El Estado deberá rendir cuentas

Raúl Jiménez Vázquez

Según datos del Centro de Investigaciones del Instituto Mexicano Cristiano, en nuestro país hay aproximadamente 14 mil sacerdotes católicos y de ese total un 30 por ciento, 4200, han cometido algún tipo de abuso sexual contra niños y niñas. Tales datos evidencian que estamos en presencia de un asunto sumamente grave, lo que se corrobora con el impresionante cúmulo de casos que han sido dados a conocer públicamente, comenzando con el del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, cuyas atrocidades son dignas de una narrativa extraída de las entrañas mismas de los nueve círculos del infierno descritos en la obra magna del poeta florentino Dante Alighieri.

Lo anterior refleja claramente que, al igual que las desapariciones forzadas y las torturas, la pederastia eclesial también es una práctica generalizada y ello implica la existencia de un núcleo perverso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Esta patología es consecuencia lógica de la complicidad institucional asumida por el Vaticano, actitud reproducida al pie de la letra por los superiores jerárquicos de los autores materiales de estos nefandos ataques a la dignidad humana, quienes gracias a este entramado conductual de carácter binacional gozan de total impunidad.

Nada de ello habría sido posible sin la pasividad y franca complacencia de nuestras autoridades. No obstante la amplia difusión de los casos, se han abstenido de llevar a cabo acciones efectivas tendientes a la prevención, investigación, enjuiciamiento y castigo ejemplar de los pederastas y sus encubridores. Por otra parte, cuando han mediado denuncias penales, los ministerios públicos han procedido con extrema pachorra burocrática, tratando con desdén a las víctimas y haciendo alarde de un espíritu fervorosamente genuflexo ante las jerarquías eclesiásticas.

Igualmente han tenido conocimiento de la invocación del código canónico a fin de justificar la no interposición de denuncias por parte de los prelados y sin embargo no han hecho nada al respecto, a sabiendas de que ese paleoderecho no puede estar por encima de los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a las reparaciones integrales y de que su aplicación conlleva un afrenta a la soberanía nacional, a la garantía de la tutela judicial efectiva preconizada en el artículo 17 constitucional y a los principios rectores de la política exterior de la no intervención y la autodeterminación consagrados en el artículo 89, fracción X, constitucional.

El solapamiento de la pederastia eclesial le será duramente reprochado al Estado mexicano durante la rendición de cuentas que tendrá verificativo este mes de mayo ante el Comité de Derechos del Niño, dependiente de las Naciones Unidas, pues sin lugar a duda constituye un desacato al deber de adoptar todas las medidas que sean necesarias a fin de proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño.