Entrevista a Jaime Cárdenas/Investigador del IIJ de la UNAM
Moisés Castillo
Hilario Ramírez Villanueva fue premiado como alcalde del año 2014 por la Global Quality Foundation. Sí, el mismísimo Layín quien confesó durante sus actos de campaña rumbo a la presidencia municipal de San Blas, Nayarit —que ganó—, haber robado “nomás poquito” dinero público durante su administración pasada.
Hace pocos días, Raúl Salinas de Gortari fue exonerado del delito de enriquecimiento ilícito y la clase política sólo alcanzó a decir que “es indignante” la decisión del Poder Judicial.
Esto sólo es una pequeña fotografía del desafío que tienen los tres niveles de gobierno y los otros poderes de la Unión para combatir la corrupción que nos asfixia todos los días.
Es evidente la descomposición institucional y la falta de aplicación de la ley sin restricciones. La confianza hacia los políticos se ha perdido. Y es oportuno el discurso del presidente uruguayo José Mujica que ofreció en la reciente Cumbre Iberoamericana, en el sentido de gobernar a favor de las mayorías en un sentido “republicano”, para que los ciudadanos crean en la política.
“Lo que vale es que nuestra forma de vida y quienes representamos la política tenemos que estar embebidos en la forma de vida de la mayoría de nuestros pueblos y no en la forma de vida de la minoría de nuestros pueblos… No creo que ninguna sociedad pueda construir felicidad de largo plazo sino que cree en el rumbo de la política”.
La propuesta anticorrupción que presentó el PAN está orientada a retirar las facultades sancionadoras a los órganos internos de control para transferirlas a los jueces y a un tribunal federal independiente de cuentas, además de que la Secretaría de la Función Pública permanecería, pero con mayores facultades.
Por su parte, el PRD propone una reforma para impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización y crear el Sistema Nacional Anticorrupción, con cambios en los artículos 22, 73, 74, 79, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución. Busca establecer un marco institucional para la coordinación efectiva entre todos los agentes a cargo de los controles internos como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, con el fin de garantizar la inspección, vigilancia, supervisión, evaluación y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno.
Mejor justicia
En tanto, el PRI asegura que con la aprobación de la Ley de la Fiscalía General de la República, que sustituye a la actual Procuraduría General de la República (PGR), es un paso indispensable para avanzar en la modernización del sistema jurídico penal y de sus instituciones ante la exigencia de una mejor justicia en el país.
Para Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la corrupción hay que enfrentarla con más democracia tanto representativa, participativa y deliberativa.
“Hay que fortalecer el Estado de derecho, democratizar en el país todas las instituciones públicas como el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, los órganos autónomos. El esquema anticorrupción debe ser un esquema, como dicen los teóricos, holístico, un esquema integral. Una institución por sí sola no puede resolver el problema de la corrupción.”
¿Qué le parece la ley anticorrupción que quedó congelada en la Cámara de Diputados y la fiscalía que dependerá de la PGR para combatir este problema?
El gran problema de México aparte de la pobreza y la desigualdad es la corrupción. Es importante que se analice el marco jurídico para que nuestro sistema anticorrupción sea más exigente. El sistema anticorrupción de México es muy débil y esto explica los niveles de impunidad. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación realiza más o menos al año mil 200 auditorías, fiscaliza una parte pequeña del ejercicio del gasto. La fiscalización que realiza es a posteriori, es decir, sobre ejercicios basados sobre cuentas públicas del pasado, no realiza una fiscalización a tiempo y a veces no realiza una fiscalización preventiva por disposiciones legales. Además, no puede iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa ni sancionar a los funcionarios públicos que incurren en irregularidades en el ejercicio del gasto, tampoco puede consignar ante los jueces la comisión de los delitos de los servidores públicos. Y estamos hablando sólo de un órgano importante para el sistema anticorrupción, que es débil y no es un órgano autónomo, depende de la Cámara de Diputados.
Los demás elementos institucionales del país, como el IFAI, es un órgano que depende en buena medida de las cuotas de los partidos. Así podemos analizar cada una de las instituciones encargadas de combatir la corrupción en México y encontraríamos en ellas muchas debilidades.
La fiscalía anticorrupción, que se creó dentro de la PGR, se encargará de la investigación de todos los delitos que presuntamente sean cometidos por funcionarios del gobierno federal, ¿es suficiente para terminar con esta problemática?
