El juez español Pablo Ruz decidió este lunes llevar a juicio a dos ex tesoreros y un ex gerente del Partido Popular (PP), en el gobierno, al considerar que existió una doble contabilidad en dicha formación de centroderecha.

Ruz dio por cerrada la instrucción del “caso Bárcenas”, respecto al ex tesorero y ex senador del PP, Luis Bárcenas, quien acumuló más de 48 millones de dólares en cuentas bancarias en Suiza.

Después de su instrucción del caso, Ruz propone juzgar a 6 personas, entre ellas a Bárcenas y al también ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, así como el ex gerente de la formación Cristóbal Páez, junto con tres empleados de una empresa de arquitectura que remodeló la sede del PP en Madrid, por delitos fiscales y de apropiación indebida.

En 190 folios, el juez explica que desde 1990 y al menos hasta 2008 había una contabilidad paralela a la oficial dependiente de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito legal, que operaba con varios sistemas de cuentas y se funcionaban “a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B”.

Estas “contabilidades opacas o cajas B”, afirma el juez, estaban a cargo del gerente y del tesorero nacional de la formación y no se declaraban a la Hacienda Pública, por lo que “de forma sistemática entre los años 1990 y 2008 habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley”.

Al término de la investigación de este caso, el juez considera que los únicos dos aspectos que podrían ser delictivos son la apropiación por parte de Lapuerta –con el conocimiento de Bárcenas– de dinero de la caja B (por lo que imputa a ambos un delito de apropiación indebida) y el fraude fiscal en la reforma de la sede del PP, que el partido presuntamente pagó en efectivo.

Ruz señala en el auto que no puede juzgar al PP por financiación ilegal y considera “improcedente” acudir a un artículo del Código Penal que le permite proponer al gobierno que se sancione penalmente una conducta no tipificada.

Esta medida se anuncia cuando el presidente del gobierno español y del PP, Mariano Rajoy, atribuyó al desgaste por la crisis económica la clara derrota de su partido en las elecciones regionales andaluzas del domingo.

Además, Ruz abre una pieza aparte, que envía a los juzgados de Toledo, sobre la investigación por la adjudicación a la empresa Sufi del contrato de recogida de basuras de Toledo, que, según Bárcenas, fue la contraprestación por una donación de 200 mil euros para la campaña de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en 2007.

El magistrado entiende que “en el momento presente” no existen “elementos indiciarios suficientes” para proceder contra personas aforadas, por lo que descarta enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia manchego y lo remite a los juzgados ordinarios; Ruz aprecia en el caso de los pagos de Sufi un delito de prevaricación.