Entrevista a Eduardo Bohórquez/Director general de Transparencia Mexicana
Moisés Castillo
La corrupción cuesta a México 1.5 billones de pesos cada año, de acuerdo con datos del Banco Mundial, y son los pobres quienes pagan la mayor parte. Además, de 2 mil 500 procedimientos que se iniciaron por presuntos actos de corrupción solamente dos fueron sancionados. ¿Por qué llegamos a estas cifras que revelan tanta impunidad? Simplemente las instituciones no funcionan.
Ante la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa, la violencia imparable en varios estados como Guerrero y Michoacán y el escándalo de la llamada casa blanca, el gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra a la baja en términos de popularidad y credibilidad, según encuestas de los diarios Reforma y El Universal. ¿Cómo salir de este laberinto que nos afecta a todos? ¿Qué estrategia tiene el gobierno federal para solucionar un presente que se torna más gris? ¿Qué están proponiendo los poderes Legislativo y Judicial? ¿Y los gobernadores de los estados?
Por lo pronto, diputados del PRI y PAN no lograron los acuerdos para sacar el Sistema Nacional Anticorrupción en este período de sesiones, por lo que tendrá que esperar el debate para enero y febrero del próximo año. Asimismo, por falta de acuerdos, el Senado decidió dejar para enero de 2015 el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción.
¿No es urgente legislar en la materia cuando el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 ubica a México en el lugar número 103 de un listado de 175 países, y coloca a la nación en la última posición (34 de 34) entre los miembros de la OCDE?
El coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, advirtió que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción se convertirá solamente en un instrumento político al servicio del Ejecutivo federal.
“El problema es que la fiscalía anticorrupción es una respuesta aislada a un problema que tiene que ser visto en conjunto. Lo que tienes es un instrumento de poder para el presidente, un mecanismo para, eventualmente, castigar a sus adversarios”.
En este sentido, Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, lamentó que la discusión sólo priorice el perfil del fiscal en lugar de pensar en los alcances que pueda tener la institución.
“El debate está más enfocado en quién va a ser la persona que encabece la institución antes de tener claros los alcances en la solidez de esta institución. Están más interesados en quién va a ser el piloto, en que si va a manejar un burro, una bicicleta o un fórmula 1”.
Para Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, de poco servirán las grandes detenciones como la de Elba Esther Gordillo, porque no forman parte de una estrategia integral anticorrupción y es claro ejemplo de que la justicia es “intermitente”: cuando sí se quiere se pueden encontrar todas las evidencias y pruebas; cuando no se quiere podemos dormir el sueño de los justos.
“Lo que han hecho Dinamarca, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Chile, es construir un sistema de anticorrupción, porque están funcionando las distintas partes de ese sistema. Se llama así por cuestiones de coordinación, pero hacen funcionar a sus jueces, a sus fiscales, su ministerio público. Es decir, no crean más instituciones, hacen funcionar las que ya se diseñaron”.
Trabajo permanente de reconstrucción
¿Qué nos revela de que México esté al nivel de Bolivia y Nigeria en materia de corrupción?
Nos señala algo que es terrible. La explicación cultural de la corrupción se ha venido abajo. Esta idea de que las culturas católicas, las antiguas culturas españolas, los virreinatos, nos habían traído el tema de la corrupción, se ha convertido en un pretexto que no puede explicar la situación del país. Otras naciones que fueron colonias, que han tenido dictaduras como en el caso de Brasil y Chile están mucho mejor que México. Lo que ilustra es que hemos sido incapaces de enfrentar esta problemática, le seguimos dando vueltas al asunto presentando propuestas inconexas. Hemos sido incapaces como sociedad y gobierno asumir este asunto como prioridad nacional.
En el Congreso de la Unión se pospuso la ley anticorrupción y el nombramiento del fiscal, ¿se está perfilando una fiscalía a modo del gobierno federal luego de la pasarela de candidatos?
