Entrevista a Luis Foncerrada/Director general del CEESP
Irma Ortiz
“Queremos para México una educación que promueva la inclusión, la tolerancia y la paz; una educación de calidad que fomente la innovación, la competitividad y la productividad de cada mexicano”, señalaba el presidente Enrique Peña Nieto el 10 de diciembre de 2012 cuando presentó la reforma educativa. Una reforma que diez días después sería aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado.
La mayoría de los sectores aplaudieron la iniciativa, pero seguía latente la pregunta de si la reforma saldría avante luego de los desplantes de poder de la que se consideraba dueña del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: Elba Esther Gordillo.
La chiapaneca estaba henchida de poder, convocaba a protestas de maestros para expresar su rechazo ante la reforma educativa que atentaba contra su coto de poder, que ponía fin a un sistema en el cual se venden o heredan las plazas; que creaba estándares para contratar y ascender a maestros con base en mérito y no a recomendaciones. En una reunión ante el magisterio, celebrada el 7 de febrero, Gordillo anticipaba sin embargo su suerte al señalar “aquí yace una guerrera y como guerrera murió”.
La respuesta llegó el 26 de febrero de 2013, cuando en un operativo sorpresa La Maestra fue detenida en el aeropuerto de Toluca, acusada de malversar 2 mil 600 millones de pesos, desviados de las cuotas que pagan los maestros al SNTE y que eran utilizadas para pagar sus tarjetas de crédito, el mantenimiento de aeronaves y la compra de artículos de lujo, entre otras cosas.
Su detención y la reforma educativa generaron un mayor apoyo social al gobierno, según la encuestadora Consulta Mitofski. Los empresarios aplaudían la acción gubernamental; la Coparmex, en voz de Juan Pablo Castañón, dijo que existía una real voluntad del gobierno para aplicar el Estado de derecho y trabajar en una cultura de la legalidad. Había confianza.
Durante más de nueve meses la disidencia magisterial encabezada por la CNTE golpeteó con marchas y nuevas presiones pero no pudo detener la aprobación de la ley secundaria, que vería la luz en septiembre de 2013 y que establecía entre otras cosas la evaluación de 350 mil docentes y directivos en educación básica y bachillerato.
Seguían las protestas y los amagos, particularmente de los dirigentes magisteriales de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Sin embargo, al acercarse el inicio del proceso electoral arreciaron las revelaciones sobre actos de corrupción de funcionarios gubernamentales y se difuminaba la implementación de la evaluación a los maestros.
En el pasado mes de mayo, empresarios regiomontanos expresaban su preocupación por la implementación de las reformas estructurales y por el clima de corrupción en los ámbitos federal y estatal. Aseguraban que las reformas sólo eran “pifias”.
Eugenio Clariond, expresidente de Canacintra de Nuevo León, dijo que la reforma educativa estaba muy lenta en su implementación y expresaba su esperanza de que la energética “sea implementada con transparencia y honestidad”.
Así, el pasado 29 de mayo, en un comunicado, la SEP anunció la suspensión indefinida de la evaluación para el ingreso y permanencia del servicio profesional docente de educación básica y media superior de los profesores, considerada el corazón de la reforma educativa.
La organización Mexicanos Primero fue de las primeras en protestar, seguida de organizaciones como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Confederación de Cámaras Industriales, la Canaco y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, que señalan que “el país no puede ser rehén de grupos sindicales que amenazan con boicotear las elecciones”.
Luis Foncerrada, director general Centro de Estudios Económicos del Sector Privado CEESP, expresa su preocupación a Siempre! Advierte que se puede perder un punto porcentual del PIB si no se resuelve la falta de Estado de derecho, el déficit público, la escasez de inversiones privadas y la suspensión del proceso de evaluación magisterial.
“La decisión de la suspensión indefinida de la evaluación es muy grave, porque indudablemente hay un argumento absurdo de los maestros que se ha mantenido, en donde aseguran que es la manera de correr a todos. En primer lugar, México necesita muchos maestros y los que están actualmente en las normales no van a alcanzar para las necesidades del país. El tema no es que se vayan, es que mejoren y se capaciten; la única manera de evaluar es evaluándolos, así que ése es un argumento absurdo que tiene que ver con la parte de la evaluación.
