POR LOS CAMINOS DEL SUR
Manuel Nava
Para cuando usted tenga la más reciente entrega de Siempre! en sus manos, Guerrero estaría convertido en una zona de conflictos multiplicados. Las acciones en contra de la elección de gobernador, diputados federales y locales y alcaldes podrían concluir en un escenario destructivo para la entidad y en una amenaza para el sistema político del país.
Durante la víspera del cierre de esta edición se registró una movilización importante, luego de que algunos grupos de la CETEG, del Movimiento Popular Guerrerense y de jóvenes estudiantes de Ayotzinapa irrumpieron en la ciudad capital, bloquearon la caseta de Palo Blanco.
Otro más allá en la caseta de la venta, aquí en Chilpancingo en el Palacio de Gobierno, cerraron todas las salidas y entradas de este inmueble; también sucedió que hubo tres jóvenes detenidos con artículos explosivos que fueron llevados para ser presentados ante la fiscalía pero no fueron recibidos ahí porque se entiende que, por los explosivos, debiera recibirlos la PGR.
Todo ello en respuesta a lo sucedido en Tlapa la noche anterior, cuando ciudadanos de esa ciudad desalojaron de alguna manera a los maestros que estaban plantados en la explanada municipal precisamente de Tlapa. Les quemaron vehículos, casas de campaña y los obligaron a salir de la ciudad.
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en respaldo a los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos tomaron durante dos horas la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol. Los inconformes portaron carteles con fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Iguala, el 26 de septiembre pasado. La mayoría de los jóvenes con los rostros cubiertos protestaron contra el proceso electoral de este 7 de junio, en que se elige el gobernador del estado, presidentes municipales, diputados locales y federales.
El traslado de vehículos artillados del Ejército a Chilapa fue difundido en las redes sociales por algunos integrantes de estos grupos radicales, como una muestra de la represión que se prepara para el próximo 7 de junio. La consigna fue no amedrentarse y continuar con las acciones encaminadas a impedir las elecciones.
Maestros del Movimiento Magisterial de Tixlta y el Consejo Popular Municipal se enfrentaron con policías antimotines, en el nuevo libramiento a Tixlta, sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa.
En Chilpancingo, maestros de la CETEG llegaron hasta las oficinas estatalesdel PRI para realizar un mitin y se metieron a las instalaciones, rompieron vidrios y quemaron propaganda política, incluyendo una enorme lona promocional.
Posteriormente se desplazaron a las instalaciones del Congreso estatal, donde hicieron pintas y provocaron también destrozos, además de que sostuvieron un conato de enfrentamiento con policías antimotines. Todo ello durante la jornada del 4 de junio.
La gestación de la tormenta
A partir de los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, y 43 de ellos, privados de la vida, surgió una alianza entre CETEG y padres de familia de los normalistas desaparecidos que politizó el conflicto y lo escaló poniendo al gobierno federal en una crisis de derechos humanos que fue motivo de múltiples condenas a escala internacional.
En un principio la demanda fundamental de dicha alianza fue la presentación con vida de los normalistas, se responsabilizó al Estado, directamente al gobierno federal, de lo acontecido y omitieron condenas a los cárteles de la droga que se encuentran enfrentados, no obstante que los hechos se dieron en el marco de dicha guerra y que el modus operandi define claramente acciones de grupos del crimen organizado.
Decisiones tardías, indagatorias policiacas que arañaron el origen de los hechos, favorecieron una escalada mayor del conflicto bajo la cual se constituyó la Asamblea Nacional Popular que desde su primera sesión determinó boicotear las elecciones de 2015. La reaparición del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) no sólo demandó la anulación del proceso electoral sino además la dimisión de Enrique Peña Nieto como presidente de la república.
Pero estos hechos, en realidad fueron la punta de un iceberg. La escalada de violencia en el ámbito nacional comenzó desde el 2 de septiembre de 2014 y en diferentes atentados aparecieron grupos anarquistas. Los hechos de Iguala sólo generaron un caldo de cultivo para un embate de grupos antisistémicos cuyo financiamiento resulta poco claro.