Independientemente de la designación y del proceso de selección y quiénes estén interesados en ser fiscales, hay que decir que esta fiscalía no es la propuesta del Presidente Peña Nieto de un órgano anticorrupción, ni tampoco es lo que el PAN y otras fuerzas políticas plantean alrededor de un sistema nacional anticorrupción. Esta fiscalía viene de la reforma política y en particular de la reforma de la PGR que se convierte en Fiscalía General de la República y que en 2018 se convertiría en Fiscalía General de la Nación. En realidad es una plaza vacante como lo está la Fiscalía Especializada para Asuntos y Delitos Electorales. Son las dos fiscalías que fueron creadas para la Fiscalía General de la República. Si prosperara la idea de un Sistema Nacional Anticorrupción y algunas de las iniciativas que están en la Cámara de darle mayor independencia a este órgano, sería un fiscal que estaría por muy corto tiempo en el encargo, porque en realidad respondería a la reforma de la PGR y no a la reforma anticorrupción. Es confuso pero en realidad es una plaza vacante que equivale a la antigua Fiscalía Especializada para Delitos de los Servidores Públicos, nada más que tiene otro nombre.
¿Existen alternativas para alcanzar una verdadera reforma anticorrupción? ¿Tiene eco la propuesta que impulsan junto con otras organizaciones civiles en los espacios legislativos?
En estos últimos días salieron en rueda de prensa algunas organizaciones sociales a refrendar esta propuesta que firmamos. En nuestro caso, la propuesta del Sistema Nacional de Integridad data de 1999 y en el caso de la Red de Rendición de Cuentas, de la que somos parte, ha sido un tema reiterado desde hace varios meses. Más que la insistencia del Sistema Nacional Anticorrupción, que tarde o temprano se va a aprobar, es entender que una lucha tan profunda como la que necesita el país en la materia requiere de un trabajo permanente de reconstrucción institucional. Cambiar el paradigma de la idea de un fiscal o de una comisión a un sistema nacional anticorrupción es obligado, porque no hay una sola agencia en el gobierno que pueda corregir por sí misma el problema de corrupción que enfrenta el país. Se necesita coordinar a distintas agencias, lo podemos llamar “sistema nacional de integridad”, “sistema nacional anticorrupción” que es lo que propuso el PAN hace más de dos meses. Se requiere trabajar con muchas instituciones y cada una de ellas tiene que ser más eficiente y más eficaz en el control que le toca administrar. El gran error de nuestro país es pensar que el secretario de la Función Pública es un zar anticorrupción, cuando en realidad es un órgano interno de control, nada más.
Es esta lógica de atrapar a los “peces gordos”…
Exacto, el propio Vicente Fox animó a la opinión pública a pensarlo y muy pronto el propio Francisco Barrio tuvo que dejar la Secretaría de la Contraloría, estaba inconforme y molesto con el presidente porque no había podido enfrentar ni siquiera a los miembros del gabinete. Se hablaba de que se pasó de los “peces gordos” a los “charales”, porque hubo una falta de entendimiento en la lucha anticorrupción. Ese error en el diseño de la política anticorrupción le ha traído al país este estancamiento, porque no existe ni la persona ni la institución que con una especie de varita mágica resuelva el problema. Es un trabajo constante, técnico, muchas veces anticlimático, aburrido, porque no es de primera plana el trabajo anticorrupción cuando se hace bien. Es un trabajo bastante silencioso, porque significa que el gobierno funcione y cuando funciona no es nota.
Quitar prejuicios y pretextos
La opacidad y la impunidad alimentan la corrupción, ¿cómo podemos salir de este mal endémico ante una desconfianza hacia las autoridades y la clase política?
