ONU: desapariciones forzadas son práctica generalizada
Raúl Jiménez Vázquez
Impactante y verdaderamente estrujante es el informe derivado de la evaluación realizada por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Sin escatimar palabras, dicho cuerpo colegiado concluyó que las desapariciones y la impunidad de los responsables son una práctica generalizada y que por ende el Estado mexicano ha incumplido los deberes jurídicos que asumió al ratificar la convención internacional de la materia.
A fin de superar este escenario catastrófico, en el informe se contienen diversas recomendaciones cuya solventación deberá ser reportada a más tardar el 13 de febrero del 2016, tales como: I) aceptación de la competencia del Comité para examinar casos individuales, II) emisión de una ley general sobre desapariciones forzadas, III) creación de un registro nacional de desaparecidos, IV) investigación y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas perpetradas durante la guerra sucia, V) prevención, investigación y castigo de las desapariciones de migrantes, VI) sanción a los superiores jerárquicos en virtud de la responsabilidad por cadena de mando.
La tragedia de los muchachos de Ayotzinapa no pasó inadvertida en Ginebra, fue considerada como la máxima expresión de esta patología y propició la emisión de un señalamiento en el sentido de que: I) las autoridades están obligadas a investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, a agotar todas las líneas de investigación y a dar intervención en la búsqueda a los familiares de las víctimas, sin que esto les atribuya la responsabilidad de producir las pruebas necesarias para el debido desarrollo de la indagatoria, II) asimismo deben abstenerse de realizar declaraciones que pudieran descalificar, estigmatizar o poner en riesgo a los allegados de las personas desaparecidas o a sus defensores.
Tal percepción coincide con la de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigarán la tragedia de Iguala, quienes desde Washington ya hicieron saber que no asumirán la tesis oficial de la masacre de los normalistas en el basurero de Cocula impulsada por la PGR, que procederán con absoluta autonomía e independencia y que mientras no se sepa cuál fue el destino de los normalistas, el caso será manejado a la luz de los parámetros inherentes a una desaparición forzada.
Todo lo anterior conforma una desastrosa radiografía internacional que de ninguna manera puede ser soslayada; empero, el gobierno federal ha optado por el recurso de la descalificación mediática y está dando muestras de su escasa voluntad política de hacer suyas las medidas dispuestas por las Naciones Unidas.
Esta increíble postura tal vez será abandonada una vez que la sociedad conozca el informe del Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en el que se asienta categóricamente que la tortura es también una práctica generalizada en nuestro país.