El tema muy serio, muy grave, es que un gobierno que viola la ley, un gobierno que por sí mismo propicia la ilegalidad, que pasa por encima de la Constitución, de los acuerdos y de la soberanía estatal —estatal porque todos los estados votaron por esto—, un gobierno que es capaz de cambiar las reglas del juego y de ir en contra del Estado de derecho pone en riesgo absolutamente todas las reformas estructurales, todas. En el momento en que el Estado de derecho es violado por el propio gobierno quiere decir que éste no es capaz de tener la honorabilidad requerida para defender el Estado de derecho.
Quiere decir que es capaz de funcionar en la ilegalidad, lo que crea un efecto brutal en términos de la certeza jurídica que se requiere para invertir. Qué puede hacer un inversionista cuando estaba pensando en poner en riesgo 10, 15, 20 o 100 mil millones de pesos en proyectos de explotación, de exploración de cualquier tipo en el país, cuando las reglas del juego cambian, porque hay una ocurrencia del gobierno de la república.
Parece que hay poca convicción, poca conciencia sobre las consecuencias tan graves que tiene este violentar la ley y burlarse del Estado de derecho. Diría que es el efecto más grave al que nos enfrentamos y pone en riesgo todas las reformas estructurales, porque todo depende de la confianza, de la estabilidad y de que las reglas del juego sean claras y estables.
El gobierno da una señal de que rompe con todo. Diría que los países en el momento en que se enteran a través de organismos internacionales, de agencias calificadoras que están pendientes, y saben que se violaron mil cosas, como el que la autonomía del Instituto de Evaluación de la Educación ya se acabó, que se viola la Constitución, entonces se rompen las reglas del juego. Ello pone en riesgo toda la credibilidad y toda la certeza jurídica que se requiere para poder crecer.
Pone en peligro reformas como la energética, ya que hay una serie de temas que dependen del Estado de derecho, donde el gobierno federal no parece querer atreverse a llevar a cabo… y todo está en duda, absolutamente todo.
El gobierno acosado por grupos como la CNTE…
Es increíble, el gobierno se deja poner contra la pared por cualquier grupo, del tamaño que sea; paran la capital, queman boletas, es un desorden absoluto. Lo que estamos viviendo tiene otro nombre, y se llama desgobierno en toda la republica.
Esto podría provocar situaciones como salida de capitales…
Indudablemente, en el momento en que la certeza jurídica se acaba, en el momento en que se teme que haya decisiones arbitrarias en campos tan delicados de lo que se considera la principal reforma, sin duda se puede pensar lo que sea del gobierno: que no tenemos dirigencia, no tenemos rumbo y menos respeto al Estado de derecho, empezando por el gobierno.
Se alega que hay que mantener cierta estabilidad en las elecciones intermedias.
Hay formas de establecerlo, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, del orden, pero está cediendo todo, es un país sin gobierno. Es una tras otra, sucede cuando a grupos disidentes se les trata de aplacar con recursos y darles más dinero a grupos disidentes, es alimentar su fuerza.
¿A cambio de..?
De absolutamente nada, más que de mayor chantaje. La estrategia de gobernar está equivocada, están creando monstruos y entonces se sienten entre la espada y la pared por no haber tomado medidas desde el principio. Pero no es la parte más grave, porque tratan de resolverlo una semana antes de las elecciones; una cosa es tratar de lograr alguna paz en las elecciones, pero el otro tema que nos hace pensar es que está intercambiando la suspensión por votos, y eso es más grave.
¿Caminos a seguir?
Toda la sociedad civil estamos protestando, estamos recurriendo a los aspectos legales, judiciales para que esto se transforme rápidamente y estamos escribiendo y buscando una solución. Es increíble la poca sensibilidad, la ignorancia o la falta de respeto al Estado de derecho, pero resulta increíble que la Secretaría de Gobernación, que en el acuerdo con el presidente, los secretarios hayan estado de acuerdo en decisiones de este tipo. Estamos en una situación muy grave y con escenarios muy sombríos.