La tragedia exige pautas superiores
Raúl Jiménez Vázquez
El discernimiento de la verdad es uno de los problemas capitales de la epistemología jurídica. En su proyección práctica, tal actividad cobra una dimensión superlativa cuando se trata de establecer la verdad histórica de un suceso criminal de las dimensiones de la barbarie de Iguala, pues su extrema gravedad exige la aplicación de pautas cualitativamente superiores a las que normalmente se ponen en juego dentro de una averiguación penal ordinaria.
En un asunto de esta índole los estándares internacionales previenen que el compromiso con la verdad tiene que ser el hilo conductor de la investigación y ésta, por lo mismo, debe ser desahogada de manera absolutamente transparente e imparcial, alejada de cualquier consigna, dogmatismo, prejuicio o ánimo manipulador.
Para ello resulta imprescindible que la indagatoria sea integral, esto es, que no se descarte ninguna hipótesis, por absurda que parezca, y que su eventual desestimación esté sustentada en razones fundadas, motivadas, documentadas y susceptibles de evaluación y revisión crítica por cualquier interesado.
Las hipótesis determinadas como plausibles han de ser investigadas exhaustivamente haciendo alarde de una gran dosis de oportunidad, talento, visión, experiencia, intuición y sentido de la proactividad; acopiando todos los medios de convicción habidos y por haber, sin escatimar una sola de las pruebas científicas prescritas por las disciplinas forenses; y observando estrictamente las reglas inherentes a la cadena de custodia del material probatorio.
Las conclusiones tienen que ser creíbles, es decir, no pueden ser sacadas de la manga, sino que deben deducirse lógicamente del proceso de estudio y valoración de las pruebas, concretado en estructuras de razonamientos objetivos, congruentes, verosímiles, persuasivos y defendibles ante un auditorio ciudadano universal. A este respecto, es imprescindible echar mano de la teoría y los modelos de la argumentación jurídica.
La averiguación practicada por la PGR no se aviene a esos estándares supranacionales y por tal motivo la verdad histórica proclamada por su titular y el intento de cerrar el expediente a través del recurso burocrático del carpetazo fueron abiertamente rechazados por los padres de los normalistas de Ayotzinapa y un importante segmento de la opinión pública.
El déficit de la verdad en torno a la tragedia de Iguala es lo que explica y justifica el que, como nunca antes en nuestra historia reciente, el Estado mexicano esté ahora bajo la lupa convergente de tres organismos internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas y el Parlamento Europeo.
A ese escrutinio podría agregarse el de la Corte Penal Internacional si las autoridades siguen dando muestras de que no pueden o no quieren investigar y sancionar ejemplarmente este abominable crimen que agravia y ofende a la humanidad en su conjunto.