Desde 2009, cuando su economía se vio afectada como consecuencia de la crisis financiera internacional, Brasil no había experimentado un escenario tan complicado.
En pleno hundimiento económico, que a finales de 2014 caía el 0,3 por ciento según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno ha puesto en marcha un programa de ajuste, por lo que el banco central ha retomado las subidas de los tipos de interés.
Todo para recuperar la confianza de los inversores a cualquier precio e intentar evitar que el escándalo de Petrobras acabe con el legado económico de Dilma Rousseff.
“En buena medida, el Gobierno brasileño ha dirigido Petrobras igual que el país: con elevado gasto y pobre planificación”, aseguran los estrategas de Global Risk Insights.
El desplome del precio de las materias primas ha resultado el más afectado para la economía brasileña; la actividad y los ingresos se han frenado en repentinamente. El déficit público cerró 2014 en el 6,7 por ciento, el nivel más alto en la última década, lo que ha disparado la deuda pública al 63,4 por ciento del PIB; unas cifras que no presentaban un gran problema en el pasado dada la entrada de capital extranjero para financiar los desequilibrios.
Ahora la situación ha cambiado radicalmente y como consecuencia del escándalo de Petrobras y la desconfianza en la economía, ninguna empresa brasileña ha podido colocar deuda en el mercado internacional desde noviembre. El diagnóstico es generalizado.
“Por los errores y distorsiones acumulados en los últimos años, el país se ve forzado a adoptar una política económica restrictiva en un momento en que la actividad interna está siendo golpeada por una serie de shocks negativos importantes”, señala el BBVA Research.
Por su parte, el economista para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Ramón Aracena, dice que “años de errores, problemas de oferta no abordados y una excesiva intervención estatal han coincidido con una situación global más difícil y han creado el escenario para un doble revés: una actividad a la baja e inflación al alza”.
El nuevo ministro de Finanzas, Joaquim Levy, ha empezado a aplicar reglas más estrictas para obtener determinados beneficios sociales, como el seguro de desempleo, y ha anunciado subidas de impuestos sobre las importaciones y los carburantes, entre otros.
El tope en los planes de inversión de Petrobras, que suponían el 10 por ciento del total del país, se ha trasladado directamente a la economía; al mismo tiempo, el banco central ha subido los tipos de interés hasta el 12,75 por ciento actual para contener una inflación del 7,7 por ciento. Los analistas estiman que el precio del dinero acabará el año cerca del 13,25 por ciento para tratar de contener la subida de precios.
Además, una severa sequía ha empezado a provocar racionamientos de agua y electricidad en el centro de la región industrial del país y eso reducirá el PIB en medio punto; casi con toda seguridad, la economía entró en recesión en el primer trimestre.
El mayor riesgo, dicen los analistas, es que el ajuste no se aplique hasta el final, que los recortes en gastos y ayudas y las subidas de impuestos dificulten tanto la situación económica que al Gobierno le resulte imposible la negociación con el Congreso, ya complicada, y aceleren la pérdida de apoyo de los ciudadanos.
La tasa de aprobación de Rousseff cayó desde el 42 por ciento en diciembre hasta el 12% en abril, según una encuesta de Datafolha, “en buena medida como consecuencia del escándalo de corrupción en Petrobras”, indican desde el IIF; Aracena prevé que el apoyo a Rousseff se diluirá aún más en los próximos meses, por el deterioro de las condiciones laborales y los escándalos de corrupción.
Nueva cómplice de corrupción
El nuevo escándalo de corrupción que afecta a Brasil y que superaría paulatinamente las multimillonarias pérdidas que generaron al Estado los desvíos en Petrobras, involucra a una ex ministra de Luiz Inácio Lula da Silva y ex asesora cercana a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Ella es la abogada Erenice Guerra, quien fuera jefa del Gabinete Civil de la Presidencia durante el gobierno de Lula, al sustituir en ese cargo a la actual mandataria, cuando ésta lo dejó para dedicarse a la campaña que la llevó a conquistar su primer mandato.
Los presuntos nexos de Guerra con este último escándalo fue reportado por la revista semanal Veja en su edición de este fin de semana; la sospecha es que Guerra integró una red que operó durante años en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) del Ministerio de Hacienda.
La acción del grupo consistía en sobornar a los miembros del CARF para que redujeran o anularan las multas por evasión fiscal impuestas por la Recaudadora Federal a grandes contribuyentes.
La red habría causado un perjuicio al fisco de unos 19 mil millones de reales (unos seis mil millones de dólares) y según un reportaje de la semana pasada del diario O Estado de Sao Paulo, grandes multinacionales habrían pagado los sobornos para evadir impuestos y multas.
La presunta vinculación de Guerra con el grupo se basa en un contrato que la abogada firmó con la filial brasileña del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en el cual Guerra se comprometió a prestar “servicios profesionales relativos a la defensa de la contratante en el ámbito de la Administración Tributaria Federal”.
Para cumplir el acuerdo, Guerra se habría asociado secretamente con el también abogado José Ricardo da Silva, quien fue miembro del CARF hasta febrero de 2014, y es señalado como uno de los líderes de la red ilegal.
La deuda con el fisco que cuestiona el grupo chino asciende a 705.5 millones de reales (227.6 millones de dólares); según lo acordado, la abogada recibiría 1.5 por ciento de lo que la empresa dejara de pagar al Estado.
Esta no es la primera vez que Guerra se ve involucrada en un caso de corrupción, cinco meses después de asumir el Gabinete Civil de la Presidencia de Lula, tuvo que dejar el cargo bajo la acusación de interferir en favor de negocios pertenecientes a su hijo y su marido.
El nuevo escándalo involucra a importantes empresas nacionales y extranjeras, entre otras la propia estatal Petrobras; la constructora Carmago y Correa; la distribuidora de energía Light; los bancos Bradesco, Santander, Safra, Pactual y Bank Boston; las montadoras de vehículos Ford y Mitsubishi; el grupo de comunicación RBS; y el grupo BR Foods, un gigante del ramo alimenticio.
Todas las empresas sospechosas niegan conocer los señalamientos en su contra y cualquier vinculación con los mismos.
El estrecho vínculo laboral entre Guerra y Rousseff comenzó cuando esta última comandaba el Ministerio de Minas y Energía, y designó a Guerra para dirigir la consultoría jurídica de ese ámbito.
Más tarde, cuando Rousseff fue designada por Lula como jefa del Gabinete Civil, se llevó consigo a Guerra, a quien nombró en el segundo cargo más importante de ese organismo, la secretaría ejecutiva.
Información de Excélsior y El País, España