El pasado lunes el exjefe policíaco guatemalteco Pedro García Arredondo fue declarado culpable y condenado por la justicia de Guatemala a 90 años de prisión como responsable de la quema de la embajada de España en 1980, cuando murieron 37 personas tras un operativo de las fuerzas de seguridad.

El tribunal declaró que por “unanimidad” encontró culpable a García Arredondo, den 69 años, quien ya cumple una condena de 70 años dictada en 2012 por el secuestro y desaparición de un estudiante universitario en 1980.

La embajada de España, la fiscalía había pedido 1.240 años de prisión contra el acusado, incluyendo 30 años por cada víctima, pero el tribunal resolvió unificar las penas -40 años por las víctimas en la embajada y 50 por el asesinato de dos estudiantes universitarios- en una condena total de 90 años de cárcel. En la resolución se le atribuyó la responsabilidad por la muerte de las 37 personas fallecidas en la sede diplomática, dos estudiantes universitarios asesinados dos días después, durante el sepelio de las víctimas, y también por el delito de asesinato en grado de tentativa de otras dos personas.

La jueza indicó que el tribunal llegó a la conclusión de que la explosión que originó las llamas en el interior de la sede diplomática fue causada por un cilindro de gas que un “agente cercano” a García Arredondo llevó al lugar, y no, como alegó la defensa, por bombas tipo molotov que portaban los ocupantes. Explicó que esa fue la razón por la cual las llamas se esparcieron rápidamente y provocaron la muerte “en pocos minutos” de 37 de los ocupantes.

En la tragedia sobrevivieron el embajador español Maximo Cajal y López y el campesino Gregorio Xuyá. Este último, con graves quemaduras, fue secuestrado por hombres armados de un hospital privado y posteriormente su cuerpo, con señales de torturas, fue lanzado frente a la Rectoría de la autónoma Universidad de San Carlos.

El próximo 31 de enero se cumplirán 35 años del hecho ocurrido durante el régimen del general Romeo Lucas (1978-82), uno de los períodos más sangrientos del conflicto armado guatemalteco (1960-96), simultáneo con la guerra interna que se vivía en otros países de Centroamérica.

Lucas era uno de los generales guatemaltecos contra los que la Premio Nobel de la Paz 1992, la dirigente indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, acusó, apelando a la justicia universal, por este y otros hechos mediante una querella planteada ante la Audiencia Nacional española en 1999. Lucas, sin embargo, murió de atrofia cerebral en Venezuela en 2006.

Durante la quema de la embajada española murió el padre de Menchú, Vicente, quien era un dirigente campesino. Junto a otros campesinos y estudiantes universitarios habían resuelto tomar la embajada de España para denunciar las matanzas de civiles indefensos en las montañas del departamento de Quiché (norte de Guatemala), a manos del ejército.