Primero se tiene que cambiar de paradigma, hay que quitarnos prejuicios y pretextos que hacen que el problema no se enfrente de manera correcta. Pensar que este es una problema de la mexicanidad, mucha gente piensa que la corrupción está en el ADN de los mexicanos, no tienen idea de cuánto nos ha costado enfrentar ese lugar común que poco ayuda a resolver el problema. Además de eso hay que esperar menos de la clase política. La sociedad mexicana cree que la clase política por sí misma un día va a despertar y va a decir “yo quiero transformar el sistema que me permitió arribar al poder”, es un poco iluso esperar que la clase política cambie por motivación propia o por los escándalos, porque lo que hacen los escándalos es que la clase política se atrinchera, en lugar de abrirse más, se cierra. Lo que nos ha faltado es entender que la única motivación que puede tener la clase política para iniciar una luche efectiva contra la corrupción es la de saber que si no o hacen van a perder el poder. Me cuesta trabajo creer, pero así fue, que el ex gobernador Aguirre fue electo por el voto popular, cuando la gente sabía que estuvo involucrado en el caso Aguas Blancas, cuando sabía que fue un gobernador interino con una mala reputación, y aún así la gente lo llevó al poder. Además de las estrategias anticorrupción, hay una que no podemos perder de vista: el control democrático es el instrumento más poderoso que tiene una sociedad para premiar a quien funciona o castigar con el voto a quien no de resultados.
A nivel internacional, ¿existen fiscalías anticorrupción exitosas?
La propuesta de un sistema nacional de integridad es tomar las mejores experiencias internacionales. Ningún país que está en buena posición en el Índice de Percepción de Corrupción tiene un fiscal anticorrupción o una comisión anticorrupción, al contrario, tienen policías que funcionan, procuradurías y auditorías que funcionan, son todo lo opuesto. Si piensas en el caso danés, por ejemplo, tiene una especie de división anticorrupción en la policía. El que detiene a los personajes, ya sea funcionarios públicos o empresas que participan en la corrupción, es la policía. En el caso de los Estados Unidos es una combinación del Departamento de Justicia con el FBI. En el caso de Nueva York, que sufrió de una grave corrupción, hay una oficina de integridad pública, no creas que son figuras muy complejas. En otros países no se acostumbra, por lo menos no con éxito, tener comisiones anticorrupción muy grandes, al contrario lo que se tiene son instituciones que funcionan.
Tres declaraciones
¿Qué experiencias se pueden aplicar en México?
Hay cosas que sí podemos aprender de otros países. Transparencia Mexicana está proponiendo un plan muy particular para el 2015 en el marco del proceso electoral: que cada candidato entregue tres declaraciones antes de aspirar a ser candidato. Una declaración de impuestos de los últimos cinco años: si está dispuesto a gastar los recursos de todos, deberíamos de estar seguros que está contribuyendo a los recursos de todos. Una declaración patrimonial pública: conocer el estado de su riqueza y patrimonio antes de que inicie el proceso electoral, no una vez que haya tomado posesión del cargo. Y una declaración que para muchos mexicanos es extraña, pero que se llama declaración de intereses: es una declaración que previene el conflicto de intereses, ya que notifica a la opinión pública qué posibles conflictos de interés puede tener y abstenerse de ciertas decisiones una vez que se toma el encargo público.
La última cuestión que hemos dejado de lado es que nos concentramos mucho en el Ejecutivo federal, pero no estamos viendo ni a los estados ni los 34 órganos legislativos del país. Los congresos en el país son un dolor de cabeza en términos de opacidad y esa es la clase política que cogobierna, los legisladores también toman decisiones, y la verdad su rezago es mucho mayor que el que encontramos en el Poder ejecutivo. Los legisladores del país tienen una deuda con la sociedad, es enorme, y lo reflejan los niveles de desconfianza: uno de cada dos mexicanos no confía en su legislador ni se siente representado por él.
¿Qué escenarios se perfilan en esta discusión legislativa?
No tiene alternativa la clase política de aprobar un sistema nacional anticorrupción. Los niveles de desconfianza, las críticas de la opinión pública, el hartazgo de muchos ciudadanos, es ya manifiesto. El problema no será aprobar un sistema nacional anticorrupción sino qué sistema se aprobará, qué tan en serio se va en estos temas. Ante el dolor que ha generado a la opinión pública asuntos que tienen que ver con la procuración de justicia, la protección de los derechos humanos o incluso los escándalos alrededor de relaciones con grupos económicos como Higa, me da la impresión que algunas cosas adicionales tienen que estar en ese sistema anticorrupción.