Dispraxia institucional
Raúl Jiménez Vázquez
Como nunca antes en la historia reciente, el Estado mexicano se encuentra bajo un severo escrutinio internacional de seis órganos de la ONU: el Comité de Desapariciones Forzadas, el Grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y el Mecanismo de Evaluación Periódica, dependiente del Consejo de Derechos Humanos.
Algo similar ha ocurrido en el plano hemisférico pues en las audiencias temáticas que tuvieron lugar hace unas semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió las denuncias formuladas por organizaciones de la sociedad civil y emitió diversos pronunciamientos, como el relativo a la necesidad de investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra sucia de los años setenta y principios de los ochenta, que evidenciaron la transgresión sistemática de los derechos fundamentales y la existencia de una impunidad de carácter estructural.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional está analizando la conveniencia de abrir una investigación prima facie o preliminar a fin de determinar si a lo largo de la guerra antinarco se cometieron crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma, instrumento fundacional de dicho tribunal supranacional.
A lo anterior hay que añadir las críticas emitidas por miembros del Parlamento Europeo en el encuentro binacional México-Unión Europea, los señalamientos hechos por el subsecretario de Estado para Asuntos de Democracia y Derechos Humanos de la Unión Americana durante su visita a México, y la preocupación externada por personeros del Comando Norte de esa nación en torno al carácter generalizado de la violencia y el nivel de complicidad del gobierno.
El tercer informe rendido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana en relación con la tragedia de Ayotzinapa es otra fuente más de reflexión. Ahí se contienen apuntamientos de suma trascendencia: I) las autoridades deben reactivar la búsqueda de los normalistas bajo estándares internacionales, II) la indagatoria debe centrarse en el crimen de lesa humanidad de la desaparición forzada, III) integrantes del batallón de Iguala estuvieron presentes en varios escenarios de los hechos acaecidos durante la noche del 26 de septiembre de 2014, y por tanto la entrevista directa con ellos es una diligencia clave en el proceso de esclarecimiento de la verdad; tal planteamiento fue inmediatamente rechazado por la Secretaría de Gobernación y ello propició el afloramiento de la sospecha creciente de que desde las altas esferas gubernamentales se está pretendiendo ocultar la posible participación de la milicia en la perpetración de esa inaudita barbarie.
Como se puede apreciar, cada vez más y más delicados asuntos nacionales están siendo abordados en instancias internacionales, lo que evidencia la dispraxia o fragilidad de las instituciones ante la crisis humanitaria que vive el país.