Las autoridades no pueden fingir demencia
Raúl Jiménez Vázquez
En el reporte correspondiente al 153 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se consignó que la impunidad de los crímenes de la guerra sucia fue el caldo de cultivo de las barbaries de Iguala y Tlatlaya.
Al respecto, es preciso recordar que después de las masacres estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, el régimen optó por la vía del terrorismo de Estado e instrumentó una política de exterminio de opositores políticos sustentada en el tenebroso grupo paramilitar conocido como la Brigada Blanca.
Dicho agrupamiento estuvo integrado por miembros de distintas corporaciones civiles y militares. Su enfoque fue eminentemente contrainsurgente, es decir, se pusieron en juego tácticas y estrategias propias de la guerra de baja intensidad prescritas en los manuales de la CIA, de ahí la denominación de guerra sucia. Ello explica el por qué su coordinador fue un militar de carrera, el general Francisco Quiroz Hermosillo, y el que, según el informe final de la Femosp, cárceles fuera de todo control judicial y la sede misma de la Brigada hayan estado en Campo Militar número Uno.
Acorde con el informe en cita y a la recomendación 26/2001 de la CNDH, ahí se llevaron a cabo encierros ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias o extrajudiciales, todo lo cual se sumó a los fusilamientos masivos en las instalaciones militares de San Miguel de los Jagüeyes denunciados por el soldado Zacarías Osorio Cruz ante un tribunal canadiense.
Estas gravísimas violaciones a la dignidad humana no fueron objeto de sanción alguna, esto es, se hallan impunes, lo que lleva a pensar que gracias a un designio político superior los responsables gozan de una amnistía de facto que es claramente transgresora del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecida a raíz del histórico caso Barrios Altos del Perú.
La Comisión interamericana ya dio la voz de alerta y las autoridades no pueden fingir demencia. Tienen que retomar este escabroso asunto, concluir las investigaciones y ejercitar la acción penal, máxime que se trata de delitos que nunca prescriben. Para ello, se requiere que la Sedena ponga a la disposición de la PGR a los militares que formaron parte de la Brigada Blanca, haga entrega de los archivos correspondientes y facilite la inspección a fondo del Campo Militar número Uno y las instalaciones de San Miguel de los Jagüeyes. La aceptación de la revisión del cuartel de Iguala por los padres de los normalistas de Ayotzinapa y personeros de la CNDH evidencia que esta medida es enteramente factible.
No hay futuro digno posible sin un pasado debidamente saneado. Cerrar las hondas heridas que produjo la estúpida guerra sucia mediante la materialización del círculo virtuoso conformado por la verdad, la justicia y la memoria histórica es una prioridad política y humanitaria que no puede ser soslayada por el jefe del Estado mexicano.