“La falta de elecciones no abona a la gobernabilidad.

Veo complicado el caso de Guerrero”

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Víctor Alarcón Olguín/Profesor-investigador de la UAM-I

 

 

Moisés Castillo

A menos de tres meses de las elecciones intermedias, la desconfianza y la incertidumbre dominan la realidad mexicana. Lo que sucede en México, asegura la escritora Guadalupe Nettel, no es obra únicamente de quienes ejercen el poder, sino también de “quienes permitimos que lo hagan de esa forma. La impunidad es culpa de todos”.

Quizá es por ello que personajes como el poeta Javier Sicilia y los sacerdotes Alejandro Solalinde y Miguel Concha hacen un llamado a no votar en los comicios del 7 de junio, bajo el argumento de que ir a las urnas es avalar a partidos políticos corruptos.

“Ir a las urnas —dicen— es decir sí al argumento de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, sí a que nos sigan extorsionando, sí a que no haya justicia, sí a que siga el 95% de impunidad, eso es lo que vamos a ir a convalidar… La estructura está podrida, no puede haber elecciones, no puede haber democracia más que como mascarada, fingiendo en un país donde muere la gente todos los días, donde no hay un gramo de justicia”.

Pero, ¿qué alternativas existen más allá de la democracia electoral? Si el abstencionismo triunfa, ¿luego qué sigue?

Desafío, convencer a los ciudadanos: Córdova

Por lo pronto, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció que el abstencionismo y la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones amenazan el éxito del ejercicio democrático.

“El gran desafío es lograr convencer a los ciudadanos de que las elecciones son un mecanismo, no el único, pero si primordial para expresar la inconformidad, la aprobación y rechazo para con los gobiernos, las políticas públicas, los partidos políticos y el estado de las cosas, ojalá y nos apropiemos de las elecciones que son el cauce primordial para intentar transformar este país”.

Y es que grupos como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) advirtió que boicoteará las elecciones, por lo que es casi imposible que se instalen alrededor del 60% de las casillas en ese estado, ya que tiene el control de la escuelas donde regularmente se acude a votar. En Michoacán está en la misma sintonía la Sección 18 y en Oaxaca la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

No habrá elecciones en Guerrero: De la Cruz

Asimismo, Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, exhortó a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla a no acudir a los puntos de votación.

“Nos queda claro que el INE es un órgano de Estado y tiene que cumplir con las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto. Pero a pesar de las amenazas, en Guerrero no habrá elecciones por la evidente vinculación entre el crimen organizado y los políticos”.

Para Víctor Alarcón Olguín, profesor-investigador de la Universidad. Autónoma Metropolitana Iztapalapa, el único favorecido de que no haya comicios es el crimen organizado.

“Observamos la repetición de un fenómeno sui géneris que es la convocatoria a la abstención o a la anulación del voto. Desde luego quisiéramos decir que a nadie beneficia, pero es obvio que beneficia al crimen organizado y a ciertas fuerzas políticas que sí tienen una concepción de llegar al poder mediante otro tipo de caminos que no sean los recursos electorales, sino lo que ellos denominan «poder popular». Esto implica regresar a ciertas estrategias políticas que estuvieron vigentes en los 60 y 70”.

¿Cómo afectaría a la democracia la posible cancelación de los comicios en algunas zonas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca?

Si en este momento se diera la elección en alguno de esos estados, que han sido calificados de mayor riesgo por el propio INE, desde luego se tendría que hacer una nueva convocatoria. La ley prevé que se tiene que cubrir un lapso de días dependiendo de la Constitución de cada estado para poder rehacer el procedimiento. Si no fuera el caso, entonces la solución legal, en caso de que no se instalen todas las casillas en zonas complicadas, es que tras la obtención de resultados que permitan la integración del Congreso del estado, éste podría estar en condiciones de nombrar los consejos municipales e incluso nombrar a gobernador provisional o interino. Técnicamente hay medios legales que permitirían solventar una crisis y que van en consonancia con las reformas que se aprobaron en mayo de 2014. La falta de elecciones no abona a la gobernabilidad. Veo complicado el caso de Guerrero, ya que los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa están convocando a boicotear las elecciones, junto con la CETEG.

¿A quién beneficia el que no haya elecciones en algunos distritos electorales el próximo 7 de junio?

Estamos frente a un escenario de actores muy difusos, otros visibles como en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, que han construido una lucha política muy sustentada en su visión comunitaria, sin pasar por formas electorales. Desde luego hay argumentos en sus razones en función de la propia violencia, cacicazgos locales, en un clima de represión o de restricción de las libertades públicas, además de la corrupción de la clase política. Es lamentable el clima de descomposición generalizado que vive el país, sobre todo en esas regiones que se presenta un clima de explosividad social.

