MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
Venezuela está herida de muerte, está herida por una dictadura que es capaz de transgredir la democracia, aplastar a la oposición y coartar las libertades de sus ciudadanos.
El 19 de febrero el gobierno del presidente Nicolás Maduro detuvo en sus oficinas a Antonio Ledezma, alcalde de Caracas y líder de la oposición en aquel país. No sólo eso, el 18 de febrero se cumplió un año del injusto encarcelamiento de Leopoldo López, otro importante líder opositor, que hoy padece vejaciones y un trato inhumano en una cárcel militar. Lo más grave es que 44 personas han muerto y más de 3 mil personas han sido detenidas por haber participado en marchas. Hasta el momento, la respuesta internacional ha sido de total repudio.
El pueblo venezolano está sufriendo una de las peores crisis humanitarias que se viven en el planeta: padecen la peor inflación del mundo superior al 68 %, no tienen alimentos y carecen de medicinas. En los próximos meses, la situación será todavía más grave ante la caída de los precios internacionales del petróleo, debido a que el 90% de las divisas que reciben en aquel país provienen de las exportaciones petroleras.
Frente a esta situación, líderes a nivel mundial y representantes de gobierno de distintas naciones ya han manifestado su condena: la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que esperan en aquel país un comportamiento acorde con el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho que caracteriza a las democracias. La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, señaló que están profundamente preocupados por lo que parece ser una escalada de intimidación hacia la oposición y que han instado sistemáticamente al gobierno venezolano a liberar a quienes han sido injustamente encarcelados. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ha manifestado a favor de las libertades, la democracia y la paz. Incluso, la Unión Europea calificó como “fuente de alarma” lo que está ocurriendo.
Como bien lo dijo Andrés Oppenheimer, hace algunas décadas, cuando un país latinoamericano violaba las libertades democráticas, los principales líderes de la región solicitaban reuniones urgentes a la Organización de Estados Americanos (OEA), que le exigía al país infractor comportarse de acuerdo a las normas democráticas de la región, así ocurrió en 1992 cuando el ex presidente Alberto Fujimori cerró el Congreso de su país.
Venezuela y América Latina necesitan líderes regionales. Necesitan contundencia. No se entiende por qué el Gobierno de México ha decidido guardar silencio. No hay una sola declaración del Presidente de la República sobre el tema, y hay un solo comunicado de dos párrafos de nuestra Cancillería en el que lamenta la violencia hace un año. A diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, nuestro gobierno ha preferido callar y bajar la cabeza desconociendo la honrosa historia de nuestra diplomacia.
Desde el Senado exhortamos al Presidente de la República a pronunciarse por las graves violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos, así como agravios a la democracia en la región. Le solicitamos que en el marco de la VII Cumbre de las Américas, que tendrá lugar los próximos 10 y 11 de abril, impulse una visita de Jefes de Estado a Venezuela, con la finalidad de promover el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y que por medio del Representante Permanente de México ante la OEA, impulse una reunión de Cancilleres a fin de evaluar dicha crisis.
Estas acciones representan lo menos que un país líder en la región puede hacer para defender la democracia, para que el derecho internacional se respete y para demostrar congruencia con sus principios. El Presidente debe acreditar su vocación democrática.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, del Senado de la República
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