CRÓNICA
Se insiste en el boicot
Manuel Nava
Acapulco.- Mientras los partidos políticos se enfrascan ya en actividades buscando el voto de la población, las agrupaciones que integran la Asamblea Nacional Popular, en Guerrero, van trabajando la ruta para erigir concejos municipales paralelos y llaman a la población, en el menos peor de los casos, a no votar.
De acuerdo con las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), “a pesar de que las condiciones en Guerrero están difíciles y complejas, la elección del 7 de junio se llevará a cabo.”
Sin embargo el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que en seis de los nueve distritos electorales están tomadas sus oficinas y en ese contexto aprobó 14 medidas extraordinarias para capacitar al personal y a los funcionarios de casilla.
En realidad, el problema no es sólo de logística, organización y resguardo policiaco, sino que la amenaza socava el sistema político electoral ya que no sólo existe una marcada indignación social sino que se percibe una pérdida de representatividad social tanto por los partidos políticos como por sus abanderados y otra fuerza política que en, por los menos las dos últimas décadas, ha venido ensayando la construcción de un poder de facto, paralelo al institucional.
El caso de Iguala en donde la noche del 27 de septiembre fueron atacados estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y desparecidos 43 de ellos, ha sido sin duda el detonante de las movilizaciones y la exhibición de la larga estela de corrupción a partir de la cual el narcotráfico fue ganando no sólo terreno geográfico sino también político.
El 15 de octubre de 2014 se integró la Asamblea Nacional Popular (ANP) con 53 organizaciones sociales y estudiantiles del país, dentro del territorio Ayotzinapa.
Sus primeras acciones fueron:
- Exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala y justicia para seis asesinados, hoy tomarán los 81 ayuntamientos del estado de manera indefinida, hasta que aparezcan los estudiantes.
- La destitución y juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero, al presidente municipal con licencia y prófugo José Luis Abarca Velázquez y a su esposa María de los Ángeles Pineda, y castigo a los responsables de la masacre de seis personas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
- Generar condiciones para la desaparición de poderes en el estado por la omisión y complicidad de las autoridades con el crimen organizado.
Ultimátum
Además pidió a las organizaciones y a la población de todo el país a realizar paros estudiantiles, bloqueos, tomas de casetas, de plazas públicas, cierre de refinerías y a bloquear aeropuertos.
Ramos Reyes Guerrero secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) fue quien convocó a la reunión con el propósito de integrar la ANP y advirtió: “Hacemos un ultimátum a los tres poderes del Estado para que presenten con vida a nuestros 43 compañeros desaparecidos, y en caso de no haber respuesta, vamos a generar las condiciones para tomar las tres sedes del poder”.
Y fue desde la séptima asamblea que se mostró una ruta agresiva para construir el poder dual en Guerrero:
- La presentación con vida de los 43 Normalistas de Ayotzinapa,
- El castigo a los responsables de esta desaparición y los asesinatos perpetrados contra nuestros compañeros.
- La caída inmediata de Enrique Peña Nieto, porque no representa los intereses y las aspiraciones del pueblo mexicano.
- La libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos.
- El retiro inmediato del Ejército, la Marina, la Gendarmería Nacional y todos los cuerpos policiacos del estado de Guerrero, ya que su presencia ha generado mayor inseguridad y represión contra el pueblo.
- La derogación de las reformas estructurales.
- Por una nueva Constituyente y una nueva Constitución, por el poder popular.
En concreto en este último fue claro que la ANP se pronuncia por el boicot a las elecciones 2015, para lo cual hizo un llamado al pueblo mexicano a preparar las condiciones en cada municipio, en cada estado y a nivel nacional, para hacerlo efectivo. En lo inmediato todas las organizaciones, asambleas, sindicatos, colectivos que forman parte de la ANP estarán consultando a nuestras bases para definir una ruta específica sobre el boicot al proceso electoral.
Aparentemente, al inicio del año se decidió cambiar el boicot por el llamado a no votar, sin embargo los documentos más recientes de la ANP muestran otras rutas, por ejemplo, el 31 de enero en la X Asamblea Nacional popular se acordó: reafirmar la postura de boicot al proceso electoral en Guerrero y todo el país. Demandar alto a la militarización del estado y del país: que regrese el ejército a los cuarteles y la presentación con vida de todos los detenidos desparecidos y libertad de todos los presos políticos.
