ONU critica severamente desapariciones forzadas

 

Raúl Jiménez Vázquez

“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.

Ésta es la conclusión categórica plasmada en el informe del relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, resultante de la visita practicada del 21 de abril al 2 de mayo de 2014.

Ahí se urgió al Estado mexicano a reconocer públicamente la dimensión de esta gravísima patología y enviar enérgicos mensajes a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que todo acto de tortura o maltrato será seriamente investigado y castigado conforme con la normatividad internacional, constitucional y penal.

Dicha medida debe ser complementada con otras más que se explicitan a lo largo del texto jurídico humanitario en cita: I) adopción de todas las medidas que sean necesarias para prevenir y castigar severamente las represalias contra quienes denuncien los atentados contra su integridad, sus familiares, representantes y defensores, II) expedición de una ley general donde se tipifique la tortura con arreglo a los más altos estándares supranacionales, III) restricción de las detenciones sin orden judicial a los casos de flagrancia, IV) eliminación definitiva del arraigo y la prisión preventiva oficiosa.

Asimismo se dispuso la necesaria ejecución de tres acciones de capital importancia: investigación exhaustiva de las torturas infligidas a opositores políticos durante la guerra sucia y enjuiciamiento de quienes ordenaron, consintieron o no evitaron su perpetración; retiro definitivo de las fuerzas militares de las labores relacionadas con la seguridad pública, por ser éstas propias e indelegables de las autoridades civiles; y reconocimiento pleno e incondicional de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, para lo cual es preciso reformar el artículo 21 constitucional.

Extrema preocupación causó la tragedia de Iguala, calificada de inaceptable por el relator, quien exigió al gobierno mexicano garantizar la veracidad de la investigación penal, localizar a los estudiantes normalistas e instrumentar reformas estructurales en materia de seguridad, combate a la corrupción y aseguramiento de los derechos humanos.

Esta segunda voz de alerta internacional se suma a las severísimas críticas hechas hace unos días por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Ambos escrutinios de ninguna manera deben ser desdeñados pues de lo contrario se corre el riesgo de agravar la tremenda crisis de derechos humanos en la que está inmerso nuestro país.