El Gobierno del Distrito Federal (GDF) sí pagará a los cinco ejidatarios de Culhuacán los predios por donde cruza la Línea 12 del Metro, pero al precio en el que se compraban en el año 1938 y a través de un Fideicomiso en el que estén obligados a llevar a cabo un proyecto en beneficio para la comunidad.
El director de Servicios Legales del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Núñez, explicó que un juez colegiado determinó que el gobierno capitalino sí deberá pagar a los afectados, pero señaló que la cantidad no deberá ser al precio actual, sino al de la fecha en la que las autoridades hicieron el acuerdo con los ejidatarios, es decir, en la década de los 30.
De esta manera el gobierno capitalino no pagará los 91 millones de pesos solicitados por el abogado de los afectados, sino una cantidad que ni siquiera llegará a los “millones de pesos”, dijo el director.
En entrevista, Rodríguez Núñez afirmó que un funcionario de la administración de Marcelo Ebrard acordó con los ejidatarios pagar 25 millones de pesos para permitir las obras de la Línea 12; sin embargo, el juez 10 de Distrito determinó que el servidor público no tenía facultades para suscribir algún convenio.
Rodríguez Núñez precisó que, en base a la resolución del juez colegiado, como el gobierno local no contaba con algún documento que validara el pago en 1938, deberá dar el monto.
“Tenemos el decreto del 3 de octubre de 1938 y se determina que la cantidad a pagar por esta expropiación es de 8 mil 457 pesos con 54 centavos (…) Para actualizar esta cantidad, se tiene que tomar esta cantidad, aplicarle los factores de actualización de la Ley del Impuesto sobre la Renta y ya tendríamos una cantidad fija”, explicó.
En este caso, declaro, será el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el que defina por medio del Índice Nacional de Precios al Consumidor el pago a los ejidatarios.
No obstante, expuso, dicho monto no será para el beneficio de los ejidatarios, sino para la comunidad, ya que para recibir la cantidad deberán ingresar un proyecto al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) para que éste se lleve a cabo.
“El decreto expropiatorio dice que el importe de la compensación deberá destinarse a obras materiales de beneficio colectivo. Entonces, deberá presentarse ante el Fifonafe algún proyecto de beneficio, ya sea en obras, pero no se podría hablar de que se tiene que entregar a personas determinadas”, expuso.
Dicha determinación, dijo el funcionario, todavía puede ser impugnada por el representante legal de los ejidatarios, por lo que el caso puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con información del diario Crónica