 

El INE, con sobrecarga política

El consejero presidente Lorenzo Córdova señaló que de ser necesario pedirá la intervención de la fuerza pública para la instalación de casillas a fin de que la gente acuda a votar. ¿Es adecuada esta medida?

Es parte de las atribuciones que tiene el INE con la ley general de instituciones y procedimientos electorales. No es lo más adecuado, desde luego. Nadie quiere pensar que hay que llegar a ese escenario extremo, tanto para los que quieren impedir la instalación de casillas como para los funcionarios que tienen un deber cívico que cumplir.

A nadie le gustaría observar el uso de la fuerza pública bajo ningún concepto, porque enturbiaría la legitimidad de la elección. Ninguna democracia puede avanzar a fuerza de cadáveres, de gente golpeada o herida. A nadie le gustaría tener un escenario de esa naturaleza, pero evidentemente la contención de estos ciudadanos pudiera realizarse con protocolos debidamente avalados por comisiones de derechos humanos, vallas humanas de observadores electorales, y convertirse en instancias de mediación para distender algún clima de violencia. Sin embargo, aquí también es un asunto de aquellos que quieran participar en actos violentos, que es algo inaceptable, y se debe cuidar la integridad física de los funcionarios electorales.

Algunos analistas coinciden en que el INE está en crisis. ¿Le está costando organizar la próxima elección? ¿Qué tanto le ha afectado esta transición de IFE a INE?

Sin duda ha sido complicada, ha sido una transición nada tersa producto de la celeridad que los propios partidos políticos determinaron concretar este tipo de cambios de autoridades. Esto no está abonando favorablemente para crear climas de certeza. Se trató de generar una transición mediada por la permanencia de algunos de los integrantes del anterior consejo general, esto ha emparedado a algunos integrantes, inmediatamente se destacaron dos actores como el consejero presidente y un bloque de consejeros ligados al PRI, en especial el Marco Antonio Baños. Son cuatro consejeros los que se vinculan con el PRI y tienen el suficiente poder para bloquear las decisiones colegiadas que requieren de una mayoría calificada de 8 votos de 11. El INE es una instancia que tiene una sobrecarga política. Una de las malas decisiones de la transición es no crear otros espacios de negociación que permitan la distensión política. Habíamos pensado que esto ya se había logrado con la primera etapa del IFE, pero a partir del 2003 observamos una partidización del organismo electoral y de control partidista sobre el instituto electoral, lo cual hace que la autonomía del INE, si bien existe, en la práctica sea vulnerada por la propia indisciplina de los partidos políticos.

Si bien el objetivo de los procesos lectorales al inicio de la transición eran la construcción de legitimidad, después pasamos a una etapa de eficacia técnica, ahora a partir del 2006 hemos regresado al punto inicial: otra vez el tema de fondo es la generación de confianza, y estamos entrampados en un reformismo legal. Y siguen permaneciendo tres aspectos que generan esa desconfianza: el tema del financiamiento, la fiscalización y de manera reciente la vulneración reiterada de modelos de comunicación política.

¿Qué lectura tiene sobre el llamado a la ciudadanía de personajes destacados como Javier Sicilia y los sacerdotes Alejandro Solalinde y Miguel Concha para no acudir a las urnas por el desprestigio de la clase política?

Hay que ser respetuosos, porque son derechos ciudadanos y expresiones que los ampara la Constitución, en el ejercicio de su libertad de expresión y derechos políticos. La Constitución nos dice que el voto es un derecho y una obligación, pero la obligación no está regulada y no hay consecuencias legales como en otras democracias del mundo.

En el caso de México, es adecuado asumir que en todo caso es un derecho y diría que es una obligación moral. Si en un determinado momento el ciudadano considera que ninguno de los partidos lo representa, el anular su voto o escribir una leyenda en la boleta sería una forma de protesta, porque está mandando un mensaje que dentro del marco de la democracia se ejerce un derecho garantizado por la Constitución. Quizá lo más importante es que hay que tomar en cuenta que mientras menos votos se emitan de manera efectiva, no le afecta a los partidos políticos. Los partidos resultarán electos con un nivel de participación del 20%. Para que el voto nulo tengo efecto considerable se tendría que presentar una participación menor al 20%. Creo que tendríamos que asumir que mientras menos votos haya, más fácil los partidos van a conservar su registro. El voto nulo fortalece el actual sistema de partidos.