Los debates continúan
La integridad del hombre se mide por su
conducta, no por sus profesiones.
Juvenal.
Carlos Alberto Pérez Cuevas
Hace dos elecciones en México comenzó el debate sobre la urgencia de contar con un eficaz, eficiente y, sobre todo, confiable sistema nacional de control de confianza sobre los ciudadanos que aspiraran a ser candidatos a cargos de elección popular que demostrara que no tienen vínculos con la delincuencia y el crimen organizados; debates, discusiones, propuestas, discursos y un sinfín de parafernalia sobre el tema se han secundado y agudizado a partir de casos concretos de políticos de diversos signos partidistas.
El tema no es nuevo, por citar sólo algunos ejemplos, el caso del exgobernador Mario Villanueva, quien actualmente se encuentra purgando su condena por habérsele demostrado vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada, o la toma de protesta como diputado federal a Julio Cesar Godoy Toscano, a quien se le revelaron audios donde dialogaba con Servando Gómez la Tuta, cabeza de un grupo delincuencial en Michoacán, o el más reciente sucedido en Iguala, Guerrero, con el presidente municipal y su esposa procesados por vínculos con la organización delictiva Guerreros Unidos, por casos y ejemplos no paramos, conocidos y no conocidos, sin embargo, aún vemos que las autoridades electorales, las gubernamentales y los partidos políticos no tienen un acuerdo común para contar con herramientas que detecten las relaciones de los candidatos.
Para los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular y de designación directa en actores políticos mexicanos no sólo se debe trabajar en demostrar que no tienen vínculos delincuenciales y para ello se han propuesto muchas medidas, pero se han aplicado pocas porque no tienen obligatoriedad en la ley: controles para determinar si consumen drogas o estupefacientes; sometimiento a detectores de mentiras, revisión de los antecedentes criminales, entre otros. Al aspirar a ser representantes populares o ser titulares de áreas de gobierno, la obligatoriedad debiese llegar hasta si se encuentran en condiciones de salud, no sólo física sino incluso mental, apta para desempeñar los cargos; ahora, con el debate de moda se discute si se debe hacer pública la manifestación de bienes y se suman la de intereses y la fiscal.
En la realidad, para atacar el problema de fondo, requerimos contar con un Estado pleno, total y eficaz de derecho que garantice el cumplimiento de los mandatos constitucionales, la defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales e instituciones sólidas, independientes del poder público y que cumplan con la esencia para la que fueron creadas al servicio de los ciudadanos y de la nación.
Pero todo esto será posible si construimos un sistema integral de evaluación que determine que los aspirantes a cargos de elección popular y de designación no tienen vínculos delincuenciales, antecedentes penales o de corrupción y son candidatos limpios.
@PerezCuevasMx
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