Mientras los dirigentes magisteriales de Michoacán y Oaxaca amagan con impedir “al costo que sea” la evaluación educativa que se realizará este fin de semana y tomar los planteles donde realizarán las pruebas, la Suprema Corte de Justicia deberá debatir en los próximos días la legalidad de la Reforma Educativa y dar respuesta a los amparos interpuestos por la CNTE.
Luego de que el gobierno federal diera marcha atrás a su anuncio de suspensión de la evaluación — horas antes de las elecciones del 7 de junio— y que unos días después Emilio Chuayffet señalara que “llueve o truene” las pruebas se realizarían, la SEP ratificó que los días 20, 21 y 22 de junio se aplicarían los exámenes para el Concurso de Oposición para cargos de promoción en preescolar, primaria, secundaria, educación física y especial en donde participarían más de 48 mil 674 candidatos.
En respuesta, los dirigentes de la sección 22 de la CNTE, recrudecieron sus amagos y amenazan con tomar las sedes donde se aplicarán las pruebas; en Michoacán, los maestros tomarían los planteles de nivel medio superior, en tanto que en Guerrero este viernes se definirán las acciones a tomar para impedir la evaluación. En el Distrito Federal anunciaron que solo se harán mítines informativos en los sitios donde se apliquen las pruebas.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirá la próxima semana la legalidad de la reforma educativa. Ha trascendido que el ministro Fernando Franco Salas propondrá negar los 26 amparos promovidos por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes aseguran que la reforma es inconstitucional, así como la evaluación docente.
En su alegato, los disidentes alegan que los exámenes les generan una afectación ya que se contempla su cese, si es que no aprueban — hasta en tres ocasiones— las evaluaciones a las que son sometidos, lo que atenta, desde su punto de vista en contra de diversos preceptos constitucionales.
En su ponencia, el ministro Franco da razones y argumentos jurídicos por los cuales la Reforma y su evaluación están apegadas a la ley, a los tratados internacionales y que existe un respeto irrestricto a los derechos de los mentores.
En tanto, los empresarios han criticado el abuso de los mentores disidentes y demandan que se explique el número de comisionados que tienen, las razones para hacerlo y su temporalidad.