Aproximadamente 5 mil menores de edad se encuentran presos en México, y más de mil de ellos (22 %) han cometido delitos graves como sicarios del crimen organizado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados reafirmó la urgencia de la reforma en materia de justicia para los adolescentes que mañana martes votará el pleno en el Palacio de San Lázaro.
La PGR documento la detención de 5 mil 992 menores durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón como probables responsables de delitos contra la salud y otros considerados en la Ley Federal contra la salud y otros considerados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2012, periodo en que recrudeció la guerra contra el narcotráfico, el Ministerio Público federal detalló que 5 mil 515 eran hombre y 477 mujeres.
En base a un informe de la Secretaría de Gobernación correspondiente del 2014, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Alejandro Sánchez Camacho, refirió que 22 por ciento de los menores presos hoy día mato a una o varias personas, 35 por ciento participó en robos con violencia, 17 por ciento usó armas prohibidas, y 15 por ciento colaboró en la comisión de secuestros.
Adicionalmente, ocho de cada diez adolescentes privados de la libertad tiene 16 y 18 años , 50 por ciento abandonó sus casas y 62 por ciento tiene padres separados, mientras 94 por ciento trabajó como albañil, vendedor o cargador antes de participar en actos delictivos.
La mitad de las y los jóvenes encarcelados cursó apenas la secundaria.
En conferencia de prensa, Sánchez Camacho detalló que el mayor número de menores infractores se concentra en el Distrito Federal, 500, Sonora con número similar y Estado de México, 400.
La semana pasada la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad el dictamen en materia de justicia para adolescentes, previamente avalado por el Senado.
Las modificaciones a la Constitución mandata la Congreso a expedir la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, además de emplazar al gobierno de la República y a las entidades federativas a establecer de emplazar al gobierno de la República y a las entidades federativas a establecer un sistema integral de justicia para los menores de edad, bajo principios de protección a sus derechos humanos.
Con las modificaciones realizadas a los artículos 18 y 73 constitucional, todos los juicios para los adolescentes serán de carácter oral, se trate de delitos graves o no graves.
Asimismo el perredista Sánchez Camacho puntualizó que la justica para adolescentes había sido un tema olvidado y era un pendiente que tenían con los menores de 18 años que cometieron un delito.
Los nuevos ordenamientos tiene como objetivo garantizar a los adolescentes, cuyas conductas se encuentren tipificadas en un código penal, acceso a un juicio justo con respeto a sus derechos.