Entrevista a Angélica de la Peña/Senadora del PRD

Irma Ortiz

Luego de incumplirse el plazo que tenía el Congreso para votar el dictamen sobre la ley general de transparencia —7 de febrero—, persisten las diferencias entre los partidos. Existían alrededor de 80 diferencias que atoran la aprobación de la Ley de Transparencia, cuyos recientes cambios fueron propuestos en su mayoría por el PRI y el Partido Verde.

En el marco de las discusiones sobre la iniciativa, legisladores del PRD hicieron un pronunciamiento para exhortar a los grupos parlamentarios a respetar los acuerdos establecidos “y no aprobar regresiones en las leyes secundarias que limiten los alcances positivos logrados en la reforma constitucional en materia de transparencia”.

El PAN, a su vez, aseguró que va por una auténtica Ley de Transparencia y no una simulación “que deje zonas grises que puedan utilizarse para generar espacios de opacidad”.

La ley debe reglamentar la reforma constitucional promulgada en 2014, para ampliar la lista de sujetos que están obligados a transparentar su información, como los partidos políticos, los sindicatos, los ámbitos gubernamentales e incluso organizaciones no gubernamentales que tengan algún apoyo de recursos que provengan del erario, así como la ampliación de facultades del IFAI.

Con una larga carrera legislativa, Angélica de la Peña Gómez, secretaria de la comisión de Justicia del Senado —y titular de la Comisión de Derechos Humanos—umanosH, habla a Siempre! sobre los trabajos para sacar adelante la Ley de Transparencia.

Las rutas hacia la transparencia

¿Cómo van los trabajos en la Comisión de Justicia?

Tenemos en esta pluralidad del Senado y por supuesto en esta comisión de Justicia y otras que también trabajan en la revisión del dictamen de esta ley, que hay varias rutas en las que se trabajan, la que le digo tiene que ver con un mandato en un transitorio de la reforma constitucional de que impacte la ley secundaria; pero también en otra reforma, establecimos la creación de una fiscalía autónoma de anticorrupción, ésa es otra ruta. Hay una más que deriva del proceso de reforma en materia político electoral que también se configura un ente gubernamental que tiene que ver con la transparencia y con la anticorrupción y luego, en la Cámara de Diputados, hay otra iniciativa para crear un sistema nacional anticorrupción.

Hay una gran cantidad de asuntos que tienen orígenes distintos, que marcan rutas diferentes, pero todas van al mismo tema. Hoy estamos en esa discusión con las características particulares de cada grupo parlamentario, el enfoque que cada comisión le da y ahora nos encontramos con el enfrentamiento de quienes, aún con la reforma política general, quieren que la ley no sea tan amplia, que nos lleve a una total transparencia desde la ley.

Ley de transparencia, ¿puntos rojos?

En primer lugar, nos parece que si la Constitución mandata que tienes que transparentar, rendir cuentas de todas aquellas instituciones que tienen algún recurso público, no entendemos por qué la ley, en la última etapa, desde el PRI, se plantean ciertos requisitos adicionales para impedir que haya algunas instituciones del Estado que no están particularmente obligándose a transparentar y rendir cuentas.

Dos, habíamos establecido que hay efectivamente temas que tienen que ver con asuntos de seguridad nacional, por poner un ejemplo, que deben tener ciertos años de reserva y nos pusimos de acuerdo en que fueran cinco años. Después de ese consenso aparece otra iniciativa que nos cambia y le da más años a esa reserva o, por ejemplo, la constitución del comité de transparencia, en donde se propone que participen personalidades del ámbito gubernamental con derecho a voz, la consejería jurídica, representantes del Poder Legislativo, representantes del Poder Judicial, que son entes que van a tener que ser revisados y están obligados a cumplir estrictamente el mandato de la Constitución, para rendir cuentas de manera transparente sobre el ejercicio que recibe, cómo lo gastan, en qué, si fue etiquetado, cómo fue etiquetado, todo hacerlo público, para que cualquier ciudadana o ciudadano simplemente pida la información y pueda tenerla desglosada de cómo se gastó ese presupuesto.

Tener a entes que son a los que se tiene que revisar, nos parece totalmente inadecuado, ¿para qué los queremos ahí? Lo que tienen que hacer es asegurar, desde su normatividad, cómo tienen que transparentar el ejercicio de esos recursos y éstos ser conocidos por cualquier persona.

Configurar violaciones a derechos humanos

Estas reservas que se plantean, ¿cómo afectan investigaciones como el caso Tlatlaya?

Tlatlaya es muy importante, la anterior Comisión de los Derechos Humanos había aceptado intrínsecamente la reserva que el gobierno determina respecto del expediente de Tlatlaya. Esta nueva presidencia de la CNDH lo que corrige de esa recomendación es, ni más ni menos, la configuración de que esos delitos son violaciones graves a los derechos humanos. Pareciera que eso no es importante, muy poca gente se percató de la trascendencia de esa configuración, porque el solo determinar que son violaciones a los derechos humanos, automáticamente obliga a que el expediente se abra, y al hacerlo puedes conocer todas las averiguaciones y las investigaciones de quienes de una u otra manera participaron, eso es transparencia, claro que sí.

