Lo que se puede y no lo que se debe ser
Mireille Roccatti
La reforma política del Distrito Federal, que se ha venido cocinando desde hace décadas, una vez más sufri un atorón a pesar de formar parte de la agenda y compromisos del Pacto por México. Es cierto que la principal oposición provino del PAN, pero tampoco el PRI honró su compromiso, por más que algo de razón asiste a quienes llaman a no legislar al vapor. Algunos otros lo atribuyen a que el inefable trapecista político, epítome del oportunismo y que fue uno de los perpetradores de la propuesta, le inoculó su saudade y la pudrió.
El tema que generó mayor discusión y oposición fue la configuración del Congreso Constituyente, el cual se integraría con 60 constituyentes electos por votación y 40 por el Senado, los diputados, el Ejecutivo federal y el jefe de Gobierno, lo cual contraría la lógica elemental democrática de integración de un constituyente.
La minuta aprobada en la Cámara de Senadores de esta LXII Legislatura es improbable que transite en un periodo extraordinario por la coyuntura electoral, por lo cual seguramente será la próxima la que la apruebe y los nuevos equilibrios en la colegisladora influirán en su contenido.
La propuesta no incorpora elementos novedosos que no se hubiesen presentado o discutido con anterioridad, algunos incluso se consideraron desde la reforma salinista-camachista, que conformó el estatus vigente. Revisada en sus méritos, la propuesta es sólo un nuevo refrito o copy paste de proyectos anteriores pospuestos por diversas razones.
En lugar de un Estatuto de Gobierno, se crearía una Constitución para la Ciudad de México. El Distrito Federal pasaría a llamarse Ciudad de México, con un estatus similar a Buenos Aires o Berlín. Las delegaciones políticas se denominarán “circunscripciones territoriales”; los delegados, alcaldes, y continuarían siendo electos por voto popular y se crearía un cabildo.
El presidente de la republica perdería la atribución de aprobar la designación y remoción del procurador general de Justicia y sólo conservaría la facultad de remover al secretario de Seguridad Publica.
Asimismo, el nuevo gobierno ya no requeriría la autorización del Congreso de la Unión para contratar deuda, lo cual tiene muchas aristas, dado que el nivel de deuda es muy alto y se estima en 69 mil millones de pesos, y para este 2015 tiene autorizado 5 mil millones más.
Adicionalmente deben plantearse otras reformas constitucionales no consideradas, como las de los artículos 135 y 71, fracción III, para que la nueva entidad pueda aprobar o rechazar reformas constitucionales o iniciar leyes ante el Congreso de la Unión.
Otro de los puntos que suscitó rechazo, aunque más en la ciudadanía que en el seno de los partidos, fue la necesidad de crear un aparato burocrático complementario, dado que además de los 66 asambleístas actuales, en paralelo se necesitarían 100 constituyentes y habría 300 concejales electos, amén de la parafernalia de asesores, secretarias y personal de apoyo, para que realicen sus funciones.
En conclusión, la propuesta de reforma política, si bien significa algunos avances, ni es novedosa ni tiene visión de futuro, el proyecto es lo que se puede y no lo que debiera ser. Necesitamos una Constitución moderna, que incorpore los avances del constitucionalismo. Aprobar este proyecto tal cual, sería crear una entidad capitis diminutio.