¿Ahora legalmente el gobierno venezolano podrá enfrentar e incluso asesinar a sus ciudadanos cuando éstos manifiesten su descontento ante su incapacidad? Es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos luego de la resolución que emitió el Ministerio de la Defensa boliviana.
En medio de la crisis política, económica y social, Venezuela aprobó la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015, que establece un nuevo modelo de control militar del orden público que incluye el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
Los especialistas señalan que las nuevas normas van en contra las garantías del artículo 68 de la Constitución, que señala “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La Ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Representantes de organizaciones no gubernamentales advierten que deben revisarse los puntos negativos de esta resolución ya que no distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas, más allá de definir escuetamente la violencia mortal como la “creación de una situación de riesgo mortal”.
Las garantías no parecen suficientes, pues apenas se indica que “cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable”, los militares deben tomar precauciones para reducir los daños.
Además, se desconocen los estándares internacionales, entre ellos el establecimiento en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, en 2009 “… dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la delincuencia en el ámbito interno”.
Lo que más preocupa es que la autorización de los militares para intervenir en protestas y usar armas de fuego mortales tiene vigencia inmediata. Hoy la pregunta de la ciudadanía es por qué el gobierno en lugar de preocuparse por aliviar la intensa crisis que golpea a su población, se dedica a reprimirla? ¿Por qué habiendo leyes que protegen la integridad de los ciudadanos, las violan?