EDITORIAL
El exprocurador general de la república Jesús Murillo Karam tendrá que aclarar por qué la fiscalía que encabezó no actuó en contra del cartel Jalisco Nueva Generación.
La declaración que hizo el gobernador Aristóteles Sandoval en el sentido de que la Procuraduría General de la República (PGR) no procedió a pesar de que él y su administración se dedicaron, desde hace año y medio, a entregar información sobre el potencial que estaba alcanzando el cartel es una acusación grave que exige una investigación detallada.
Cuesta trabajo suponer que Sandoval haya venido a la capital del país para denunciar —ante los medios nacionales— la responsabilidad de un exprocurador en los hechos del 1 de mayo, sin haber recibido, del gobierno federal, la instrucción de hacerlo.
Inédito el señalamiento, tal vez el primero en su tipo, desde que comenzó la guerra contra el crimen organizado, donde la tendencia ha sido siempre minimizar los errores y omisiones de los funcionarios.
Sus declaraciones, claro, también pueden tener como objetivo detener la campaña en su contra, que lo acusa de ser un mandatario débil y de tener vínculos con el crimen organizado. Sandoval se adelanta y se arriesga para impedir que se reedite en Jalisco la historia de Michoacán y Guerrero o tener el mismo fin que un Fausto Vallejo o un Ángel Aguirre.
Quien sí le hizo caso a Sandoval fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Mientras la PGR daba más importancia a la Tuta y al Chapo que al Mencho —el líder de Jalisco Nueva Generación—, la DEA informaba a Washington sobre la expansión y fortaleza bélica que estaba alcanzando un cartel que Estados Unidos acaba de añadir, por razones estratégicas, a la “lista negra” de las mafias trasnacionales más peligrosas del mundo.
¿Por qué México no se daba cuenta de esto y por qué, como también lo apunta Sandoval, el Ejército mexicano se confía, no mide el riesgo y utiliza en la persecución del convoy en el que va el líder Nemesio Oceguera, un helicóptero que sólo sirve para labores de búsqueda y transporte de tropas?
La fuerza y táctica militar del cartel Jalisco Nueva Generación ha hecho que escale la peligrosidad del crimen organizado en el país. Un nuevo capítulo. Un nuevo estatus que exigiría modificar paradigmas, métodos y discursos para enfrentarlo.
Aunque en todos los sexenios se ha hablado de utilizar la “fuerza del Estado” para combatir a los criminales, en realidad, ninguna administración ha desplegado una verdadera estrategia de Estado que por su dimensión involucre a todos los sectores. Los de gobierno, pero también los financieros, la iniciativa privada, partidos, Congreso, Iglesias, sociedad y medios de comunicación.
Hacer una convocatoria de esa naturaleza exige liderazgo. Recuperar la confianza y credibilidad de los mexicanos ha dejado de ser un mero asunto de encuestas, para convertirse en un asunto de seguridad nacional.
La actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, así lo entendió y así procedió al pedir a todo su gabinete la renuncia.
Medidas amargas, pero necesarias, cuando el destino del país es lo que cuenta.