Contra pederastia eclesial
Raúl Jiménez Vázquez
La constatación de la existencia del conflicto armado interno emergido a raíz de la puesta en marcha de la llamada guerra antinarco está cada vez más presente en los reportes provenientes de fuentes internacionales. Hace unos meses el Instituto para la Economía y la Paz publicó el Índice de Paz Global y calificó a México como el segundo país más violento de América Latina, apenas superado por Colombia. En el plano mundial y considerando un universo de 162 naciones, fuimos ubicados en el rango 138, equivalente a un nivel “bajo de paz”, cercano al que se vive en Ruanda e Irak.
Tal percepción es acorde con la de distintos órganos del sistema de las Naciones Unidas. En los últimos informes emitidos por el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Comité contra Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, se ha advertido que la violencia, particularmente la del Estado, es una constante.
La misma apreciación está visible en el informe difundido por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a raíz de la evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado mexicano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, efectuada los días 19 y 20 de mayo pasados. Sin ambages, el órgano colegiado se mostró seriamente preocupado por el contexto de violencia armada que ha resultado en numerosas desapariciones, desplazamientos y asesinatos de niños, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, como la de Tlatlaya.
Además de ese crudo señalamiento, en el informe se contienen 138 observaciones a las que nos abocaremos en subsecuentes colaboraciones. Por lo pronto, debe destacarse que por vez primera el Comité se pronunció en torno a la aberrante práctica de la pederastia eclesial.
Al respecto, los expertos de las Naciones Unidas hicieron patente su honda preocupación por el hecho de que cientos de niños han sido abusados sexualmente por ministros católicos y de otros credos religiosos, y que los perpetradores gozan de impunidad generalizada. Esta irregularidad fue plenamente reconocida por los miembros de la delegación mexicana.
Por ello, se urgió a las autoridades a: I) investigar, perseguir y sancionar con todo rigor a los pederastas y sus cómplices, II) brindar a los agraviados atención física y psicológica y otorgarles compensaciones adecuadas, III) adoptar políticas públicas de prevención de estos abusos sexuales, IV) integrar una base de datos y reportar al Comité el resultado de los correspondientes procesos judiciales.
Este es un hito histórico en el campo de los derechos humanos del niño que reivindica a las víctimas de un execrable crimen estructural, enaltece y le da sentido a la ardua lucha en pro de la verdad y la justicia emprendida hace ya unos años por Alberto Athié y José Barba, entre otros, y apuntala la posibilidad real de que pronto veamos a los pederastas y a sus encubridores sentados en el banquillo de los acusados.