Entrevista a Virgilio Andrade/Secretario de la Función Pública
Moisés Castillo
En la política mexicana hay que confiar, pero sin fiarse. Y éste es el actual dilema de la sociedad: confiar o no confiar en la clase política. El gobierno de Enrique Peña Nieto arrancó vertiginosamente como un huracán, pero poco a poco se quedó estático, sin respuestas contundentes ante casos polémicos como el de las casas de Grupo Higa.
Tan sólo hay que leer la declaración que hizo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al Financial Times para saber que al gobierno federal le urge recobrar la confianza ciudadana: “No todo puede ser reformas, reformas, reformas. Necesitamos atender lo que es realmente importante para la sociedad mexicana, que no es la corrupción y la transparencia. Va más allá de eso: es un tema de confianza”.
Puntos de vista
En este sentido, el presidente de la república nombró a Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública, para investigar si hubo conflicto de interés en los inmuebles que él, Angélica Rivera, su esposa, y el secretario de Hacienda adquirieron a empresas contratistas, entre ellas a Grupo Higa, que se vio favorecida con contratos durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, así como en la actual administración federal.
“Habrá interés en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño de su cargo… Las contrataciones se sujetan a los procedimientos que marca la ley y en ninguno participa el presidente de la república; siempre me he conducido con apego a derecho, el presidente no adjudica contratos y, no obstante, los señalamientos señalaron algo indebido, algo que no ocurrió”, aseguró el Ejecutivo federal.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos respaldó las acciones ejecutivas para combatir la corrupción y evitar los conflictos de interés.
“Las medidas anunciadas por el presidente Peña Nieto van en línea con las mejores prácticas internacionales y nos complace haber colaborado en su definición. Estamos listos para seguir cooperando para lograr una efectiva implementación de estas acciones que redunde en la confianza en las instituciones”, expresó el director de Gobernabilidad de la OCDE, Rolf Alter.
Por su parte, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, sostuvo que la Función Pública no cuenta con los elementos suficientes para hacer esta investigación.
“Es una mala broma del Ejecutivo federal. Creo que quien fue designado no tiene las facultades, no hay la voluntad de investigar cuando pone a sus cuates a investigar, nunca se va a encontrar nada y lo peor es que lo diga; eso deja mal parado al presidente y debería reconsiderar su nombramiento.”
Parte de mi filosofía personal
En entrevista para Siempre! Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, afirma que el presidente no contaba con las herramientas suficientes para aclarar el presunto conflicto de interés.
“Es necesario decir que el presidente echó mano de lo que tenía de inmediato, lo que podía hacer en términos de su propia esfera y competencia. Su competencia está en delegar funciones a las secretarías. La Secretaría que tiene a su cargo realizar investigaciones vinculadas con conflicto de interés, con legalidad de contratos entre privados y gobierno, y con patrimonios es la Función Pública.”
Conocemos su trayectoria académica y profesional, ¿por qué aceptó esta encomienda espinosa del presidente Peña Nieto?
Porque en la vida profesional pública las responsabilidades se toman de inmediato, es parte de una filosofía personal. En ese sentido, el reto de encabezar una secretaría forma parte de dicha convicción, así como la propia ética pública. Además de honrar una circunstancia muy específica del gobierno.
Se destacó mucho el “momento mexicano”. Sin embargo, con el caso Iguala y las casas de Grupo Higa, se esfumó… ¿está consciente de la magnitud del reto?
Por supuesto. México tiene, históricamente hablando, un tránsito en el cual tenemos contrastes permanentes. Es el tipo de país en el que vivimos, y eso ha propiciado que cada gobierno tenga sus momentos críticos. En términos de confianza y también en términos de complejidad. Ésta es la circunstancia que rodea el inicio de la nueva etapa de la Secretaría de la Función Pública. Es importante cumplir con la responsabilidad principal que radica en establecer las mejores medidas y prácticas para un buen control del gobierno.
Tiene escasos 20 días al frente de la Secretaría, ¿cuáles son las líneas de investigación que se perfilan para saber si hubo conflicto de interés o no?
Estamos en una etapa en donde la Secretaría está estudiando las diligencias, los procesos y las preguntas que se van a hacer a quienes son actores de este caso. En específico al presidente de la república, al secretario de Hacienda y a la primera dama. También a las dependencias y secretarías que firmaron contratos con las empresas, que en el pasado tuvieron las transacciones de los inmuebles. Y desde luego quienes forman parte de las empresas.
¿Existe alguna fecha estimada para que se dé a conocer el resultado de la investigación?
Los tiempos se agotan en función de la exhaustividad de las indagatorias. Por supuesto que existe conciencia de que se tiene que dar lo más rápido posible.
