Ataques violentos a instalaciones militares
Mireille Roccatti
En los últimos días han acaecido hechos gravísimos que no pueden, ni deben pasar inadvertidos por los mexicanos. Una verdadera infamia provocativa en la cual se ha tomado como blanco de ataque instalaciones militares. ¿Qué es lo que se busca con el montaje de esta provocación? Será que no les parece suficiente la muerte de los 43 jóvenes estudiantes normalistas y quieren más muertos? Estas interrogantes surgen cuando observamos la concertación de acciones para provocar una reacción violenta de las fuerzas armadas.
Al inicio de esta semana que termina cuando el lector tenga a la vista estas líneas, grupos reducidos de algunos familiares de los normalistas desaparecidos, en compañía de “luchadores sociales” de profesión, atacaron violentamente e intentaron penetrar por la fuerza a las instalaciones del 27 batallón de Infantería del Ejército, ubicadas en Iguala, suscitándose un enfrentamiento que afortunadamente terminó con lesiones menores de soldados y manifestantes. En ningún lugar del mundo, ningún ejército permitiría la intrusión violenta de extraños en instalaciones militares. ¿En qué cabeza cabe atacar así una instalación militar? ¿Qué se buscaba? ¿Qué respuesta esperaban?
La acción anteriormente narrada se complementó cuando también se atacaron instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, la base naval de Acapulco y el cuartel de Guardias Presidenciales en la ciudad de México. Todo esto montado en la falsa narrativa de que a los muchachos los tienen presos en instalaciones del ejército o peor aún que fueron cremados en hornos militares.
Por donde se vea esto no tiene lógica, más que el montaje de una provocación para sumar más muertos y heridos y estar en condiciones de acusar al régimen de represor. Vamos, ni siquiera se ha buscado justificar y motivar estas acciones en un supuesto “derecho a la revolución” por el legítimo e inalienable derecho del pueblo de alterar o modificar la forma de gobierno, previsto en nuestra Constitución. Ni siquiera una coartada ideológica.
En este mismo espacio y en otras tribunas hemos defendido el derecho legítimo de los padres, familiares y de la sociedad en su conjunto de reclamar justicia y cancelar espacios de impunidad inaceptables. Hemos afirmado y reiterado que el primer obligado a cumplir la ley es la autoridad y no existe “razón de Estado” que justifique conducta alguna violatoria del marco jurídico o de los derechos humanos.
Los difíciles tiempos que vivimos exigen el respeto irrestricto de la esfera de protección jurídica de los derechos humanos frente a la acción punitiva del Estado. Es necesario desmontar los remanentes del andamiaje de un Estado represor y evitar a toda costa —como quieren algunos— la prevalencia de la aplicación del derecho penal del enemigo, instrumentada por el pasado régimen panista que viola los derechos humanos de los ciudadanos, como los arraigos para investigar. Se debe, por ejemplo, expulsar del texto constitucional la figura del arraigo.
Es necesario y urgente generar mejores condiciones económicas de vida para la población, la creación de empleos y espacios educativos para evitar que los jóvenes sean seducidos por los grandes beneficios económicos que dejan estas actividades ilícitas, u obligados a buscar ingresos de manera ilícita debido a la marginación y el desempleo. La enorme disparidad social explica la ira social contenida.
La reflexión final tiene que ser esperanzadora. Unidos gobierno y sociedad habremos de salir adelante de estos momentos difíciles por los que atraviesa nuestro país. La sociedad necesita una política de Estado que trascienda el plazo sexenal. México es más grande que sus problemas y México somos todos.