaría de Salud y la SCT, ambas pintadas con las siglas de la CETEG, arribaron a las oficinas y módulos del INE, tanto los normalistas, como maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) quienes se llevaron paquetes de hojas de las oficinas.
Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE dijo que la desaparición de poderes es la última válvula de seguridad para subsistencia del Estado de derecho, en caso de ocurrir en Guerrero se entraría en una situación de excepcionalidad que tendría que ser analizada a fondo.
Asimismo señaló que el INE “no se confronta con los ciudadanos” sino que es canal para construir las bases para premiar y castigar las acciones de los gobiernos, y subrayó que “no está en manos del INE” sino en otras autoridades, procurar y administrar justicia en torno al caso Ayotzinapa.
Dada la estructura organizacional que han mostrado estos grupos es muy probable que tengan lugar hechos que serán un desafío tanto para la autoridad estatal como para la federal.
Las frases de “la lucha no termina, empieza”, “Ayotzinapa será la semilla del cambio”, no son gritos en las marchas, son consignas que ya funcionan como en las luchas del Islam.
El peor escenario sería que esto derive en una batalla campal. El sector empresarial ya amenaza con tomar las armas para defenderse de los normalistas o cerrar sus fuentes de trabajo. El presidente de la Coparmex en Chilpancingo dijo que las marchas que realizan los normalistas desde hace 7 semanas los ha afectado “más que las actividades de los grupos criminales que operan en la zona”; las pérdidas se estiman en alrededor de 300 millones de pesos y el cierre de cerca de 500 negocios.
Si alguien pensó que el caso Iguala se podía utilizar con fines electorales rumbo al 2015, y recomendar dejar sola a la administración perredista con el problema, se equivocó.