¿El director de la Normal?
Manuel Nava
Acapulco.- “La situación está fuera de control. Aquí hemos tenido de siempre soledades, tristeza, pero nunca algo así. Es la tragedia de mi vida, el holocausto, lo peor”, fue una de las pocas declaraciones que a lo largo de los últimos cuatro meses hizo José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
“Póngase en los zapatos de quien lo ordenó, sólo en esa mente cabe algo así. Los que dieron la orden se mueven en la impunidad; este país está lleno de fosas. Hacen lo que quieren y cuando quieren”, siguió diciendo el mentor.
El 25 de septiembre de 2012, José Luis Hernández Rivera rindió protesta como director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ante Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero.
Es egresado de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero, con maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana y doctorado por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano, con más de 30 años desempeñándose como académico y directivo en la Universidad Autónoma de Guerrero y otras instituciones de educación media y superior.
Además fue académico de la Escuela de Enfermería Número 4, secretario académico del Comité Ejecutivo del STAUAG, integrante de la Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción del mismo STAUAG, director de la propia Normal Rural Raúl I. Burgos en el año 2005, y maestro y ponente en varios seminarios, cursos y foros temáticos.
Hernández Rivera dijo al asumir el cargo que es un honor trabajar en la escuela normal, por lo que buscará la manera de trabajar juntos y alcanzar las metas de la comunidad, de la normal y de la población. Todavía más, manifestó que su primera tarea en el interior del plantel educativo es “escuchar planteamientos, necesidades y establecer una nueva dinámica de trabajo con profesores, trabajadores y alumnos”.
Pero la problemática de Ayotzinapa no sólo es académica. Los estudiantes, en particular los miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, hablan de la historia normal rural como si fuera una cadena de asedios por parte del gobierno, pero también existen otro tipo de agresiones que se han registrado, de las cuales se habla muy poco, no obstante que en el tiempo actual serían un antecedente a lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala.
Vinculan Normal con carteles de narcotráfico
Dentro de las indagatorias del caso Iguala, existen datos y declaraciones vertidas por algunas detenidos que vinculan la normal y su dirección académica con carteles del narcotráfico. Existen hechos que permiten concluir que, por lo menos, existe una cadena de enfrentamientos entre los normalistas y los carteles en Guerrero.
Por ejemplo, la madrugada del 15 de noviembre de 2012, un grupo armado atacó un autobús donde viajaban tres normalistas, el chofer y su esposa, la altura de Tierra Colorada. Desde una camioneta Ram negra con vidrios oscurecidos dispararon al aire y obligaron al chofer a detener la unidad. Los normalistas regresaban de Atoyac, a donde condujeron a un grupo que participó en una marcha para exigir justicia en el caso de los dos estudiantes asesinados en la Autopista del Sol en diciembre de 2011. Omar Barrientos Pino, Gilberto Román Hernández y Yassaed Iván Montalvo Pineda fueron golpeados por ese grupo armado, el chofer les reclamó porque lo iban golpeando, y le respondieron que iban a quemarlos vivos a él y a los normalistas “por andar haciendo esas chingaderas”. La versión oficial fue que el autobús se volcó.
Otro hecho ocurrió en septiembre de 2014: un profesor comisionado para ir por los cheques de todos a la Secretaría de Educación —al cual denominan “habilitado” de la escuela— comenzó a recibir amenazas telefónicas: le exigían que entregara la nómina de la escuela para poder determinar la cuota que cada docente o empleado debía pagar.
El 15 de septiembre, dos individuos se presentaron a las puertas del plantel y le dijeron a la única empleada que quedaba que “venían por lo de la cuota”. “Incluso se sentaron a esperar un buen rato”, pero al ver que era cierto que el director no volvería, se retiraron. Una versión indica que las amenazas provenían del grupo delincuencial conocido como Los Ardillos.
Sidronio Casarrubias Salgado, del grupo delictivo Guerreros Unidos, al rendir declaración como detenido dijo que el académico permitió que se infiltraran integrantes de la banda de Los Rojos entre los estudiantes desde la escuela en Tixtla, antes de partir a Iguala el 26 de septiembre, donde fueron atacados a balazos.
En su momento, la respuesta de Hernández Rivera fue que los directivos y el personal no tienen conocimiento de nada de eso. En la escuela hay libre acceso a estudiantes, trabajadores, visitantes y la población de Tixtla que va a hacer ejercicios por las tardes, “pero no entran delincuentes”.
También rechazó que se diga que los normalistas llevaban armas en los dos autobuses en que salieron de la escuela el viernes 26 de septiembre rumbo a Iguala, porque según el estudio que se realizó, los disparos en las unidades del servicio público venían del exterior, no de adentro. “No había armas, fueron piedras contra balazos.”
Militares entran en la escuela
El 30 de enero de este año en conferencia de prensa Hernández Rivera denunció que, a las 10 de la mañana, unos 20 militares a bordo de una Hummer y una camioneta artillada entraron en la escuela y llegaron hasta el estacionamiento interno, ubicado a un costado del comedor estudiantil, aunque argumentaron que se habían equivocado de lugar, durante todo el trayecto los soldados tomaron video.
