Ayotzinapa y Apatzingán
Raúl Jiménez Vázquez
Las cosas no están resultando fáciles para el gobierno de Peña Nieto. Contra la visión rebosante de optimismo que mucho se asemeja al comportamiento tenazmente ingenuo de Cándido, el simpático personaje que da vida a la obra del mismo nombre escrita por el gran Voltaire, en el horizonte se aprecian algunos nubarrones que eventualmente podrían convertirse en auténticas tormentas eléctricas.
El primero de ellos tiene como fuente el segundo informe difundido hace poco por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están analizando la tragedia de Ayotzinapa. En dicho documento se consigna como conclusión relevante el aporte de diversos elementos que obligan a la apertura de nuevas líneas de investigación y a la ampliación de las ya existentes. La inferencia lógica de tales señalamientos es aplastante: los casi cien años de existencia de la PGR fueron insuficientes para advertir esas deficiencias.
Adicionalmente, los representantes de la Interamericana destacaron la reconstrucción de los hechos efectuada en la ciudad de Iguala con la colaboración de algunos de los sobrevivientes del ataque, las entrevistas con 16 procesados que se llevaron a cabo en las instalaciones del centro federal de readaptación social de Tepic, Nayarit, y la identificación de dos lugares que pudieron ser utilizados en el curso de la desaparición de los jóvenes normalistas.
A lo anterior se suma el severo señalamiento hecho en el sentido de que los familiares de los desaparecidos han sido objeto de tratos lesivos de su dignidad, lo que constituye una nueva forma de victimización atribuible a distintos funcionarios, que amerita ser investigada y sancionada.
Todo ello presagia que al término de su mandato el equipo internacional arribará a conclusiones cuyos alcances serán similares a los efectos de un sismo de nueve grados en la escala de Richter.
La otra nube gris que nubla el horizonte es la revelación que hizo la periodista Laura Castellanos de una versión alternativa a la oficial en torno a lo ocurrido en Apatzingán el pasado 6 de enero, según la cual policías federales habrían disparado a mansalva en contra de un centenar de efectivos y simpatizantes de las fuerzas rurales, quienes sin portar armas se encontraban haciendo un plantón frente al palacio municipal. Acorde con la reseña en cuestión, algunos de ellos fueron ultimados estando de rodillas y otros más fueron rematados cuando se hallaban gravemente heridos.
La investigación y esclarecimiento de esta denuncia pública es insoslayable. De confirmarse dicha atrocidad, posiblemente se tipificaría un crimen de lesa humanidad previsto en el Estatuto de Roma. En ese contexto, si el Estado mexicano no pudiese, o no quisiese, investigar y sancionar a los responsables, la Corte Penal Internacional podría tomar cartas en el asunto.
Estos dos acontecimientos deben ser vistos como una suerte de terapia de choque a la que debe someterse la actual administración a fin de desistir del autoengaño, hacer a un lado los ponzoñosos sueños de opio y encarar la realidad.