No es un órgano autónomo, va a depender de la futura Fiscalía General de la República. En el sistema anticorrupción ningún órgano por sí mismo puede resolver el problema de la corrupción. El problema de la corrupción es muy complejo que tiene que ver con otros mecanismos que no se suelen analizar: todo tiene que ver con la participación de los ciudadanos, con la democracia participativa, con las auditorías ciudadanas, de una figura que se puede crear como la revocación del mandato.
Raúl Salinas de Gortari, exonerado
En pleno debate llega la noticia de la exoneración de Raúl Salinas de Gortari, quien fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito, ¿este tipo de decisiones del Poder Judicial merman la actuación del gobierno federal?
Desde luego. Todas estas noticias como ésa o la llamada casa blanca, la impunidad en la que vive Arturo Montiel, y otros tantos gobernadores y alcaldes del país pues hace que la gente no crea en los políticos cuando hablan de atacar la corrupción. Siempre habrá la sospecha de que se van a diseñar instituciones a modo, y en el momento decisivo no van a actuar adecuadamente. El gran problema de México es que se hacen reformas para buscar el aplauso social y al final esas reformas se usan para no enfrentar el problema real. En México no sólo se requieren nuevas instituciones poderosas sino también en la cultura jurídica y política de las autoridades. Hay que ir por la vía de la reforma institucional, la vía de la democracia, del Estado de derecho y de las conductas de los funcionarios públicos.
Ante esta clara desconfianza hacia la clase política y la credibilidad dañada del gobierno federal, ¿cómo recuperar la legitimidad en un tema crucial?
La salida es bastante radical. Por ejemplo, evitando que el Poder Judicial resuelva casos importantes como exonerar a Raúl Salinas o este hecho de la casa blanca, someterlo a una investigación judicial, permitiendo el debate en el Congreso de estos temas, si existe tráfico de influencias o conflicto de interés, pues todo esto debe ser sancionado. Dice la Constitución en el artículo 108 que el presidente de la república durante su encargo solamente podrá ser destituido por delitos de traición a la patria o por delitos graves del orden común, entonces el presidente tiene constitucionalmente un ámbito jurídico de impunidad que es inaceptable en un Estado de derecho. El sistema nacional anticorrupción debiera empezar por ahí, modificando ese artículo para que el presidente no tuviese los privilegios jurídicos constitucionales.
Hartazgo por la corrupción
Desde el marco jurídico, ¿cómo se puede evitar que los políticos de primer nivel tengan nexos con el crimen organizado, luego de la declaración del gobernador Graco Ramírez en el sentido de que recibió un “narcoestado”?
Ahí es responsabilidad de muchas instancias: de la Secretaría de Hacienda, de la PGR y de las autoridades electorales. Éstas tendrían que estar vigilando de manera escrupulosa el manejo de los recursos que se van a emplear en las campañas electorales. Una figura que hay que estudiar en México y pensar en su derogación es el financiamiento privado, le hablas a los partidos de esto y se niegan, es uno de los peores males del sistema electoral mexicano que ha causado escándalos de corrupción, como en su momento fue Amigos de Fox. Hay que tomar medidas de ese tipo, también derogar los privilegios de los que goza el presidente de la república y los altos funcionarios públicos, como el fuero, y que esas instituciones actúen con independencia e imparcialidad persiguiendo a los corruptos. Todo el sistema político mexicano está corrompido. Si siguen las cosas como están, en algún momento la sociedad mexicana —tal vez muy próximo— quizás actúe como otras sociedades de América Latina y pida que toda la clase política se vaya. Hay un hartazgo, hay un cansancio de la sociedad por la corrupción de la clase política. Por ejemplo, en el Senado se discutió un dictamen sobre el tema del endeudamiento de estados y municipios para que la federación intervenga y controle la deuda. ¿Quiénes daban esos créditos financieros a los estados y municipios? Son unos cuantos bancos, entre ellos Banorte, ligados a la familia Hank González y vez que son créditos con sobretasas de interés. Este tipo de situaciones no se pueden permitir. En cualquier ámbito, como en el financiero, en las campañas electorales, compras gubernamentales, licitaciones públicas, permisos, todo está diseñado para la corrupción.
¿Qué le pareció la pasarela de candidatos que quieren ocupar el cargo de fiscal anticorrupción?
Hay buenos perfiles, pero al final de cuentas sabemos que se trata de un reparto de cuotas partidistas. El nombramiento del fiscal anticorrupción va a depender y está vinculado al nombramiento del fiscal para delitos electorales, veremos cómo se ponen de acuerdo las tres fuerzas políticas. No puede seguir existiendo en México un sistema de cuotas, donde se reparten cargos públicos a su antojo.