Luego, durante el 5 y 6 de febrero, allá mismo en Ayotzinapa se efectuó la Convención Nacional Popular cuyos acuerdos, los que trascendieron, fueron: ratificar que la demanda principal del movimiento social es la presentación con vida de los 43 alumnos detenidos-desaparecidos en Iguala; la derogación de las reformas estructurales, y el desconocimiento del presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, se sabe que en al menos 20 municipios ubicados en las regiones Costa Chica, Centro y Montaña se están buscando ciudadanos para integrar los llamados concejos municipales, con los cuales se busca construir el llamado poder popular.
El boicot
El 15 de febrero, la Asamblea Municipal Popular de Chilpancingo sesionó en el auditorio José Inocente Lugo, en posesión de la Ceteg desde octubre de 2008, y acordó buscar a personalidades de la sociedad civil para que ocupen los cargos en el futuro concejo municipal popular, que sustituirá a las actuales autoridades municipales.
Incluso Walter Emanuel Añorve Rodríguez, representante de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en Acapulco y vocero del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), dijo que aunque los partidos hayan nombrado a sus aspirantes a gobernador, los asistentes criticaron el sistema de partidos, por lo que se propuso que se convoque a la ciudadanía de Guerrero a un boicot de las elecciones del próximo 7 de junio.
Los hechos en el ámbito partidista y electoral del estado parecen abonar en favor de esta postura. Por ejemplo, en sus primeras presentaciones, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, candidato de Morena a la gubernatura, recibió una y otra vez reclamos de que en él se reproducen los vicios que afectaron la izquierda del PRD: acarreo de militantes, boicot a eventos —por ejemplo, a esa misma asamblea— y lo peor, la designación de candidatos por contacto con las cúpulas dirigentes y no con la ciudadanía y la militancia.
Óscar Chávez Rendón, dirigente de Izquierda Democrática Nacional (IDN) en Guerrero, afirmó que en este momento “no hay un total reconocimiento” a Beatriz Mojica Morga como candidata por el PRD a la gubernatura, pues su nominación fue una imposición de Nueva Izquierda, y “para que haya un reconocimiento primero tiene que haber unidad”.
Chávez Rendón llamó a la formación de un frente opositor no contra la candidata, “sino contra Los Chuchos, quienes quieren acabar con el PRD y pretenden entregar el estado al PRI.
Entre dimes y diretes
Otro hecho fueron los dimes y diretes entre la dirigencia nacional del PRD y Bernardo Ortega Jiménez, coordinador del Congreso estatal y aspirante a diputado federal, el cual no fue incluido en las candidaturas por sus presuntos nexos con el narco. Ortega Jiménez es oriundo del poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, bastión del grupo criminal denominado Los Ardillos y ciertos señalamientos indican que sus hermanos Sergio y Antonio son quienes dirigen al grupo.
El diputado fustigó a través de su cuenta personal de Facebook la decisión del comité nacional de su partido; escribió el siguiente mensaje: “Está cabrón esto, necesita uno ser gusano para que puedas ser tomado en cuenta, lástima de mi partido PRD, compañer@s esto no termina aquí vamos pa delante, habrá más oportunidades, éxito para el 2015 candidat@s”.
Otras versiones indican que sicarios al servicio de la familia Ortega Jiménez mantienen una confrontación con remanentes de la pandilla de Los Rojos por el control de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo.
Esta brutal disputa por el corredor de droga que conecta la región Centro con la Montaña, ha provocado brotes de inconformidad social y el surgimiento de grupos de autodefensa donde los ciudadanos han tenido que tomar las armas para defender su vida y patrimonio ante la criminal indolencia gubernamental.
Esa confrontación estaría derivando en la división entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UOPEG), y el Frente Unido de Seguridad para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg), cuyo contingente ya se enfrentó al ejército en Petaquillas a finales de enero.
Crescenciano Ramírez López, dirigente del Fsudeg, advirtió que en su zona de influencia no habrá elecciones el próximo mes de junio. Tierra Colorada, Acapulco rural y Chilpancingo son las áreas donde la organización tiene presencia. La determinación es no permitir que en los pueblos que quedan en sus perímetros los candidatos realicen campañas electorales.
Guerrero continúa viviendo una situación compleja en muchos sentidos. Lo de Iguala fue solo un detonante y las movilizaciones comandadas por el magisterio son un catalizador. Hay otro poder que busca construir una dualidad y va en pos de ello.