Barbarie de Iguala
Raúl Jiménez Vázquez
La desaparición forzada es uno de los más abominables ultrajes a la dignidad humana, uno de los más ominosos atentados a los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su regulación está contenida en dos tratados: la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas es el garante de la Convención Internacional. Está conformado por diez expertos de gran integridad moral y amplio reconocimiento en el campo de los derechos humanos y tiene como objetivos: I) examinar los informes sobre el grado de cumplimiento de los compromisos que deben presentar los Estados dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Convención, II) analizar las denuncias sobre desaparición forzada de personas que se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado, siempre y cuando éste haya reconocido la competencia de dicho cuerpo colegiado.
Con un retraso de más de dos años, el Estado mexicano remitió en marzo de 2014 el informe correspondiente, tildado de deficiente por algunas ONG. Tal documento es el eje de la evaluación que se está realizando en Ginebra desde el pasado 2 de febrero. Ahí afloraron las irregularidades previamente expuestas por Santiago Corcuera, único mexicano integrante de este órgano supranacional, en un foro de la cámara de diputados: ausencia de una ley general sobre desapariciones forzadas, carencia de una tipificación uniforme de este delito en todos los códigos penales, no reconocimiento de la competencia del Comité, vínculo entre el escalamiento de las desapariciones forzadas y la militarización de la seguridad pública, etc.
Los cuestionamientos en torno a ésos y otros temas fundamentales fueron enérgicos. Especialmente llamó la atención el hecho de que no se cuenta con un plan de retorno de los militares a los cuarteles, así como el indefendible pronunciamiento emitido por un subsecretario de la Cancillería en el sentido de que la investigación de denuncias individuales por parte del Comité es innecesaria en virtud de que nuestro país está sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La presencia de los representantes de los padres de los normalistas de Ayotzinapa fue el suceso memorable de la reunión ginebrina, quienes denunciaron la falta de justicia, acusaron al gobierno de incapaz y solicitaron a la ONU que lo presione para que diga qué fue lo que realmente pasó con sus hijos. Los personeros del organismo internacional les aseguraron que habrá una respuesta puntual a este reclamo.
Así pues, la barbarie de Iguala está ya en la mira de las Naciones Unidas y ello demuestra que la apuesta al olvido ha sido un magno equívoco que marcará en forma indeleble la actual administración.