Entrevista a César Reséndiz/Investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad

 

 

Nora Rodríguez Aceves

“No tengo nada que esconder” o “el que nada debe nada teme”, son dos de las máximas que muchos de los actores de los diversos ámbitos sociales, llámese presidente de la república, gobernador, presidente municipal, legislador, juez, funcionario público, líder sindical, líder partidista, líder religioso o empresario, repiten sin cesar cuando se ven involucrados en escándalos de transparencia, rendición de cuentas, en prácticas de corrupción o de impunidad.

En su lucha por la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, México hoy cuenta con una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que “permite cerrar espacios de opacidad y discrecionalidad, y abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país”.

Historia

En el acto oficial de la proclamación de esta ley de transparencia en la residencia de Los Pinos, el pasado 4 de mayo, el presiente Enrique Peña Nieto hizo énfasis en que la “transparencia fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público, ayuda a prevenir y a combatir la corrupción, promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública, y empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas”.

Además de que, si el 50 por ciento, la mitad más uno, de los congresos estatales lo aprueban, también el país contará con el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Hay que recordar que la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción fue uno de los cinco acuerdos del Pacto por México, acuerdo político nacional que suscribieron el Ejecutivo federal y los tres principales partidos políticos de México: PRI, PAN y PRD el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México.

De acuerdo con dicho documento: “la transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los Estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Asimismo, el combate efectivo a la corrupción es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados”. Para ello, se instrumentarán tres reformas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y, con especial énfasis, en el combate a la corrupción: 1) instrumentar la reforma para la Rendición de Cuentas Contables (Compromiso 82); 2) Reforma para ampliar facultades del IFAI (Compromiso 83); 3) Sistema Nacional contra la Corrupción (Compromiso 85).

Compromisos que después de más de dos años de firmados son hoy una realidad, sin embargo, como dicen los expertos en materia de transparencia y rendición de cuentas, “si bien es cierto que sólo las leyes no cambian las cosas, que no son suficientes, también es cierto que “es el camino correcto. Pero, bueno, lo estamos empezando a andar, nos falta mucho por recorrer y no es suficiente sólo combatir la corrupción si no la previenes también. Y si no trabajas también con el lado cultural de los muchachos de las nuevas generaciones…”

La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los Estados democráticos.

Corrupción, en cualquier relación humana: Portal Martínez

Como lo explica Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación: “la corrupción no puede ser analizada como un comportamiento de orden exclusivamente externo, parte como todo acto voluntario de una concepción valorativa de lo que es correcto y de lo que no lo es, y de elegir libremente un curso de acción ante determinada situación o coyuntura”.

“Actuar de manera dolosa es una facultad ejecutable por cualquier individuo, independientemente de la situación que ocupe en la sociedad y responde necesariamente a sus principios, intenciones de inclinaciones personales.”

Por lo tanto asegura el auditor superior de la federación, desde su punto de vista muy personal, que “no existe manera de garantizar que la línea de conducta de una persona se mantendrá inalterable, puesto que no es viable prever todos los posibles escenarios personales y sociales que se pueden presentar. Sería de un reduccionismo absurdo limitar la existencia de la corrupción a las labores de gobierno. Claramente se trata de un fenómeno de alcance y escala mucho mayor, puesto que puede presentarse en cualquier relación humana”.

Es un fenómeno social: David Arellano

El profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, David Arellano, asegura que “la corrupción es un fenómeno social de alta complejidad y densidad. Hay una relación densa cuando la interacción se da entre actores diferentes que se encuentran en situaciones legales e institucionales diversas, creando una serie de comportamientos institucionalizados (por tanto repetitivos)…” Si la corrupción es una relación social, “ésta puede constituirse como un engranaje común de las relaciones políticas, entre gobiernos y empresarios, relaciones entre políticos electos con los servidores públicos designados y del servicio civil, y por supuesto entre estos últimos y los ciudadanos”, afirma el académico del CIDE.

Claro, como dicen, la corrupción está presente en todos los países pero en unos más que en otros como es el caso de México que ocupó, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por la organización Transparencia Internacional, “el lugar 103 de los 175 países evaluados, es decir, se encuentra reprobado, y destaca por contar con la peor calificación de los 34 países que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico”.

En este contexto y siendo el tema de la falta de transparencia, la rendición de cuentas y los actos de corrupción un problema constante de la administración pública del gobierno, en los diversos órdenes, federal, estatal y municipal. En donde el “fenómeno de funcionarios que entran con un modesto patrimonio y después de tres o seis años ese patrimonio se ha multiplicado inexplicablemente. El fenómeno de funcionarios que son secretarios de finanzas que después de cuatro o cinco años tienen cuentas millonarias en dólares, edificios, constructoras, patrimonio inexplicable”, afirma la oposición en el Congreso de la Unión durante un debate en torno al combate a la corrupción.

Ante la desconfianza creciente de los ciudadanos en las instituciones como en los actores políticos y funcionarios públicos, y rumbo a las elecciones federal y locales del 7 de junio donde podrán participar 83 millones 563 mil 190 ciudadanos, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana se propusieron que todo candidato a un cargo de elección popular haga públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, declaración de impuestos —de los últimos 5 años— y declaración de interés.

Así lo indica el IMCO en su página oficial de Internet, “dada la creciente necesidad en nuestro país de generar confianza por parte de la ciudadanía en sus representantes, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, impulsados por el IMCO y Transparencia Mexicana, hemos unido esfuerzos para que cada candidato se comprometa de manera tangible a poner los intereses de México antes de los suyos. Un candidato que no puede hacer esto no merece un solo voto, menos gobernar”.

