Diversos grupos de ecologistas al gobierno de la Junta de Andalucía en España, manifestaron que es preocupación sobre la adjudicación a Grupo México de la explotación de la mina de Aznalcóllar, por ser el causante de graves desastres medioambientales, asimismo exigieron que se abra un debate en el Consejo de Participación del parque natural protegido de Doñana.

La llegada a Andalucía de Grupo México, minera presidida por el empresario Germán Larrea, sigue provocando reacciones en contra sobre todo por el historial de desastres ambientales, como el que ocurrió en México en agosto pasado, en el río Sonora, donde se vertieron más de 40 mil metros cúbicos de químicos tóxicos, pero también pro las supuestas irregularidades y delitos en los que habría incurrido su compañía para lograr la concesión de la explotación.

De acuerdo con el tribunal andaluz, la sociedad formada por Grupo México y la empresa española Magtel lograron la explotación del yacimiento para los próximos 30 años sin cumplir “ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento”, por lo que se investigara trato de favor, sobrinos y otros delitos, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

Sin embargo el gobierno de Andalucía reiteró que la adjudicación de la mina española de Aznalcóllar, otorgada a la sociedad Minorbis-Grupo México, se hizo conforme a derecho, en tanto que la juez del caso admitió la personación en la causa de Ecologistas en Acción; y advirtió que irá hasta las últimas consecuencias, si se conforma que hubo irregularidades en el proceso.

En esta presunta trama de corrupción hay involucrados al menos tres personajes con episodios turbios; el propio empresario mexicano German Larrea Mata, quien ha tenido además una actuación polémica durante el derrame de vertidos tóxicos, previamente mencionado, los otros personajes crucial para la trama es Xavier García Quevedo, vicepresidente de Grupo México, y su hijo, Ignacio, quien es el nexo de unión del empresario mexicano con la saga de políticos y empresarios catalanes Pujol, actualmente en el ojo del huracán por el hallazgo de que durante décadas han sido los protagonistas de la corrupción generalizada en Cataluña.

Ignacio García Quevedo está casado con Merce Pujol Gironés, nieta de Jordi Pujol, el patriarca de la familia y ex presidente de la Generalitat, y se ha dedicado a negociar con varios estados mexicanos concesiones de explotación minera.

La región de Aznalcóllar, al noroeste de la provincia de Sevilla y una de las zonas con más desempleo de España, vivió en 1998 una de las peores tragedias medioambientales en la historia reciente del país. Un vertido tóxico, procedente de la mina, entonces explotada por la sueca Boliden, provocó numerosos daños y afectó a más de cuatro mil 700 hectáreas de una de las zonas más protegidas en términos medioambientales del país, el Parque Nacional de Doñana.

El derrame de residuos tóxicos -arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y cinc-, del que todavía quedan vestigios en el suelo y el subsuelo, provocó el cierre de la explotación minero. Desde entonces, el sector de la minería en la región está paralizado, mientras se han estudiado diversos mecanismos para sustituir una actividad tan arriesgada para el medioambiente y reducir así el desempleo en la región.

En marzo del 2013, la Junta de Andalucía -gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)- anunció la apertura del procedimiento administrativo para reabrir la explotación de la mina. Fue una decisión consensuada con los alcaldes de la región, ávido de llevar inversión a sus pueblos ahogados por el desempleo, pero que despertó la alerta en las organizaciones ecologistas, máxime cuando más de 17 años después del desastre ecológico la empresa sueca Boliden sigue sin pagar los daños -que sólo de limpieza del entorno se ha valorado en 89 millones de euros (mil 424 millones de pesos).

El 16 de marzo pasado se publicó finalmente la adjudicación de la explotación de la mina, que recayó en la nueva sociedad formada por Magtel -una empresa andaluza con fuertes vínculos al gobierno regional y al PSOE- y Grupo México, que entró como el socio de referencia al aportar los 95 millones de euros que se necesitaban para iniciar las labores de explotación y para darle solvencia a largo plazo. La adjudicación fue de 30 años.

Sólo dos meses después de adjudicada la explotación, el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla emitió un auto en el puso de manifiesta el cúmulo de irregularidades en el proceso de adjudicación, al sostener literal: “No se observa el más mínimo rigor en la actuación de la Administración”, sobre todo en lo relativo al cuidado medioambiental, además de abrir una investigación por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negocio ilegal, que afectaría tanto a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio, como a los responsables de la empresa creada por Larrea y sus socios andaluces.

La magistrada advierte que la empresa de Larrea no debería ni siquiera haber superado la primera fase del procedimiento de adjudicación, una vez que no presentó el informe de capacidad técnica y financiera avalado por la Oficina Consular, tal y como se reclamaba en los estatutos. Tampoco presentaron el seguro de importe mínimo de un millón y medio de euros ni las cuentas del Registro Mercantil para conocer el capital social de la nueva sociedad.

Ante la gravedad del auto, la nueva presidente de Andalucía, Susana Díaz, decidió suspender la concesión hasta que se aclaren los hechos, máxime cuando desde los medios de comunicación españoles han informado y destacado la actuación de Grupo México y Germán Larrea en la contaminación en el Estado de Sonora, México, donde la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Larrea, vertió más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, muy dañinos para la salud y el ecosistema.

El grupo minero de Larrea también está en medio de la polémica en Arequipa, Perú, donde desarrolla un proyecto de explotación minera valorada en mil 400 millones de dólares (21 mil millones de pesos). Las tareas de recuperación y comercialización del cobre de la región ha provocado numerosas protestas de las organizaciones campesinas y originarias de la zona, que se ha saldado con tres muertos y más de 200 heridos

En cualquier caso, en lo que se refiere a la mina de Aznalcóllar la concesión estará suspendida hasta que se aclare tanto el procedimiento de adjudicación como las numerosas insuficiencias en el proyecto de explotación presentado por la empresa de Larrea. Al margen de la opinión del juzgado, el gabinete jurídico de la Junta emitió un informe en el que determina que las actuaciones y la resolución del concurso internacional sobre la explotación minera de Aznalcóllar “se ajusta a Derecho”.

Ante la severidad del auto judicial, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió “explicaciones” al gobierno andaluz por las supuestas irregularidades y recordó que en su día, y a petición del gobierno andaluz, el gobierno central, del conservador Mariano Rajoy, “eliminó todos los obstáculos para que fuera posible la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar” y reclamó un “proceso abierto, de concurrencia competitiva” y en el que se “comprobara la solvencia científica, técnica y económica”.

Mientras que desde Ecologistas en Acción y Greenpeace tildan de “opaca”, “chapucera” y “peligrosa” la concesión al grupo de Larrea, al sostener que “la minería es una actividad predadora y colonizadora que impide que haya una reconversión industrial en la zona”.

A lo que respondió el vicepresidente de la Junta en funciones, Manuel Jiménez Barrios, quien lamentó “tajantemente la politización de este asunto, sobre todo en plena campaña electoral” y en medio de las negociaciones para la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta.

De hecho, el derechista Partido Popular (PP) advirtió que mientras no se aclaren los detalles de la concesión no se sentaría a negociar de nuevo con el PSOE, lo que ha dificultado aún más el diálogo para alcanzar un acuerdo de investidura, que este jueves volvió a fracasar en su tercer intento con el voto en contra de PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Ante el bloqueo del Parlamento, Díaz se plantea ya volver a convocar elecciones a pesar de que sólo han pasado dos meses desde la última cita electoral.

Con información del diario milenio y Jornada