A año y medio de acabe el sexenio

Nada me parece justo siendo contra mi gusto

Pedro Calderón de la Barca

 

Desde que se reestructuró la Suprema Corte de Justicia durante el sexenio de Ernesto Zedillo, poco a poco el Poder Judicial Federal se esfuerza para consolidar la autonomía concedida por la Constitución general de la República. Cada fallo, cada sentencia que emite el Poder Judicial Federal tiene el propósito de hacer realidad la autonomía. Se ha procurado defender esa autonomía y rechazar las influencias y presiones desde otros poderes, incluido, por supuesto, el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, nunca imaginó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Juan Silva Meza, que las presiones desde el Ejecutivo arreciarían cuando faltan diecisiete meses para que termine el sexenio.

Es cierto, cuando se preparaba el dictamen sobre la investigación de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, hubo acercamientos que más que de carácter argumentativo tenían el amenazante cariz de recordarles a varios ministros que su designación se la debían al Ejecutivo federal que elaboró las ternas. Mas cuando en lugar de exponer puntos de vista se les amenaza o se urden campañas de descalificaciones en los medios de comunicación.

Peor no es sólo el Poder Ejecutivo quien arma esas campañas. En algunos casos, los menos, por cierto, los intereses particulares arman insidiosas campañas para forzar decisiones a su favor.

No se trata, por supuesto, de impedir que las distintas partes en los conflictos que suelen llegar a la Suprema Corte de Justicia, a sus salas o al pleno, acudan a exponer sus puntos de vista a los ministros encargados de preparar los proyectos. Con frecuencia esos contactos son útiles para que los ministros conozcan más a fondo asuntos que suelen ser muy complicados, por involucrar áreas muy técnicas. No debemos escandalizarnos por esa práctica, común y legal en todas las Cortes constitucionales del mundo.

Lo inaceptable es que a veces desde el sector privado y, sobre todo, desde el Poder Ejecutivo se intenta presionar a los ministros de la Corte con amagos y veladas amenazas.

La autonomía de la Suprema Corte, nos gusten o no sus decisiones, es fundamental para la seguridad jurídica a que tenemos derecho todos los mexicanos. Los ministros están obligados a preservar esa autonomía constitucional.

Si esa actitud se acompaña de una enérgica limpieza de la casa del Poder Judicial, expulsando a los malos elementos, mediante procedimientos justos y legales, se irá consolidando como garantía del Estado de derecho. La solidez de ese Estado de derecho tiene que ser realidad con pleno ejercicio de la autonomía del Poder Judicial Federal, en sus facetas de administración de la justicia y de tribunal constitucional.

Sin respeto pleno a la ley, será inútil todo lo demás, pues la ley es la que permite que se resuelvan civilizadamente los naturales conflictos en una sociedad tan compleja como la nuestra.

Y sin respeto a la ley, México no tiene futuro.

jfonseca@cafepolitico.com