Reforma política del DF
Alfredo Ríos Camarena
No hay duda de que la reforma política en el Distrito Federal debe ser una prioridad en la agenda nacional, pues han trascurrido muchos lustros sin que se acredite la plena autonomía de esta entidad federativa. Se ha avanzado, los capitalinos elegimos al jefe de gobierno, a los diputados de la Asamblea Legislativa, a los delegados.
El dictamen que aprobó el Senado de la República tiene luces y sombras, pero no deja de ser un conjunto de relaciones políticas para tratar de dejar satisfechos a los partidos políticos, al gobierno federal y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, por eso su resultado final podríamos enmarcarlo fácilmente en un gatopardismo constitucional que cambia todo para dejarlo todo igual. El problema constitucional nunca se ha querido o podido atacar de fondo, la solución lógico jurídica hubiera sido crear un nuevo estado de la Unión como está previsto en el artículo 44 de la propia Constitución y bajo los procedimientos que ésta establece.
Constitución es equivalente a soberanía, según el maestro Tena Ramirez; el Distrito Federal ya es una entidad federativa y para que pudiese tener una constitución se requiere que sea un estado libre y soberano, como el resto de los que integran nuestra federación. ¿Por qué no se hizo así? Porque había que cumplir los deseos de poder de los participantes en el dictamen y poder cocinar un pastel donde todos se lleven una buena tajada.
Si bien es cierto el dictamen aprobado por el Senado —enviado como minuta a la Cámara de Diputados— tiene avances como el de otorgar atributos a la ALDF para que pueda ratificar las reformas y adiciones a la Constitución federal, la creación de demarcaciones territoriales con alcaldías y consejos —aunque lamentablemente seguirán existiendo sin patrimonio propio ni personalidad jurídica—, se retrocede en la tendencia contemporánea de descentralizar la administración pública, pues el Gobierno del Distrito Federal seguirá siendo centralista, y en consecuencia, manipulador del dinero y el poder; no se habla de una nueva estructura para el Metro o para la Seduvi, donde se ha producido la mayor corrupción por las obras y permisos absurdos del uso de suelo que se han dado en los últimos años sin considerar nuestros recursos acuíferos, ni nuestra política ambiental.
Nuestra Constitución establece tres poderes diferenciados, sin embargo, la minuta otorga atribuciones al Poder Ejecutivo tanto federal como local para designar diputados constituyentes, y al Poder Legislativo federal para designar entre sus miembros a diputados constituyentes con doble cachucha, es decir, senadores un día y constituyentes al siguiente; por otro lado, propone como facultad exclusiva del jefe de Gobierno enviar la iniciativa de Constitución local para que la reciban los diputados constituyentes; estas barbaridades del artículo séptimo transitorio de la minuta deben ser resueltas de otra manera. Seguramente el problema reside en la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios que quitan y ponen, desnaturalizando lo que debería ser una nueva verdadera reforma política del Distrito Federal.
Insisto, bastaba con crear un nuevo estado de la Unión y no ponerse a ensayar figuras de derecho constitucional que no existen en ningún lado y sólo son producto de la ambición, la ignorancia y la complicidad.
La reforma política sí debe llevarse a cabo, sí se requiere de una Constitución elaborada por un Congreso Constituyente; sin embargo, es una pena que se pierdan oportunidades importantes para el futuro del país, no sabemos si se apruebe esta reforma para que se realicen las elecciones y entre en funciones el Congreso Constituyente el 15 de septiembre de 2016 para concluir el ultimo día de enero de 2017, ojalá así sea, pero no con yerros tan graves como los que existen en esa minuta del Senado de la República.