De ahí que las organizaciones hacen un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta campaña: Si te piden tu voto, pídeles que publiquen #3DE3. “Queremos candidatos que antepongan los intereses de México a los suyos, una nueva clase política en donde no se haga política con dinero ni dinero de la política.”

Renuencia a transparentar bienes

Frente a este ejercicio de transparencia que busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política, César Reséndiz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, comenta a Siempre! la transparencia ha sido un proceso lento pero progresivo y seguro hasta cierto sentido, de hecho tenemos la nueva Ley General de Transparencia que obliga a partidos políticos y sindicatos, dos actores no contemplados en la ley de transparencia pasada, la de 2002, a hacer público cómo utilizan los recursos públicos.

A todos los politólogos, dice, y en particular a él, les gusta hablar mucho de la importancia que tienen las instituciones en “la consecución de la vida democrática y en lograr un mejor desempeño de la democracia moderna, de la democracia representativa, sin embargo los electores tienen poca confianza en nuestras instituciones y Candidato Transparente justamente viene a llenar ese vacío de confianza”.

Por eso no se explica que mientras la clase política —ellos mismos— aprueba mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, los candidatos que compiten por un puesto de elección popular rehúyen transparentar sus bienes y sus conflictos de interés a los votantes, aunque “efectivamente, ellos no tienen por qué hacer pública su declaración, no hay ningún mecanismo vigente que los obligue, de hecho nosotros no apelamos a una ley o a una norma que los obligue, sino simplemente los retamos a hacer publicas estas tres declaraciones en el sentido de demostrar ante su electorado qué tan comprometidos están con valores como la transparencia y la rendición de cuentas”.

Reséndiz comenta que no sabe si las reformas en materia de transparencia y acceso a la información, así como el Sistema Nacional Anticorrupción son herramientas que acotarán realmente las prácticas de corrupción, pero lo que sí puede asegurar “es que los mecanismos de transparencia, y está comprobado, hay casos de estudio sobre todo en Brasil a nivel local, que la transparencia y la publicación de datos, de información pública, ayudan a la disminución de la corrupción, en ese sentido la plataforma Candidato Transparente abona a la disminución de la corrupción”.

En cuanto a la respuesta de los partidos y los candidatos a esta iniciativa de la sociedad civil Candidato Transparente, “ha sido poca, aunque ha registrado un crecimiento en los últimos días. Tenemos 160 candidatos actualmente en la plataforma, tanto para gobernadores, presidentes municipales, alcaldías y jefes delegaciones como para candidatos a la Cámara de Diputados y congresos locales, en términos generales solo tenemos 13 candidatos a las gubernaturas, 30 a presidentes municipales y 19 a jefaturas delegaciones”.

Aunque existe un matiz regional, ya que “tenemos entidades como el Distrito Federal que ya lleva 44 candidatos arriba, está por encima de entidades como Jalisco con 19 candidatos, Puebla con 8, Chihuahua con 7, Coahuila con 7 también, y cierto es que es una cuestión de los candidatos, de los partidos para poderse transparentar pero también es una actitud de los ciudadanos al exigirles su #3DE3 por vía Twitter, por lo tanto no sólo estamos hablando de actitudes de los candidatos hacia la transparencia sino también de actitud ciudadana, de interacciones democráticas a través del Twitter”.

Uno de los pretextos —indica Reséndiz— que han utilizado algunos de los candidatos para no sumarse a la iniciativa es el derecho a la privacidad, “a tener en privado sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal y argumentan que todavía no son servidores públicos, lo que se escucha en los candidatos es, cuando yo sea servidor público le haré entrega de estas tres declaraciones a las instancias correspondientes, lo que nos habla de cómo conciben los políticos mexicanos la participación ciudadana y el monitoreo ciudadano, como un mecanismos mediado por las instancias gubernamentales, lejos de un monitoreo directo por parte de los ciudadanos”.

En ese sentido, responde a los líderes partidistas que para justificar la opacidad de sus candidatos han argumentado motivos de seguridad, “en este caso no es una buena excusa para no presentar las declaraciones porque nosotros tenemos en el caso de las declaraciones patrimoniales la opción de que nos firmen una carta compromiso en la cual ellos se comprometen a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales si ellos resultan electos para un puesto de elección popular, entonces por ese lado no se explica esa conducta de los candidatos”.

Para el investigar del IMCO, el que los candidatos rehúyan a presentar las #3DE3 y sus líderes partidistas los justifiquen, la opacidad de éstos “nos habla de que el compromiso con valores como la transparencia y la rendición de cuentas son más una excepción que la regla en nuestros posibles y futuros gobernantes, y de que tanto ciudadanos como partidos tenemos una responsabilidad y líneas de acción para poder solucionar esta situación”.

Aun cuando la plataforma estará abierta indefinidamente, cerrará por un periodo por los tiempos electorales, por eso estará abierta hasta que la ley electoral lo indique, “que sería hasta inicios de junio, esto es que tienen todo mayo para presentar, subir, sus tres declaraciones”.

Después de este periodo reglamentario “la idea es mantener vigente la plataforma para que justamente los ciudadanos puedan monitorear a sus servidores públicos, los que resulten electos, para que en caso de algún hecho irregular los ciudadanos cuenten con la posibilidad de comparar esta declaración, la evolución de las declaraciones sobre todo, la patrimonial y la de interés”.