Carlos A. Flores
El Comité contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas se ha ocupado, en la anterior semana, de examinar el grado de cumplimiento de México sobre los compromisos que ha asumido con relación a ese crimen de lesa humanidad.
La inconformidad de múltiples organizaciones no gubernamentales se ha externado con singular fuerza gracias el detonante de la aterradora historia de Ayotzinapa.
En la esfera internacional llama la atención que nuestro país, elogiado por múltiples reformas a su orden constitucional orientadas a la prosperidad, dinamismo económico y fortaleza de sus arcas públicas, haya desmoronado su imagen en los últimos cuatros meses por notorias violaciones a los derechos humanos. ¿Qué ha ocasionado este desastre?
El cuestionamiento central es por qué México no ha aceptado la competencia de este Comité de la ONU para permitir que fluyan en su seno múltiples denuncias sobre desapariciones forzadas.
Esta inexplicable omisión ha contribuido a la falta de credibilidad de las autoridades y no facilita entender qué tan comprometidas se encuentran en la protección de los derechos humanos. Sería encomiable que México finalmente aceptara la competencia de esta instancia de Naciones Unidas.
Un segundo e importante asunto es por qué se ha demorado tanto en armonizar la legislación nacional mexicana con los estándares internacionales que permitan la investigación y castigo eficaz por las desapariciones forzadas.
En el contexto actual, nuestro país ha tenido múltiples llamadas de atención: la más importante provino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal de San José, es preciso recordar, en 2009 pronunció un fallo histórico mediante el que se le condenó por el caso de Rosendo Radilla.
En uno de los puntos resolutivos, México fue constreñido a modificar el tipo penal que castiga la desaparición forzada. A pesar que múltiples iniciativas —encaminadas a satisfacer esta obligación internacional— se encuentran bajo estudio en el Congreso, no se ha generado el consenso parlamentario para aprobar estas reformas.
Nuestro país, que actualmente padece la baja de los precios del petróleo y un severo recorte presupuestal, se encuentra afectado también por la escasa credibilidad internacional con relación a sus investigaciones de las desapariciones forzadas. Un punto esencial consiste en fortalecer el registro sobre personas desaparecidas de manera que se facilite su búsqueda y localización.
La defensa de los derechos humanos es una asignatura que México debe aprobar para renovar su prestigio. Una sociedad moderna debe exigir que se cuente con los mejores instrumentos que garanticen seguridad pública y cero impunidad.
@CarlosAFlores