Graves afrentas
Raúl Jiménez Vázquez
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el reporte de las audiencias públicas que tuvieron lugar en la ciudad de Washington durante el 153 periodo de sesiones, cuyo propósito fue examinar la situación en materia de derechos humanos prevaleciente en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Argentina y otras naciones.
Cinco fueron los ejes temáticos abordados en el caso específico de nuestro país: programa nacional de derechos humanos; derechos humanos y megaproyectos empresariales; derechos humanos y protesta social; impunidad en relación con las violaciones graves a derechos humanos; y Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Los comisionados se mostraron especialmente preocupados por la creciente tendencia de las autoridades a limitar la libertad de expresión y el derecho humano a la protesta social, lo que está propiciando un ambiente de represión ciudadana que puede escalar con la aprobación de leyes restrictivas del espacio público para manifestaciones, la creación de tipos penales ad hoc para disuadir la presencia de inconformes en las calles y el uso abusivo, incluso criminal, de la fuerza pública.
Los altos personeros de la Interamericana también resaltaron la existencia de una conexión entre la impunidad de los crímenes de la guerra sucia y los trágicos acontecimientos de Iguala y Tlatlaya, ya que nadie ha sido condenado por los primeros, evidenciándose con ello que este fenómeno sigue siendo una constante estructural e histórica debido, entre otros factores, a la falta de voluntad para investigar y sancionar a los integrantes del propio aparato gubernamental.
Tal pronunciamiento no puede ser omitido o desdeñado pues al Estado mexicano se le está atribuyendo la delicada responsabilidad internacional de haber dejado impunes las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, perpetradas por el régimen en contra de opositores políticos a través del grupo de sicarios aglutinados en el cuerpo paramilitar Brigada Blanca, cuya sede operacional, según el informe histórico de la fiscalía de movimiento sociales, estuvo ubicada en el Campo Militar Número Uno.
Asimismo se le está reprochando severamente que el ataque a los jóvenes normalistas y el fusilamiento a mansalva ejecutado por militares en tierras mexiquenses son consecuencia del solapamiento de esas graves afrentas a la dignidad humana; postura que en lo esencial es afín a la proclama “¡fue el Estado!” que se ha hecho patente dentro y fuera del país.
Peña Nieto ha dicho que no tolerará la impunidad. Ésta es una oportunidad excepcional para hacer efectivas sus palabras. La investigación a fondo de los sucesos de Iguala y Tlatlaya y el juzgamiento de los abominables crímenes de la guerra sucia son un imperativo ético y jurídico impostergable. Ése es el camino a seguir para evitar la repetición de atrocidades similares.