Esta acción los estudiantes lo consideraron como una intimidación y hostigamiento, toda vez que ya es la segunda ocasión que los soldados ingresan en la escuela, donde en la entrada hay un arco con un letrero grande que especifica que es la normal.
Sobre el mismo tema, Guillermo Hernández Castro, representante de los estudiantes, dijo que “es muy grave lo que está pasando en la escuela, no es la primera vez que militares merodean la normal. Ha habido varias ocasiones que han estado vigilando, no sabemos con qué fines o a quién tratan de localizar; lo que no queremos es llegar a un conflicto con ellos, porque a la escuela no pueden entrar ni la Policía Federal ni el Ejército”.
El jueves 22 de enero del año en curso, aproximadamente a las 13 horas, una comisión de aproximadamente 20 cetegistas, encabezada por la integrante de la Comisión Política, Antonia Morales Vélez, ingresó en la explanada de las oficinas centrales de la SEG, en Chilpancingo, donde se desarrollaba una reunión entre Salvador Martínez della Roca, secretario de Educación en el estado, y cien maestros y egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, la cual no pudo concluir.
Sin embargo, se dio un dialogo aunque ríspido entre el titular de Educación en el estado y los cetegistas. Morales Vélez arengó acerca de las consecuencia de la aplicación de la reforma educativa en Guerrero, que afectó a más de 11 mil maestros; también los invitó a unirse a la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
“Es necesario que nos vayamos a una lucha unitaria, todos juntos, hoy no nos alcanza el sector educativo para defender todo lo que nos viene, hoy tenemos que irnos con nuestros padres de familia, tenemos que irnos con toda la sociedad a defender las dos cosas que nos quedan: nuestro trabajo y nuestra dignidad. Lo demás, estos malditos [las autoridades] nos lo han arrebatado”, afirmó la cetegista
Otro de los cetegistas increpó a los maestros de Ayotzinapa diciéndoles: “¿No les da vergüenza, profesores de la normal? ¿No tuvieron ese pasado [histórico de represiones]? Se les ha olvidado, y al secretario de Educación creo que también se le ha olvidado, tenemos a 43 compañeros que son humanos y son gente, son del pueblo”.
Lo que está mal es el examen
Cuando Martínez della Roca tuvo oportunidad de hablar dijo: “que le quede perfectamente claro a todos ustedes y lo tengo hasta por escrito, que estoy en contra de la reforma de Peña Nieto; dos, estoy contratando a los que dicen ellos que no son idóneos, hasta la palabra me da asco, ya le mandé decir que yo voy a contratar a todos, porque de 5 mil que presentaron el examen, 4 mil reprobaron, eso quiere decir, no que tengamos 4 mil tontos, sino que está mal el examen”.
“Que quede claro que estoy perfectamente en contra de que se hagan evaluaciones a los niños de La Montaña igual que a los de Polanco, se los he dicho y he luchado por eso, a mí no se me olvida mi pasado, ni se me va olvidar nunca incluso el futuro, aquí hable usted si es tan amable con los chicos de la pedagógica [UPN] que están en su plantón y que los maestros los querían reprobar, si no se metió el secretario y les dijo: ‘no me van a reprobar a ningún muchacho, y los van a evaluar, pero en las mismas condiciones que están en el plantón’.”
Della Rocca ofreció transformar los estudios en Ayotzinapa para que tanto los profesores como los alumnos tengan estudios de posgrado.
Sin mayores contratiempos, los miembros de la CETEG se retiraron, pero minutos después llegó un grupo de normalistas para desalojar a todo el personal administrativo de las Oficinas Centrales de Educación Pública de Chilpancingo.
Otro dato que debe recordarse es que en junio de 2013, después del asesinato de Arturo Hernández Cardona, la Unidad Popular de Iguala y otras organizaciones guerrerenses, incluida la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, protagonizaron una protesta violenta frente al palacio municipal. El inmueble fue apedreado y pintarrajeado. A los manifestantes se les acusó por daños en propiedad ajena, que fueron valorados en 4 millones de pesos.
A las pocas horas de que la PGR dio a conocer su reporte con la conclusión de que los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, fueron privados de la libertad, asesinados, incinerados y sus restos arrojados a un río por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que incluye a policías de Iguala y Cocula, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, rechazó la versión de la PGR como la verdad histórica, pues “necesitamos una prueba técnica”.
Al día siguiente las oficinas de la delegación de la PGR en Chilpancingo fueron resguardadas por no menos de 400 elementos de la policía federal, y sus actividades prácticamente suspendidas. También varias dependencias suspendieron labores por el temor a las represalias o a la actividad que pueda haber entre los grupos movilizados en este tema, poco personal fue convocado a trabajar, a la mayoría se les ha dado el día de asueto, con ello señalaban como prioridad la seguridad de los mismos trabajadores.