Es acusado de homicidio intencional calificado, el policía que acabó con la vida de un adolescente de 14 años que ocurrió este martes, durante las manifestaciones en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela, indicó la fiscal general de ese país, Luisa Ortega.
“Este efectivo policial de la Policía Nacional Boliviana fue presentado ante el tribunal de control y el Ministerio Público le imputó los delitos de homicidio intencional calificado con un agravante previsto en la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes”, aseguró Ortega en una entrevista con el canal privado Venevisión.
La fiscal dijo que al policía Javier Mora, de 23 años, que disparó munición de goma contra el adolescente Kluiverth Roa, se le imputó el delito de “uso indebido de arma orgánica” y de “quebrantamiento de pactos y convenios internacionales”.
Explicó que para este caso fueron designados dos fiscales nacionales especializados en temas de adolescentes y derechos fundamentales y que en las próximas horas, como parte de la investigación, se hará una reconstrucción de los hechos por los que serán entrevistados algunos testigos.
Agregó que los hechos ocurridos en Táchira por las manifestaciones hay nueve personas detenidas; no especificó si se trata de manifestantes, agentes de seguridad, o ambos.
Dijo también, que como fiscal hizo una recomendación respecto a la reciente resolución del Ministerio de la Defensa que permite el uso, en última instancia, de armas de fuego para controlar manifestaciones públicas e instó a todo el pueblo venezolano y a los policías a actuar moderadamente, con control y evitar las acciones de violencia.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió sus condolencias a la familia del joven y condenó su asesinato durante un hecho de violencia, dijo, en el momento en el que un grupo de muchachos con capucha, estaban en actividades de protestas y de generación de violencia.
Interviene Amnistía Internacional
A un año de las multitudinarias manifestaciones que dividieron Venezuela, el informe anual de Amnistía Internacional es una radiografía de la violencia por la que atraviesa el país en medio de la restricción de la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, acoso y tortura a la oposición, y uso excesivo de la fuerza.
Al menos 43 personas perdieron la vida y más de 870 fueron heridas durante las marchas a favor y en contra del Gobierno entre febrero y julio del año pasado, y más de 3 mil personas fueron arrestadas; a fines de 2014, 70 personas aún continuaban detenidas.
En su informe de este miércoles, un día después del asesinato del joven en manos de un policía, la organización en defensa de los derechos humanos destaca que “las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar las protestas” y alerta sobre el “uso de munición real a corta distancia contra personas desarmadas” o de “gas lacrimógeno y balas de goma en espacios cerrados”.
Amnistía recuerda, entre otros abusos, el caso de la estudiante Geraldín Mortero, que en febrero de 2014 recibió un disparo de una bala de goma a corta distancia y murió tres días después.
Luego de advertir sobre las decenas de detenciones arbitrarias que se produjeron en el último año, Amnistía expresó preocupación por las denuncias de actos de violencia y torturas cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.
En Táchira, al menos 23 personas han sido detenidas en operaciones conjuntas de la Guardia Nacional y el Ejército en la ciudad de Rubio.
“Mientras se encontraban bajo custodia, indica el informe, recibieron patadas, golpes y amenazas de muerte y de violencia sexual. Todas las personas detenidas, hombres y mujeres, permanecieron recluidas varias horas en la misma habitación con los ojos vendados. Podían oír cómo eran golpeadas las personas que tenían al lado. Al menos a una de las personas detenidas la obligaron a mirar cómo otra recibía una paliza. A Gloria Tobón la empaparon con agua y le aplicaron descargas eléctricas en brazos, pechos y genitales. La amenazaron y le dijeron que la iban a matar y a enterrar en pedazos”; hasta finales de 2014, la investigación sobre estas denuncias no había concluido.
Además, Amnistía dedica un apartado sobre Venezuela a denunciar las detenciones de representantes de la oposición, en un sistema judicial “sujeto a injerencias gubernamentales”. La más referida, la del líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, en la cárcel desde hace un año.