En su lógica de acciones políticas, todo lo que pueda ayudar a los oprimidos a autorganizarse e independizarse del Estado y de los órganos de mediación de éste, y todo lo que pueda reafirmar su conciencia crítica y ayudarles en su lucha contra el sistema de opresión, es válido.
El argumento que presentan para impedir la realización de los comicios constituye un intento por demostrar una supuesta normalidad democrática para encubrir la dictadura de una oligarquía sangrienta y corrupta.
La consigna que se trazaron fue desenmascarar el proceso e impedirlo en nombre de los 43 normalistas que aún permanecen en calidad de desparecidos y definen al boicot como una política activa y que organiza, pero con la finalidad de concluir en nuevas formas de gobierno que sustituyan a las actuales.
Para estos grupos la abstención es una actitud pasiva, mientras que el boicot presupone una campaña para evitar la asistencia a las urnas, el cierre del acceso a las mismas, la negativa a prestar cualquier asistencia electoral y, también y sobre todo, la presentación de una alternativa, la cual se traduce en la erección de un nuevo poder popular.
Asambleas municipales, comunales, regionales para elegir auténticos representantes populares, no designados por los partidos sino surgidos directamente de la comunidad en lucha, son parte de los objetivos trazados.
En el análisis de estos grupos en Guerrero, es que con la irrupción de las policías comunitarias, con las asambleas municipales, con la unidad creciente de los movimientos sociales para enfrentar la delincuencia organizada y el caciquismo político militar, se están organizando las bases de un poder popular incipiente.
Debe tenerse en cuenta que las autodefensas controlan actualmente el 53 por ciento del territorio del estado, el narcotráfico opera en el 90 por ciento y las llamadas asambleas populares se extienden por las regiones Centro, Costa Chica, Acapulco y Costa Grande.
Ello significa que la convocatoria para boicotear las elecciones en Guerrero tiene así una base de masas y una dirección en rápida formación. Es decir, boicotear sólo es posible construyendo redes de resistencia, politizando y organizando en masa.
El fondo de la cuestión reside en que el boicot a las elecciones en Guerrero sólo es posible y tiene sentido si sirve a la organización del poder popular, desconociendo el poder estatal, sus instituciones, sus instrumentos políticos (como los partidos del régimen), separando amigos y enemigos a escala nacional.
La demanda de estos grupos, para la liberación de presos políticos en Guerrero, pretende recuperar elementos simbólicos de su lucha y posibles figuras de poder electas mediantes las asambleas populares.
En ese contexto van las presiones para liberar a Nestora Salgado y otros dirigentes de las policías comunitarias y grupos recalcitrantes, como el caso de Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop).
En Guerrero, los gobiernos federal y estatal tienen de frente el desafío que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) han planteado al gobierno para boicotear las elecciones, por múltiples razones, entre las que destacan la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la oposición a la reforma educativa, pero en el fondo se busca irrumpir como un poder y decisión en el escenario político nacional.
Las respuestas de la administración federal son, hasta el momento, una reacción a la provocación, una salida al paso, pero no exhibe ninguna voluntad de resolver el problema de fondo.
En el caso del gobierno del estado, por el contrario, se ha ido haciendo evidente un doble discurso. Por un lado amenaza de no tolerar más manifestaciones violentas, pero, por otro, cede a los inconformes posiciones de poder e incluso puntos legalmente imposibles de cumplir, los cuales finalmente no sirven como dique de contención sino por el contrario, se les despierta un apetito insaciable de poder. El boicot a las elecciones o el desarrollo de acciones violentas durante la jornada comicial no forma parte de ninguna negociación.
Un hecho irrefutable es que el mensaje enviado por la CNTE con las movilizaciones en Guerrero, Oaxaca y Chiapas indica que aun el retroceso en la reforma educativa no evitará que cumpla con su agenda de boicotear las elecciones y de instaurar autoridades paralelas en diferentes zonas de Guerrero y del país.