Analistas coinciden en que este encargo del presidente carece de imparcialidad: el gobierno se investiga a sí mismo. La prensa escrita, sobre todo, fue muy dura con usted. Los moneros lo dibujaron como un “títere”, ¿qué opina al respecto?
El presidente de la república no puede encargar este asunto a otro poder ni a otra instancia. Lo que existe hoy es la Secretaría de la Función Pública. Evidentemente las críticas y las opiniones que se han vertido ya tienen que ver con el modelo institucional. Son críticas que seguramente serán tomadas en cuenta por el Poder Legislativo.
¿Cómo va el proceso de formar el Comité Supervisor de la Investigación? ¿Qué perfiles y nombres están en la lista?
Es importante que sean personas con un alto nivel técnico y conocedor de la materia, y con credibilidad. Más que nombres se están buscando referentes institucionales de abogados, contadores, auditores y, en su caso, universitarios.
¿Se investigarán otras faltas aparte del conflicto de interés?
Efectivamente, los asuntos por investigar tienen que ver con tres situaciones: conflicto de interés, legalidad de los contratos firmados entre el gobierno y los empresarios, la evolución patrimonial de los servidores públicos.
Habrá investigación exhaustiva
A raíz del caso Higa, el propio presidente hizo públicos sus bienes patrimoniales como una respuesta a este hecho polémico, pero ningún secretario de Estado lo hizo, nadie siguió el ejemplo. ¿Usted propondrá que los integrantes del gabinete hagan publica su declaración patrimonial?
Ése es un asunto también a debate. Es evidente que la opinión pública pide y demanda que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales, por ley existe el derecho de hacerlo o no. Desde luego es un tema a debatir.
Se habla mucho de que el resultado ya se conoce: nadie es culpable. El proceso de la investigación toma mucha relevancia, ¿cuenta con todas las herramientas para inyectar credibilidad al mecanismo de investigación?
Asumo la responsabilidad de llevar de manera exhaustiva la investigación, de estar en todos los rincones de los sucesos que han pasado, y poner en términos de legalidad lo que sucedió para que quede el asunto a la luz pública de forma permanente, y además deje lecciones importantes para mejorar las instituciones en materia de gobierno transparente y eficaz.
Legal, la existencia de la Función Pública
¿Cuenta con todo el apoyo de las demás dependencias de gobierno?
Absolutamente. Son las responsables de haber realizado las contrataciones con el sector privado y las empresas.
Peña Nieto revivió la Secretaría de la Función Pública, luego de que desapareciera la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿se tiene que legalizar la secretaría?
Es legal la Secretaría de la Función Pública, porque en diciembre 2012 se estableció un régimen transitorio en el que se señala que mientras no estuviera funcionando la Comisión Nacional Anticorrupción, permanecía la Función Pública. Su permanencia es legal. Desde luego que habrá en su momento una reforma a la ley orgánica para quitar esta condición y permanezca la secretaría.
En este sentido, ¿urge crear un sistema nacional anticorrupción, que está atorado en el Congreso?
Continuar frenando los caminos de corrupción siempre trae como elemento positivo el hecho que se debata en otras instancias como en el Congreso, es vital y relevante. Y seguramente surgirán instituciones muy favorables para terminar con este mal.
¿Qué lecciones nos puede dejar este caso, sobre todo para que no vuelva a ocurrir?
Todo lo que ha solicitado el presidente y los hechos mismos sí dejan la tarea de profundizar y mejorar las reglas para evitar situaciones vinculadas y aparentes de conflicto de interés para dar más confianza a la gente. Existen mejores prácticas internacionales al respecto, en todo el mundo se discuten los mismos temas y es importante tomar lecciones del mundo global para incorporarlas a nuestras propias leyes. Hay que tener una mejora sustantiva en los regímenes de contrataciones del gobierno con el sector privado.
Aparte de esta encomienda presidencial, existen otros casos de conflicto de interés y de corrupción, ¿qué cambios impulsará a corto plazo en el campo de la administración pública?
En primer lugar incorporar en situaciones declarativas de carácter patrimonial algunos asuntos de conflicto de interés, evolucionar ciertos códigos de ética para que no sólo sean principios sino protocolos de comportamiento por parte de quienes estén en el gobierno o en la administración pública. Evidentemente, impulsar una relación permanente con la sociedad para que los ciudadanos también acompañen, a través de algunas figuras como testigos sociales, los procesos de contratación y de administración del gobierno día a día. Es importante impulsar mecanismos para que la sociedad pueda evaluar lo que hace el gobierno más allá de las denuncias.