La crisis de legitimidad exige soluciones audaces
Raúl Jiménez Vázquez
Dos textos han puesto en entredicho la versión gubernamental sobre la tragedia de Iguala. El primero de ellos es el reportaje La historia no oficial de los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, según el cual el ataque a los normalistas de Ayotzinapa habría sido orquestado y perpetrado por miembros de la Policía Federal, contando con el apoyo de militares pertenecientes al 27 Batallón de Infantería.
El segundo es el estudio elaborado por el doctor Jorge Montemayor, investigador del Instituto de Física de la UNAM, en el que se afirma que la hipótesis de la cremación de los jóvenes en el basurero de Cocula no tiene ningún sustento, pues para que que ello hubiese sido posible habría sido necesario disponer de 33 toneladas de troncos de cuatro pulgadas de diámetro, 53 kilos de gas por cada uno de los cuerpos y 995 llantas de camiones de pasajeros.
A lo anterior se agrega la declaración hecha por el equipo de peritos argentinos en el sentido de que no estuvieron presentes en el momento en que los buzos recuperaron las bolsas que supuestamente contienen los restos de los normalistas, ni participaron en el hallazgo del fragmento de hueso atribuido a Alexander Mora, lo que arroja dudas acerca del sitio en el que presuntamente se perpetró la ejecución.
Todo esto resalta el imperativo de que los resultados de la investigación sean creíbles y para ello deben estar rigurosamente apegados a la realidad histórica de los hechos, a las severas reglas epistemológicas que rigen el discernimiento de la verdad en el ámbito penal y a las mejores prácticas internacionales vigentes en materia de desapariciones forzadas.
También es menester que la actuación de la PGR sea sometida al escrutinio ciudadano, a un estricto mecanismo de rendición de cuentas claras y precisas, para lo cual es obligado establecer sistemas de control interno que posibiliten la práctica de evaluaciones independientes sobre la pertinencia de las hipótesis, estrategias, acciones y conclusiones concernientes a la indagatoria ministerial.
Empero, a fin de alcanzar los grados de credibilidad que se requieren para vencer la desconfianza y el escepticismo prevalecientes entre los familiares de los estudiantes y sectores importantes de la opinión pública nacional e internacional, resulta ineludible instrumentar otras medidas de hondo calado, tales como: I) dar entrada a la brevedad a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme con lo previsto en el convenio suscrito por el Estado mexicano, II) reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y solicitar su inmediata intervención.
Encarar la crisis de legitimidad por la que está atravesando la administración de Peña Nieto exige la puesta en marcha de soluciones audaces, de grandes e inéditos saltos cualitativos, lo que implica poner fin a los enfoques caducos y contraproducentes que fueron troquelados en el viejo molde del autoritarismo gubernamental.