Así, vamos a ver qué pasó exactamente a partir de lo que dijeron las testigos, lo que plasmaron los propios soldados, una declaración, otra declaración, cómo encontraron el lugar, quiénes llegaron primero, que pasó con la cadena de custodia, porque no hay que olvidar que en el caso Tlatlaya ya teníamos en el marco jurídico reformas muy importantes que le hicimos al Código de Justicia Militar —impulsadas por el Senado—, que establecen que todos los hechos en donde participa un civil, dejan de ser competencia del ámbito militar, y a lo que están obligados los militares es a hacer una cadena de custodia de los hechos, hasta que llegue la autoridad civil.

Ahora tenemos posibilidades de saber exactamente qué fue lo que pasó, finalmente el objeto de la transparencia es conocer la verdad.

¿Hasta dónde ve la voluntad del PRI-Verde, para avanzar en la aprobación de la ley?

Estamos frente a un problema, no hay lugar a dudas. Una parte de quienes trabajamos en el dictamen de la ley, de manera consensuada pensamos que debe concretarse el dictamen como lo trabajamos colegiadamente. ¿Quiénes coincidimos?: el PRD y el PAN; ¿quiénes nos agregan algunos asuntos no contemplados en el trabajo del dictamen?: el PRI con el Partido Verde, y en ese momento estamos ahora.

Vamos a revisar, ya a destiempo, porque tenemos una vacatio legis, que terminó recién, y ya desfasados, vamos a tener que volver a discutir lo que aparece de la noche a la mañana en el anteproyecto de dictamen, todavía no era el dictamen, pero hay un acuerdo colegiado, trabajo muy importante, donde los equipos técnicos de todos los grupos parlamentarios de las comisiones, habíamos trabajado de tal forma que tuviéramos un consenso, para cumplir con el mandato de la Constitución.

En el ínter, que además se interrumpe el proceso, y finalmente se establece que está desierto y se va a tener que hacer otra convocatoria para convocar a quienes aspiran ser considerados como fiscal en la fiscalía anticorrupción.

Los obstáculos para la transparencia

Se ha señalado que en dos semanas ya tendríamos noticias…

En la realidad, hay obstáculos. No exagero al señalar que éstos tienen como cometido ofrecer resistencias para lograr que la ley sea clara y precisa, para que el país, con ese marco jurídico, llegue a un estadio en donde finalmente logremos este avance hacia que la transparencia y la rendición de cuentas sean preceptos que están ejerciéndose en el país. Los obstáculos son, ni más ni menos, seguir trabajando para impedir que las cosas cambien.

¿Se logrará en dos semanas?

Espero que no, por dos razones. En primer lugar porque tenemos un mandato constitucional y este mandato constitucional nos lleva a una exigibilidad judicial, en determinado momento que se imponga aquí una mayoría que vaya en contra de la Constitución, entonces tendríamos que entrar a un ámbito de judicialización ante una ley que quiera imponerse y que vaya en contra del precepto constitucional. Hay que cuidar que eso no acontezca, porque si lo quieren hacer, evidentemente la ley será inconstitucional, nuestro marco es claro, el piso mínimo que tenemos es el que señala la Constitución, hacía arriba todo lo que sea, hacia adelante, hacia avanzar; hacia abajo nada, ése es el piso que tenemos. Si se ponen de acuerdo y crean una mayoría para imponernos una ley que vaya en contra del precepto constitucional, que rebaje el precepto constitucional, estamos ante un problema grave de inconstitucionalidad, nos vamos a un proceso de judicialización, para insistir en que se vuelva a la Constitución.

Dos, hay una opinión pública que cada vez es más fuerte, que cada vez está más informada, y el ambiente en el país, afortunadamente, es muy exigente de que avancemos hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. Por desgracia, también hay que señalarlo, ese ambiente derivó de situaciones de hartazgo de la gente, me parece que no debimos haber llegado a ese nivel, pudimos haberlo prevenido y haber dado el paso de cambiar muchas cosas. Tenemos que dar esos pasos, porque la sociedad cada vez soporta menos y el deterioro de la clase política, lo sabemos, es cada vez más endeble, la gente ya está enfadada de la clase política. Ese hartazgo que se expresa de muchas maneras, tiene una razón de ser y por lo tanto hay que atender, para que haya un ambiente distinto en el país, porque no le sirve al país ese tipo de ambiente.

Retos y costos

Ante las exigencias de la ciudadanía, sería una oportunidad de demostrar que hay voluntad política…

El gobierno como todos los gobiernos en el mundo tiene retos y los costos siempre van a ser menores cuando se ve hacia adelante que los costos de seguir manteniendo situaciones que cada vez son más insostenibles y que están llevando a un deterioro al país. Coincido en que el gobierno tiene que dar ese paso entendiendo que los cambios nos obliguen a que todos cambiemos, porque tenemos que cambiar. Hay quienes actúan por omisión, otros sin dar importancia, hay quienes actúan afectando reglas de manera involuntaria, hay quienes lo hacen voluntariamente y con toda alevosía; otros actúan de manera corrupta y están amparándose en la impunidad, que por desgracia se ha construido en el país durante tantos y tantos años, esto no es nuevo.

El problema que tenemos ahora es que ya el país no aguanta que este estado de cosas siga imponiéndose, a una realidad cada vez más complicada para muchísimas familias, los recursos del erario, las acciones gubernamentales, todo lo que obligadamente tenemos que hacer quienes tenemos una responsabilidad como funcionarios públicos, cualquiera que sea el poder en donde trabajemos, el Legislativo, el Judicial o el Ejecutivo, tenemos que responderle a quienes están esperando que actuemos sirviendo como la ley lo establece.